Los movimientos sociales presionan en el Congreso para tapar el agujero del alquiler de temporada

Madrid / BarcelonaFue uno de los agujeros de la ley estatal de vivienda y ahora los movimientos sociales mueven ficha para taparla. Se trata del alquiler de temporada, una opción que se ha disparado en los últimos meses en ciudades como Barcelona y que presiona al alza a los precios de la vivienda. Este miércoles, los sindicatos de inquilinos del Estado han presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para remediarlo.

El texto pretende modificar la actual ley de arrendamientos urbanos (LAU) y se ha registrado con el apoyo de Podemos, Sumar, BNG, ERC y EH Bildu. "Esta iniciativa responde a la necesidad urgente de limitar la especulación que se está producido con este tipo de alquileres fruto de su absoluta desregulación que tienen", han señalado desde el Sindicato de Alquiladoras de Barcelona.

El hecho es que esta advertencia ya se puso sobre la mesa durante la tramitación de la ley estatal de vivienda. Aunque desde los movimientos por el derecho a la vivienda intentaron hasta el último momento introducir una regulación específica para el alquiler de temporada, la propuesta se quedó en un cajón. Ahora bien, la realidad ha obligado al ministerio de Vivienda a crear un grupo de trabajo específico para abordar este tipo de alquileres. De hecho, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha avanzado este jueves que las conclusiones de este grupo se conocerán el próximo miércoles.

"Este tipo de alquileres se gestionarán en una plataforma y tendrán que acreditarse", ha dicho Rodríguez desde Barcelona. Sin embargo, la titular de la cartera ha defendido este tipo de alquileres y ha pedido "seriosidad" a los sindicatos a la hora de abordar la problemática.

Cuatro puntos clave

"Es urgente regular los alquileres de temporada y de habitaciones para evitar desestabilizar el mercado", reiteran desde los sindicatos. La proposición de ley que han presentado establece cuatro puntos clave que a ojos de los movimientos sociales ayudarían a paliar la problemática. De entrada, que se equiparen los derechos de los inquilinos de temporada con los inquilinos de vivienda habitual. También el hecho de que si el propietario no puede demostrar que el inquilino tiene una vivienda habitual alternativa, prevalecerá la presunción de que el piso donde está es residencia habitual, por lo que el contrato deberá tener una duración de 5 o 7 años (en función del tipo de propietario). Por último, vincular los contratos de habitación a los derechos de los inquilinos.

La fragmentación parlamentaria, sin embargo, dificulta que el texto prospere. Para que sea así haría falta que aparte del PSOE, Junts y el PNV voten a favor. De hecho, fue la aritmética parlamentaria quien dejó en papel mojado el decreto ley que la Generalitat llevó al Parlament para regular, entre otros, los alquileres de temporada. El Govern de ERC había decidido regular por la vía de urgencia esta modalidad con el objetivo de poner freno a la picaresca de los propietarios que buscan eludir el control de precios. Y lo hizo a través de un decreto ley que aprobó el consejo ejecutivo el día antes del inicio de la campaña electoral de las elecciones catalanas del 12-M y que sólo tuvo un mes de vida porque al llegar en la cámara catalana, la diputación permanente lo tumbó con los votos en contra de Junts, Vox, Cs y el PP, y la abstención del PSC.

La forma escogida por la Generalitat consistía en obligar a indicar la causa o finalidad del alquiler en los contratos, y en caso de no acreditar que un arrendamiento era por motivos de ocio, vacaciones, recreativos o culturales, se consideraría de carácter permanente . Los alquileres con fines profesionales, laborales, de estudios y atención médica pasaban a considerarse también permanentes, aunque tuvieran una duración temporal. La vía era una modificación de la ley catalana del derecho a la vivienda (18/2007).

El alquiler de temporada no queda recogido de forma explícita ni en la ley 29/1994 de arrendamientos urbanos ni en la ley estatal de vivienda aprobada hace un año, que lo único que menciona al respecto es la creación del grupo de trabajo para su regulación que ahora debe presentar las conclusiones.