El presidente de Sidenor se defiende por la venta de acero en Israel: "No hemos cometido ninguna irregularidad"

MadridEl presidente de la metalúrgica vasca Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos han declarado este miércoles al mediodía ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta de acero a la empresa israelí Israel Mil Systems, principal proveedor de armas en el ejército israelí. Se trata de la primera investigación que se abre en este sentido desde que empezó la masacre de Israel en Gaza.

Tras una declaración a puerta cerrada y que duró poco más de una hora, Jainaga defendió que Sidenor no cometió "ninguna irregularidad". El presidente de la metalúrgica ha acreditado ante el magistrado de la Audiencia Nacional que el acero fabricado por Sidenor y exportado a Israel "no figura entre los productos sometidos por parte de la administración a un control especial". Sidenor defiende que en el momento en que se produjo la venta "no había ninguna restricción en cuanto a las relaciones comerciales" con Israel y que, en todo caso, desde julio "se interrumpieron las ventas". Por último, la empresa vasca ha argumentado que "no había recibido ninguna limitación por parte de las administraciones españolas ni europeas" para la venta de acero en el país de Benjamin Netanyahu. Es decir, que la venta sobre la que se pone el foco no sería una venta de acero incluida en la lista de ventas de doble uso. "La actuación siempre ha estado sujeta a la más estricta legalidad", ha reiterado Jainaga.

¿Qué se investiga?

El magistrado señala que la venta de acero sobre la que ha abierto la investigación, y que se produjo desde el puerto de Barcelona, ​​se habría hecho teniendo "pleno conocimiento" de que la compañía IMSI es un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y que el material suministrado podía ser utilizado para la fabricación de armamento en un contexto en el que lo que está pasando en Gaza.

De hecho, es el elemento central de los denunciantes: "No es sólo una cuestión puramente administrativa, si tenían autorización [para la venta] oa quién debían solicitarla, sino si hay complicidad de una empresa española con la producción final del genocidio en Gaza o delitos de las a humanidad", porque el material. "Creemos que [la investigación] es un hito clave porque envía un mensaje muy contundente a las empresas y es que ya es suficiente con enriquecerse con el genocidio en Gaza", ha dicho el abogado David Aranda, que representa a la Asociación Comunidad Palestina de Cataluña - Tierra Santa, la entidad que interpuso una denuncia. Desde la entidad prevén presentar diligencias de instrucción. Por su parte, el juez podría archivar la causa o continuar con la investigación.

El caso no pone el foco en el reciente embargo de armas que ha aprobado el gobierno español, sino que es anterior y está vinculado a dos normas distintas: la ley orgánica de represión del contrabando y los artículos 29 y 607 del Código Penal. El magistrado de la Audiencia Nacional pone en el foco el procedimiento que la compañía habría seguido a la hora de realizar esta venta de acero.

Poco mediático y afín al PNV

A Jainaga la investigación de la Audiencia Nacional le ha tomado en un momento clave: el cierre de la operación por la compra de un 30% del capital social del fabricante de trenes vasco Talgo. También supone una brecha en el perfil bajo y poco mediático que le caracteriza.

El movimiento en Talgo cuenta con el apoyo del gobierno vasco, pero también de la SEPI, el brazo inversor del gobierno español. Jainaga es uno de los empresarios mejor valorados en el País Vasco, sobre todo por mantener y hacer crecer la actividad metalúrgica en el territorio, según fuentes empresariales. Por eso, destacan las mismas fuentes, con los años se ha convertido en un baluarte para el PNV.

Su irrupción en la compra de Talgo fue un balón de oxígeno para el gobierno del lendakari Imanol Pradales porque supone mantener en manos vascas parte del grueso accionarial del fabricante de trenes. También para el gobierno español, que llegó a vetar que el fabricante de trenes terminara en manos húngaras. La investigación abierta por la Audiencia Nacional levantó el temor a que la operación fracasara, pero en los últimos días se ha "presionado", indican fuentes empresariales, para que se encarrile.