¿Por qué hay pequeños propietarios a los que inquieta el decreto de la vivienda?

BarcelonaMuchos pequeños propietarios, que suponen la mayor proporción del mercado de la vivienda, no ven claro el decreto aprobado por el gobierno y que este viernes pasa el examen del Congreso. De los dos decretos, en principio el que incluye medidas para la protección de los vulnerables, es el que parecía que tenía más posibilidad de salir adelante, especialmente después del sí anunciado por Podemos y por el PNV. Pero el rechazo de Junts —pide al gobierno español que lo retire o votarán en contra— ha trastocado la posibilidad de que prospere. El segundo, el que incorpora las prórrogas automáticas de los alquileres y la indemnización a los inquilinos, no tenía ninguna posibilidad, porque también el PNV votará en contra.

Una de las cuestiones que más temor provoca a los pequeños propietarios (diez inmuebles o menos, según la ley estatal de vivienda) es la suspensión de los desahucios a personas y familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030. Junts ha hecho bandera de la defensa de los pequeños propietarios, de sus preocupaciones y en contra de las ocupaciones ilegales. El aspecto que más les inquieta es el relacionado con las compensaciones a los propietarios cuando el inquilino que no paga es considerado vulnerable, no dispone de alternativa residencial ni la administración facilita ninguna. "No queda claro cómo ni cuándo recibirán la compensación los titulares del inmueble que son diferentes de los grandes tenedores", afirman fuentes consultadas. En todo caso, el decreto establece un mecanismo de protección destinado a los procedimientos de desahucio por impago con diferencias respecto al que afecta a los grandes tenedores.

Y especifica que "si la comunidad autónoma competente no ofrece una alternativa residencial, estará obligada a enervar la acción, es decir, a asumir el pago de las cantidades necesarias para evitar el desahucio en un plazo de dos meses". Además dice que durante estos dos meses, el procedimiento judicial queda suspendido, si la acción se enerva, el proceso termina y el contrato continúa vigente. Y si la comunidad autónoma no actúa dentro de este plazo, la suspensión del procedimiento se mantiene hasta que cumpla su obligación. Pero hay quien no ve suficientes garantías.

Cargar con la política social

Las cámaras de la propiedad, que acostumbran a tener muchos socios con pocas viviendas, comparten muchas de las críticas de grandes propietarios vehiculadas por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Lejos de arreglar el problema, las Cámaras de la Propiedad de Cataluña, como el día antes alertó el presidente de Pimec, Antoni Cañete, se corre el riesgo de agravarlo. Por su parte, el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, fue más allá y, en unas jornadas el miércoles en Barcelona afirmó que el gobierno español con estos decretos busca socializar de manera “encubierta” la propiedad privada. Y los constructores, por su parte, afirman que ya convierten promociones de alquiler en pisos en venta, según el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) y también presidente de APCE Cataluña, Xavier Vilajona.

Las cámaras denuncian que el gobierno central "vuelve a cargar sobre los propietarios privados una parte creciente de la política social de vivienda" y avisan que el marco regulador es "cada vez más complejo, restrictivo e inestable", con una creciente "inseguridad jurídica". El resultado, aseguran, será reducir la oferta de vivienda de alquiler, tal como afirma también la organización Som Habitatge (Unión de Propietarios de Cataluña). Aun admitiendo que es necesario abordar "con urgencia" las dificultades de acceso a la vivienda, las cámaras, como otras organizaciones, critican que se pretende "trasladar a los propietarios responsabilidades que corresponden esencialmente a las administraciones públicas".

Bonificaciones fiscales

Desde el gobierno español destacan que la normativa que se somete a aprobación incluye muchas medidas en favor de los pequeños propietarios. Una de ellas son las bonificaciones fiscales previstas en el IRPF y que el ejecutivo central cuantifica en unos 330 millones. Las reducciones del rendimiento neto que se podrán aplicar en caso de que rebajen un 5% la renta de un nuevo contrato van del 70% al 100%. Si mantienen el precio, la reducción es del 50% y si lo aumentan, las rebajas van del 15% al 40%. Si es el primer contrato, las reducciones van del 50% al 100%.

Otra exención fiscal del 100% en las ganancias patrimoniales será para los propietarios que vendan al sector público una vivienda para venderla a precio asequible para valores de transmisión de hasta 200.000 euros. La ventaja será decreciente de 200.001 a 800.000 euros.