Vivienda

La paradoja de Sofía Suescun, o como un piso de la Sareb termina en Airbnb

Expertos y movimientos sociales cuestionan que inmuebles del 'banco malo' se puedan utilizar para usos que no son el de primera residencia

MADRIDA primera vista nada parecía extraño. A finales de julio, la influencer Sofía Suescun, protagonista de programas televisivos como Gran Hermano o Supervivientes, anunciaba a través de Instagram que se compraba un piso en primera línea de playa y explicaba que tenía intención de destinarlo a la "inversión (alquiler turístico y Airbnb)", pero también "disfrutarlo" ella misma.

Actualmente, existen 305.136 viviendas turísticas en todo el Estado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es una vertiente más del ladrillo como generador de rentas. A diferencia del alquiler convencional, los inversos encontraron en los pisos turísticos una opción para multiplicar la rentabilidad. Pero un detalle convierte en polémica la opción de Suescun, a ojos de los colectivos por el derecho a la vivienda: el piso era de la Sareb, tal y como podía verse en una de las imágenes que la influencer colgó en Instagram.

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El detalle quizá habría pasado desapercibido hace unos años, cuando el llamado banco malo, que se creó para absorber los activos tóxicos del sector, desde préstamos hasta inmuebles, estaba en manos privadas. Pero ahora es público. En marzo de 2022 el Estado se aseguró el control de más del 50%. Y antes, Eurostat obligó a España a contabilizar la deuda de la Sareb como pública.

Desde la Sareb explican que cuando venden un inmueble se aplican las "diligencias estrictas" que debe seguir cualquier proceso de compraventa, pero recuerdan que ellos actúan "como un operador más del mercado inmobiliario": venden el activo y después "l uso lo decide el propietario de la vivienda conforme a las normas del territorio en que lo compra", detallan fuentes de la Sareb al ARA. El mandato de la entidad es desprenderse de todos los activos en 2027 y "repagar" así la deuda asumida por el tesoro público. Cuando se creó, absorbió 50.781 millones de euros de créditos impagados, aparte de la cartera inmobiliaria. En el último ejercicio, el de 2022, éste se situaba en 30.481 millones de euros.

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"[Este caso particular] es muy representativo de los problemas causados ​​por la desregulación de la vivienda en España", reflexiona el investigador del Instituto Metrópoli, vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Albert Sales, que critica que la fórmula, en vez de ampliar el mercado residencial, da alas al turístico. "El foco debe ponerse en sí Airbnb hace que en muchos lugares una familia se quede sin vivienda", apunta.

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En la misma línea se expresa el investigador y autor del libro Tocar hondo (Traficantes de Sueños, 2021), Manuel Gabarre: "Ilustra muy bien el papel de las administraciones públicas en materia habitacional", dice. "Cuando el Estado adquiere la Sareb, ésta no pasa a manos de un ministerio como el de Derechos Sociales y Vivienda, sino en el ministerio de Economía. Es el dibujo más claro de la financieraización de la vivienda", añade.

¿Podría evitarse?

Sareb no vende directamente sus pisos. De hecho, puede ocurrir que el comprador de un piso no sepa que forma parte del banco malo hasta que debe firmar la escritura del inmueble. La entidad colabora con diferentes agencias inmobiliarias como Anticipa y Aliseda –propiedad de Blackstone–, Hipoges –dependiente de KKR–, Servihabitat o Árqura Homes, que son las que ejecutan las ventas. A finales del 2022, la Sareb contaba con 15.300 millones en inmuebles (aparte de los préstamos impagados que tiene). Sólo en viviendas tiene 48.669 unidades.

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"En la Sareb el pescado está casi vendido", opina Diego, de la campaña Plan Sareb,que critica que "se han categorizado muchos pisos, los que más les conviene salvar, y se han separado y dejado fuera de los anuncios de Pedro Sánchez para venderlos en el mercado". Tanto él como el resto de personas consultadas coinciden en la falta de transparencia histórica de Sareb: "El mandato es quitarse los inmuebles, pero es necesario aclarar los criterios de venta que utilizan", apunta la economista especializada en vivienda Carme Trilla.

Desde Sareb sostienen que éste es un caso particular. Fuentes de la entidad defienden que desde que está bajo control público, el banco malo ha priorizado los principios de "sostenibilidad" y "utilidad social", lo que ha "priorizado" la venta de los inmuebles a las administraciones para que destinen los pisos al uso social. Cuentan que esto suele ocurrir en las capitales, como Barcelona o Valencia, pero no en zonas de costa más vinculadas a la actividad turística, donde suele venderse a particulares. Hay que tener en cuenta que la Sareb también asumió activos tóxicos como viviendas de urbanizaciones de promotoras que quebraron.

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Trilla, sin embargo, no lo ve tan claro y recuerda que existen mecanismos a través de los cuales se puede obligar a destinar como primera residencia un inmueble. "Depende del precio de compra: si entra dentro de la órbita de la protección oficial, automáticamente se podría restringir el uso [del piso]", explica. "¿Por qué no hubo ningún político que dijera en su día que esta sociedad debería destinar todos los inmuebles a vivienda protegida?", se pregunta, y lamenta que "se ha perdido un tren".

"Parece que en las zonas de costa no viva nadie", añade Salas, quien recuerda que "justamente hay problemas en zonas de playa porque los trabajadores no pueden pagar los pisos". "Tienes un país con grandes problemas de vivienda y una persona se está glorificando de haber conseguido un activo público y ponerlo en el mercado turístico", lamenta.

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