Las deducciones del escudo social por rehabilitación de inmuebles han beneficiado a 34.300 viviendas en Cataluña

MadridEl Congreso volverá a debatir y votar la próxima semana la prórroga del escudo social que incluye, entre otras cosas, la medida para evitar los desahucios de algunas familias vulnerables. Después de un intento fallido por los votos en contra del PP, Vox y Junts, el gobierno español lleva el texto a la cámara baja por segunda vez –ahora, con la revalorización de las pensiones en otro texto–. De momento, el ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene los votos ligados y de ello depende la continuidad de medidas que han quedado en un segundo plano –pero que llevan cinco años en marcha–, como es el caso de las deducciones en el IRPF por la rehabilitación de inmuebles en los que se mejore la eficiencia energética. En el caso de Cataluña, entre los años 2021 y 2024 se han beneficiado 34.383 viviendas, según datos del Boletín Especial de Rehabilitación, el Observatorio de Vivienda y Suelo y la Agencia Tributaria a las que ha tenido acceso el ARA.

Teniendo en cuenta la evolución de los inmuebles que se han acogido a estas deducciones durante este periodo de tiempo, y en concreto las cifras del último ejercicio disponible –el de 2024, porque el plazo de declaración de 2025 del IRPF termina el 30 de junio– podría beneficiar en más de 0 a 2 planteada. catalanes, según estimaciones del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana elaboradas a partir de los datos de la Agència Tributària.

Las deducciones en el IRPF por la rehabilitación de inmuebles en las que se mejore la eficiencia energética están contempladas en el Plan de Recuperación español, vinculado a los fondos europeos, en los que una partida importante estaba reservada a la vivienda (6.820 millones de euros). Los incentivos fiscales afectan a viviendas particulares y edificios residenciales y van del 20% al 60% en función de cómo se reduce el consumo de energía no renovable.

Mientras que en 2021 sólo 378 viviendas que realizaron obras de mejora se acogieron a estos incentivos fiscales, en 2024 la cifra incrementó hasta los 12.044. Fuentes del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana explican que "lo más probable" es que las viviendas que puedan acogerse este 2026 a estos incentivos fiscales "superen esta cifra", dada la tendencia de crecimiento de los últimos años y que se trata de deducciones complementarias a otros programas de ayudas a la rehabilitación vinculadas al Plan de Recuperación.

¿Qué dice el decreto?

A grandes rasgos, la deducción del 20% puede aplicarse en caso de haber realizado obras de mejora en la vivienda habitual y si se rebaja un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. La del 40% también afecta a la vivienda habitual y, a la vez, a aquella que se haya puesto en el mercado de alquiler. En este caso, la rebaja en términos de consumo energético debe ser de un 30% o mejorar la calificación energética del inmueble. El decreto recoge una prórroga de estas dos deducciones hasta el 31 de diciembre de 2026. Finalmente, la deducción del 60% afecta a las obras de rehabilitación energética en edificios residenciales enteros que demuestren una caída del consumo también del 30% o alcancen la calificación energética A o B. En este caso, la prórroga se contempla para dos.

Las tres deducciones, incompatibles entre sí, deben demostrarse a través de un certificado energético y tienen un límite máximo en el importe que se pueden deducir en el IRPF.

Impacto económico

Como todo incentivo fiscal, tiene un impacto económico en las arcas públicas. Según datos provisionales de la Agencia Tributaria a los que ha tenido acceso el ARA, en el conjunto del Estado, en 2024 se hicieron un total de 122.527 declaraciones por el IRPF en las que se incorporaban deducciones por la rehabilitación energética. De la cantidad de dinero que se declararon para que se les aplicaran las diferentes deducciones, los contribuyentes se ahorraron 239,8 millones de euros.

Según estimaciones del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de los datos del ente tributario, cuyo ahorro económico podrían beneficiarse las viviendas catalanas en un nuevo ejercicio en el que estas ayudas fiscales se mantengan sería de unos "35,8 millones de euros".

En Cataluña, el 60% del parque de viviendas se construyó antes de 1980, según datos del Instituto Catalán de Energía. A partir de ese año, el aislamiento empezó a ser obligatorio. Esto significa que, si no se han reformado, los edificios construidos antes de 1980 no disponen de aislamiento térmico. En la UE, el escenario es similar: el 75% de los edificios no son eficientes energéticamente y son responsables del 40% del consumo de energía total y del 36% de emisiones. En este contexto, la principal normativa comunitaria, quiere que el parque de edificios de la UE esté descarbonizado en 2050. Esta directiva es de aplicación obligatoria para los Estados miembros, que deben transponerla a su legislación.