Histórica decisión en Celsa: el juez da la razón a los fondos frente a la familia

BarcelonaEl serial sobre el futuro de Celsa y su propiedad ya tiene resolución: el juzgado mercantil 2 de Barcelona se ha pronunciado a favor de los acreedores y en contra de lo que defendía la familia Rubiralta, por lo que los fondos extranjeros pasan ahora a ser accionistas de la compañía sustituyendo a los actuales propietarios. La resolución no admite recurso y de esta forma la familia pierde el control de la que en 2021 era la cuarta empresa de Catalunya en facturación.

Así lo recoge una sentencia publicada este lunes a la que ha tenido acceso el ARA. El magistrado homologa el plan de reestructuración presentado por los acreedores, que acumulaban una deuda milmillonaria desde hacía años. Formado por seis empresas y con cerca de 12.000 trabajadores, el grupo Celsa facturó 6.084 millones de euros en 2022.

Para el magistrado, el plan es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del grupo, pero también advierte a los nuevos propietarios de que tendrán que cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad y conservando los puestos de trabajo. Todo ello, recoge el texto, sin alterar los centros estratégicos de decisión que "tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto". Los fondos ya han expresado su compromiso de mantener sus operaciones en España.

La capitalización de Celsa

La clave era decidir si el valor actual de la compañía es superior o no a la deuda que Celsa había ido contrayendo a lo largo de los años, situada alrededor de 3.000 millones de euros, y que desde hacía unos años estaba en manos de una serie de fondos extranjeros que lo compraron a bancos. Entre los acreedores que presentaron este plan se encuentran el Deutsche Bank, Sculptor, Golden Tree, Cross Ocean, SVP, Golden Street Asset y London Branch, entre otros.

En este sentido, el juez ha avalado lo que los acreedores defendían: la valoración de Celsa es inferior a la deuda de la compañía, por lo que los fondos pedían apoderarse del 100% de esta empresa industrial a cambio de parte de la deuda , unos 1.300 millones. Durante el proceso judicial, las partes protagonizaron una batalla sobre la capitalización de la compañía: la familia presentó dos informes –a través de Lazard y BDO– que la valoraba en unos 6.000 millones de euros y por encima de 4.400, respectivamente. Paralelamente, un informe del experto independiente Lexaudit y Grant Thornton y otro de Deloitte encargado por los fondos cifraban su valor en no más de 2.851 millones.

De hecho, en un comunicado este mismo lunes, los fondos acreedores, que representan el 90% de la deuda jumbo y convertible, han dado por hecho que pasarán a tener el 100% del capital de la empresa mediante la capitalización de 1.352 millones de euros de deuda convertible y parte de la deuda jumbo, y la extensión en cinco años de los vencimientos de la deuda restante. También aseguraron que el plan no requiere la ayuda ya aprobada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Cifras sobredimensionadas

El magistrado ha criticado los informes de Lazard y BDO por haber sobredimensionado previsiones y estar basados sobre la hipótesis de que la actual tendencia alcista del ciclo de actividad se prolongará más de lo que hace prever la naturaleza cíclica del negocio, que "opera en un escenario de incertidumbre con una alta volatilidad."

"Los datos [...] no se corresponden con el comportamiento histórico del grupo, ni tampoco con las previsiones de los analistas de mercado", recoge el texto, que hace referencia a los sectores más significativos del negocio de Celsa, como la construcción y el automovilístico. "Los informes emitidos por Lazard y BDO sobreestiman muy acusadamente el valor del grupo Celsa", añade.

Paralelamente, los informes del experto independiente y Deloitte, que hacen una estimación similar a pesar de haber sido elaborados con metodologías diferentes, se sitúan en una línea de continuidad con las previsiones y tendencias anticipadas "por los organismos más reputados y los analistas más reconocidos", añade el magistrado.

Golpe duro a la familia

La decisión supone una dura derrota para los Rubiralta, la familia tras uno de los grandes gigantes industriales de Catalunya, pero sobre todo para su presidente, Francesc Rubiralta. En el cargo desde 2010, se ha centrado en los últimos meses en presionar a las distintas administraciones para defender sus intereses: llamadas, encuentros y, sobre todo, línea directa con altos estamentos del Estado y la Generalitat, según varias fuentes han explicado al ARA.

La sentencia es un jarro de agua fría para sindicatos, patronales y la propia Generalitat, que, mediante el conseller de Empresa, Roger Torrent, expresó su apoyo al proyecto de la familia. Fuentes del Govern consultadas por este diario han explicado que, a falta de conocer los detalles de la sentencia, el ejecutivo catalán seguirá velando por proteger la integridad de la cadena de valor y el modelo industrial que garantiza la reinversión de recursos y el mantenimiento de los puestos de trabajo. "Consideramos que la compañía es estratégica para la economía, por lo que reiteramos el apoyo a los trabajadores y a los valores industriales estratégicos que representa", añaden las mismas fuentes.

Celsa, ¿el primer gran precedente?

La sentencia, según el magistrado, profundiza en una interpretación de la nueva ley concursal y establece una serie de criterios interpretativos para futuros casos que puedan favorecer las negociaciones entre deudor y acreedores.

"Al parecer, se está consolidando de forma acertada el criterio de que, en caso de insolvencia actual o inminente, los acreedores están legitimados para tomar la iniciativa y proponer un plan destinado a reestructurar el pasivo de la deudora o, incluso, como en este caso, acceder a la propiedad de la misma por esta vía", explica al ARA la responsable del departamento de reestructuraciones e insolvencias de Augusta Abogados, Alicia Herrador.

Está por ver si este caso abre la puerta a una nueva vía de adquisición de compañías con dificultades financieras, como ha sido el caso de Celsa, que, con esta sentencia, ha dicho adiós a la propiedad familiar.