Dudas jurídicas amenazan la reforma de los interinos
La UGT avisa que la medida que permite obtener plaza sin pasar por oposiciones puede ser inconstitucional
El anuncio de la flamante ministra de Función Pública, María Jesús Montero, de que los interinos de más de diez años ganarán una plaza sin oposiciones –según el compromiso firmado con ERC para salvar in extremis el decreto– ha generado dudas jurídicas, en concreto sobre sí es constitucional o no. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, sorprendido con el cambio de última hora, ha puesto en entredicho que la propuesta se adecúe a la carta magna.
"Ya había avisos de los abogados del estado de inconstitucionalidad, habrá que ver como avanza y se concreta", ha dicho Álvarez en una entrevista a la SER. El líder de la UGT ha añadido que "son novedades que no se pudieron introducir en la negociación porque el gobierno [español] alegaba que eran inconstitucionales". En este sentido, fuentes del ministerio de Iceta, que es quien encabezó la negociación, no concretan si alguna medida quedó fuera durante la negociación por inconstitucional.
Tres principios básicos en juego
El nuevo acuerdo anunciado por Montero en el Congreso chocaría con los tres principios básicos que regulan el acceso de un trabajador a la administración pública: igualdad, mérito y capacidad. "Estos principios existen para que no se generen situaciones ilegales y para que las personas que entren sean las más capacitadas para dar un servicio público", explica el abogado especializado en derecho laboral Jordi García. Añade que no hay ningún "mecanismo automático" regulado por ley y apunta que en todo caso se pueden definir unos valores o criterios en función de lo que la administración quiera tener en cuenta, como por ejemplo dar más peso a la antigüedad. "Creo que no es posible. Por mucho que haga cincuenta años que estás en la administración, tienes que hacer alguna prueba", insiste García.
Fuentes del ministerio de Hacienda reconocen al ARA que el nuevo compromiso, tal como se anunció, se tiene que trabajar y que el resultado será "constitucional", enfatizan. A su vez, fuentes de ERC conocedoras de la negociación asumen que "[el acuerdo] se puede tumbar", pero que es "una buena medida para empezar". La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que el decreto "cumple" lo que plantea el Tribunal de Justicia Europeo y Díaz ha celebrado "el adelanto" de ayer en el Congreso en referencia al compromiso con ERC, pero ha matizado que el gobierno "continuará trabajando siendo consciente de los artículos 103 y 106 de la Constitución", que señalan cómo tiene que ser el acceso a la administración pública.
Tanto la Constitución como el Estatuto del Trabajador Público recogen el derecho de todos los ciudadanos a acceder a un puesto de trabajo público de acuerdo con los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad. "El problema principal será si el decreto ataca estos principios básicos", apunta el abogado laborista de la cooperativa Red Jurídica, Eduardo Gómez, que añade que en caso de que alguien presente un recurso será el Constitucional quien lo acabará dictaminando. La exigencia general a la hora de seleccionar a los empleados públicos tiene que ser por sus méritos académicos o profesionales, así como por sus competencias para el servicio público, y que "las personas no pueden ser tratadas de manera diferente por las leyes si no hay justificación fundamentada y razonable". Gómez anticipa que si bien hay que esperar a leer la letra pequeña de la reforma, está convencido que "se abrirán muchos pleitos judiciales y procesos en los tribunales porque es una reforma que afecta a muchas personas, para bien o para mal".
