La justicia obliga a Airbnb a pagar una multa de 64 millones por publicar anuncios sin licencia
El ministerio de Consumo le impuso la sanción tras detectar irregularidades en más de 65.000 pisos turísticos
BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la solicitud de medidas cautelares que presentó Airbnb por paralizar la sanción de 64 millones de euros que el ministerio de Consumo le impuso por infracciones en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos que incumplían la normativa.
Ante la resolución del TSJM, la plataforma deberá pagar la multa, impuesta a finales del 2025. Consum había identificado infracciones en más de 65.100 anuncios de pisos turísticos, que fueron retirados a mediados del pasado año. En concreto, el ministerio liderado por Pablo Bustinduy detectó "prácticas comerciales desleales" para publicar anuncios sin licencia o cuyo número no se correspondía con la numeración utilizada por los registros. También señaló que la plataforma difundía anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
Por estos primeros motivos, el ministerio de Consumo decretó una sanción por infracción grave, que equivalía a seis veces el beneficio "ilícito" obtenido por Airbnb durante el tiempo en el que permanecieron publicados los anuncios desde el aviso formulado por la administración estatal hasta su retirada por la plataforma.
El ministerio también identificó otras infracciones, como el incumplimiento de las obligaciones de los contratos suscritos a distancia y la obstrucción a suministrar datos. De éstas, la más grave, sancionada con 55.000 euros, fue el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos por el órgano instructor durante la tramitación del expediente.
Airbnb recurrió la sanción a la justicia y se suspendió temporalmente la obligación de pagarla. Ahora, la plataforma podrá presentar un recurso de reposición ante el propio tribunal. La decisión del TSJM con Airbnb se desmarca de la posición que ha mantenido con otras multas de Consum, como la que ha impuesto a varias aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas como el pago del equipaje de mano, a quien sí ha aceptado las medidas cautelares.