La patronal de pisos turísticos carga contra la Generalitat por el nuevo decreto

BarcelonaLa patronal catalana de vivienda turística, Federatur, ha acusado a la Generalitat de ignorar el sector en la elaboración del nuevo decreto ley que prevé cerrar 28.000 viviendas de uso turístico (HUT) en toda Cataluña. El presidente de la asociación, David Riba, ha asegurado que el ejecutivo catalán está culpando erróneamente a los pisos turísticos del problema de vivienda: "Pedimos que no se nos demonice", ha apuntado este lunes.

El presidente de Federatur aseguró que las patronales han intentado "colaborar" con el ejecutivo catalán. "Hemos recopilado información, porque una buena decisión se basa en la información", ha dicho. Sin embargo, ha añadido, la Generalitat "no ha tenido en cuenta toda la información" que le ha hecho llegar el sector y "no está teniendo en cuenta todas las consecuencias" que tendrá la nueva normativa.

Según el decreto ley aprobado recientemente para el Govern, las viviendas turísticas registradas en 262 municipios catalanes necesitarán una licencia urbanística previa de cinco años para poder operar. El objetivo de la Generalitat es frenar la proliferación de este tipo de vivienda a fin de aumentar la oferta para uso residencial en aquellos municipios.

Los municipios afectados por la norma son los que tienen un problema permanente de acceso a la vivienda o una proporción de cinco o más HUT por cien habitantes. El decreto fija un máximo de 10 HUT por 100 habitantes, por lo que en las poblaciones donde se supere esta proporción, los ayuntamientos tendrán que retirar licencias para cumplir con el tope.

"Más pisos vacíos que turísticos"

En este sentido, Riba ha asegurado que en Catalunya existen unos 100.000 pisos turísticos de un parque de vivienda que supera los tres millones, mientras que en la ciudad de Barcelona son 6.000 HUT en activo de más de 900.000 pisos en total. "Hay más pisos vacíos que turísticos", aseguró.

Riba aseguró que los empresarios del sector están "muy preocupados" por el decreto, que puede poner en peligro el trabajo de los trabajadores, por lo que reclamó al Gobierno que "recapacite". Pese a la petición de diálogo, las patronales ya anunciaron que llevarán el decreto ley al Tribunal Constitucional y reclamarán indemnizaciones por valor de 4.000 millones de euros, al considerar que este tipo de norma sólo se justifica para legislar situaciones de urgencia. Además, Riba lamentó que la Generalitat, aprobando la norma por decreto, no tuvo que consultar la opinión de otros grupos parlamentarios.