¿Eres interino? Así te afectan los cambios de la futura reforma

MADRID / BARCELONALa ley para la reducción de la temporalidad del sector público encara la recta final antes de su aprobación definitiva. Este jueves, el gobierno español, formado por el PSOE y Unidas Podemos, llegó a un acuerdo con ERC y el PNB para introducir dos nuevas disposiciones que prevén que las administraciones públicas convoquen con carácter excepcional un concurso de méritos para "hacer aflorar y consolidar" los puestos de trabajo públicos temporales ocupados durante como mínimo seis años por interinos o, dicho de otro modo, que las plazas temporales que haga más de seis años que están ocupadas de forma ininterrumpida pasen a ser definitivas sin que hagan falta oposiciones. Ahora bien, hay letra pequeña:

¿A qué interinos afectan las últimas novedades?

A los interinos que desde antes del 1 de enero de 2016 ocupan una plaza temporal que tendría que ser estructural y que no tiene titular. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la normativa entraría en vigor el 1 de enero de 2022, que haga seis años que ocupan aquel puesto de trabajo "de forma ininterrumpida". Las administraciones, pues, tendrán que convocar, por el sistema de concurso de méritos, estas plazas de carácter temporal para convertirlas en estructurales.

El foco no se pone en las personas sino en las plazas y en sus casuísticas. Si un interino está ocupando una plaza que ya tiene titular no se verá afectado. El coordinador del área pública de CCOO, Manel Pulido, lo ejemplifica al ARA con su propio caso. Él tiene plaza como profesor, pero mientras está en el sindicato su plaza la ocupa un interino. Por lo tanto, esta plaza no saldrá a concurso de méritos, porque ya tiene titular; el interino, aunque haga más de seis años que esté haciendo docencia en aquel instituto, tampoco pasará a ser funcionario. 

¿El interino que ahora ocupa la plaza pasará a ser funcionario?

En la mayoría de casos es probable que sea así, pero puede haber excepciones porque este traspaso no será automático, sino que habrá un concurso de méritos previo, al cual podrán presentarse otros interinos. Pulido pone de ejemplo el siguiente caso: imaginamos que sale a concurso una plaza de archivero en el Ayuntamiento de Barcelona que hasta ahora era temporal y se presenta la persona que la ha ocupado desde hace seis años, pero también un archivero de la UAB que también está en situación de interinidad y que lleva 20 años en su puesto de trabajo. Teniendo en cuenta los méritos y la experiencia, podría ser que la plaza fuera finalmente para el trabajador de la UAB.

¿Cuántas plazas están en juego con esta propuesta? 

Ahora mismo esta es una cifra casi imposible de conocer. Tanto la Generalitat como el ministerio de Hacienda y Función Pública aseguran que no las tienen contabilizadas. "El objetivo es hacer aflorar plazas que no estaban registradas, es decir, que están presupuestadas y ocupadas, pero no están incluidas en las relaciones de puesto de trabajo", explica la diputada de Esquerra Republicana en el Congreso, Pilar Vallugera, que añade que una vez se conviertan en plazas estructurales sí que se registrarán. También CCOO asegura, fruto de las diferentes situaciones explicadas anteriormente, que es imposible saber el número.

Lo que sí que está claro es que en Catalunya se tendrían que convertir en estructurales 100.000 plazas ocupadas temporalmente (haga seis años que están ocupadas o no) para llegar al 8% de temporalidad que acordaron gobierno central y sindicatos. Actualmente, en el Principado hay 120.000 plazas interinas en toda la administración, contando las empresas públicas.

¿El concurso de méritos será restringido? 

Fuentes del sector público aseguran que la medida tiene un doble peligro: que se hagan bases de concurso muy restrictivas para que la persona que haya ocupado la plaza en cuestión acabe siendo funcionario, cosa que sería "fácilmente impugnable", o todo lo contrario, que las bases sean tan amplias que provoquen un efecto llama. "Se ha ido con pies de plomo", apunta Vallugera, que asegura que no será un concurso de méritos restringido, si bien la experiencia de la persona tendrá un peso importante en la decisión final. Cada administración tendrá que desarrollar su propia norma para hacer el concurso.

¿Es legal esta nueva medida? 

"Este proceso de consolidación de las plazas tiene que tener todas las garantías jurídicas y no puede pecar de voluntarismo. A veces se quieren hacer cosas que legalmente no se pueden hacer", ha apuntado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, este viernes, si bien ha visto con buenos ojos los cambios. Medidas así ya han levantado dudas jurídicas porque en la administración pública el acceso se tiene que regir "por méritos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", recuerda el catedrático en derecho laboral de la UB Jordi Garcia. Por este motivo, una transformación automática de interino a funcionario "es jurídicamente imposible". Debe haber, añade, un concurso que "no esté hecho a medida" porque puede desencadenar una serie de recursos que impugnen los procesos.

Para el catedrático, el problema es más de fondo que jurídico: "La situación es anómala. Las administraciones no lo tendrían que haber permitido", reflexiona, y añade que es esto lo que ha llevado al escenario actual de "bloqueo". Por un lado, la única manera de solucionarlo es poner en marcha los concursos correspondientes a través de un sistema objetivo, apunta, "pero hay trabajadores [interinos] que llevan muchos años en una plaza que reivindican, y esto a veces no encaja con la ley", añade.

¿Qué pasa con los interinos de menos de seis años?

Para los interinos que no entren dentro de estos parámetros, las administraciones públicas podrán convocar concursos de oposición extraordinarios con un peso de hasta el 40% en cuanto a la experiencia. Además, serán concursos en los que las fases no serán eliminatorias entre sí.

¿Por qué se regula ahora? 

En el Estado, el personal con contrato temporal ya se sitúa alrededor del 8%, pero se dispara hasta el 30% de media en el caso de las comunidades autónomas, y en los ayuntamientos es del 13%. Por eso, hace años que Bruselas presiona a España para que reduzca la tasa de interinos en el sector público y, de hecho, esta es una de las recomendaciones recurrentes de la Comisión Europea en los informes económicos de España.

El ejecutivo de Pedro Sánchez incluyó el cambio normativo del sector público en la lista de reformas del plan de recuperación y resiliencia, con el compromiso de impulsarlo antes de 2022. Por eso, el gobierno español no prevé ningún escenario en el que la ley no esté aprobada antes de que acabe el año. En juego está la llegada de los fondos europeos antipandemia.