"Preferencia europea": la apuesta de la UE por favorecer el 'made in Europe'

BruselasEl ya célebre informe publicado por Mario Draghi sobre la competitividad de la Unión Europea giraba en torno a una idea: si la UE quería continuar siendo una potencia económica, debía modernizar su economía y reducir las dependencias estratégicas de China y los Estados Unidos. El día que se cumple un mes de la publicación del informe, la mayoría de los deberes aún están por hacer. De las medidas propuestas por el expresidente del Banco Central Europeo, Bruselas ha implementado un escaso 15%.

Coincidiendo con esta efeméride, la Comisión Europea ha presentado este jueves dos propuestas para acelerar esta agenda: una reforma de las normas de contratación pública y una nueva ley de innovación. "Queremos una Europa que no tiene miedo de favorecer a sus empresas respecto a las de la competencia", ha asegurado Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea encargado de la estrategia industrial, durante la presentación de los reglamentos. "Se trata de promover la industria europea, de salvarla. ¿Cómo nos aseguramos de que la fabricación de automóviles no desaparezca en Alemania? Este texto lo hace posible", ha añadido.

La nueva ley de contratación pública incorpora una novedad: una cláusula de "preferencia europea". De acuerdo con la propuesta, las administraciones públicas que quieran contratar un servicio a una empresa (desde la construcción de una carretera hasta el servicio de electricidad de un municipio) deberán favorecer las ofertas de empresas europeas. La medida debería dar un impulso a las compañías, ya que la contratación pública representa el 15% del PIB de la UE. Así, retomando el ejemplo que ha puesto el mismo Séjourné, un gobierno local podrá "excluir a una empresa china o a una empresa de la UE con productos chinos".

La norma también establece criterios obligatorios de calidad. A la hora de adjudicar un contrato público, la administración deberá elegir la oferta que tenga el mejor equilibrio entre calidad y precio, reservando un 30% de la puntuación a valorar la calidad del producto. Además, las empresas que quieran ser elegibles para contratos públicos deberán cumplir requisitos de sostenibilidad ambiental, derechos sociales y laborales y seguridad. A parecer de Bruselas, este elemento favorecerá a las compañías europeas, que ya aplican estos criterios para cumplir con la legislación comunitaria vigente.

Al mismo tiempo, la ley de contratación pública quiere simplificar unas normas que Bruselas considera demasiado complejas. Así, unifica directivas europeas anteriores sobre contratación pública y concesiones e introduce procedimientos más flexibles con el objetivo de reducir la burocracia. La Comisión Europea estima que el ahorro administrativo resultante será de unos 650 millones de euros anuales, entre los compradores públicos y el sector empresarial.

Más facilidades para las 'start-ups'

El otro frente que Bruselas pretende abordar es el de la innovación. La nueva norma parte del diagnóstico de que "no tenemos suficiente innovación y la UE no ayuda lo suficiente a innovar". Bruselas es líder en investigación científica, pero "las ideas innovadoras desarrolladas en Europa demasiadas veces no consiguen llegar al mercado", reconoce el redactado de la propuesta.

Según ha explicado Séjourné, la nueva norma debe ayudar a las empresas innovadoras a acceder a la financiación, empezando por recibir más apoyo de la administración pública. De esta manera, se establecen una serie de criterios para favorecer que cuando la administración compre servicios de investigación o desarrollo se primen la calidad y la innovación. La etiqueta de "preferencia europea" también aparece en este caso. Las empresas de la UE o de países socios tendrán preferencia, siempre que al menos el 50% de la investigación se haga en Europa.