El gobierno español estudia desincentivos en el IRPF para los propietarios que suban el alquiler
Sumar, el socio minoritario, rechaza intervenir los precios sólo por vía fiscal e insiste en una prórroga extraordinaria
MadridDespués del abucheo interno dentro del gobierno español de coalición del PSOE y Sumar por las rebajas de impuestos a los propietarios, el ejecutivo de Pedro Sánchez busca un equilibrio en la propuesta fiscal inicial para tratar de resolver la disputa. Concretamente, los ministerios de Vivienda y Hacienda, en manos socialistas, exploran una fórmula que combine incentivos para quien aplique una rebaja del precio del alquiler cuando éste deba renovarse, y una penalización para quien la encarezca, según avanzó este viernes El País y confirman al ARA fuentes del ministerio de Vivienda. Pero el planteamiento es todavía muy incipiente y desde Sumar, el socio minoritario, no lo ven claro. Fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz confirman que el ala socialista ha puesto el planteamiento sobre la mesa –la negociación lleva tiempo abierta–, pero insisten en que la vía fiscal no puede ser la única solución para controlar los precios de los alquileres.
¿Qué estudian Hacienda y Vivienda? De entrada, cabe recordar que actualmente los propietarios (personas físicas) ya pueden aplicarse de forma generalizada una reducción del 50% en el IRPF. La idea sería modular esta reducción generalizada –diluirla– si los propietarios suben el alquiler una vez finaliza el contrato (no cuando toque la actualización anual de la renta en función de la inflación o índice del ministerio de Vivienda). "Desincentivar fiscalmente por incremento del alquiler es solo una reducción de un privilegio fiscal", afirman fuentes de Sumar.
Desde el ministerio de Vivienda se advierte que no hay nada cerrado y que la medida va en la línea de combinar los incentivos de hasta el 100% para quien baje el precio del alquiler, tal y como anunció Pedro Sánchez en enero, y desincentivos para quien lo suba. "En ningún caso", indican fuentes de Vivienda, se alcanzaría hasta el 0% porque todavía se mantendría un trato diferencial para el alquiler residencial a largo plazo (los contratos de cinco años) respecto a los alquileres turísticos o de temporada.
Pero desde Sumar mantienen que la solución a la crisis habitacional que sufre España "no puede surgir de la voluntariedad de una parte [del problema]; en este caso, de la buena voluntad del propietario". Por eso, el partido insiste en establecer como condición sine qua non una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que ahora finalizan. "Es la vía más eficaz para intervenir de forma inmediata el mercado del alquiler", insisten.
En 2021 se firmaron 632.369 contratos que son susceptibles de renovarse este 2026 en un contexto en el que los precios del alquiler han subido de media un 40% en comparación con hace cinco años. Los 632.369 contratos que terminan este año afectan, según datos del ministerio de Derechos Sociales, a más de 1,6 millones de personas. Sin embargo, la gran renovación de alquileres afectaría a 2,7 millones de personas si también se tienen en cuenta las familias que se encontrarán en la misma situación en el 2027.
Batallas paralelas
"Regalar dinero público a los rentistas es un error", aseguró hace unas semanas la vicepresidenta segunda del gobierno español y cara visible de Sumar, Yolanda Díaz, tras conocer la medida anunciada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Su partido se mostró abiertamente en contra de aplicar una bonificación de hasta el 100% en el IRPF para los rendimientos del alquiler para aquellos propietarios que no aumenten su renta cuando toque renovar el contrato, sea en una zona tensionada o no.
En paralelo a esta negociación –que hace semanas que se arrastra y puede marcar, incluso, el diálogo entre los dos partidos de cara a los presupuestos generales del Estado para el 2026–, el gobierno español debe afrontar una votación en el Congreso que también afecta a la vivienda. El escudo social debe votarse por segunda vez en la cámara baja española y la opción que prospere está en el aire por la medida antidesahucios. Juntos, que ya votó en contra, se decantaría por volver a hacer lo mismo, lo que supondría un cubo de agua fría sobre todo para Sumar, que presionó hasta el último momento para que la suspensión de algunos desahucios no fuera sola en un decreto ley, al considerar que era dar por perdida la partida.