Crisis de la energía
Economía 29/03/2022

El límite del 2% de los alquileres afectará a los grandes propietarios

El gobierno español prohíbe despedir por motivos vinculados al alza de los precios energéticos

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La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en el Congreso  del Diputados.

MADRIDEl plan de choque económico para hacer frente a la guerra también incluirá medidas en materia laboral, de vivienda y protección a la población más vulnerable. El paquete suma un total de 16.000 millones de euros, 6.000 millones en ayudas directas y rebajas fiscales y 10.000 millones en avales ICO. "Es un reto sin precedentes", ha dicho la ministra de Economía, Nadia Calviño, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Estos son los detalles de la nueva batería de medidas:

Protección de los vulnerables

En materia social, el gobierno español ampliará el bono social eléctrico. El ejecutivo calcula que se puede ampliar el bono a 600.000 familias vulnerables para llegar a un total de 2 millones de personas. A partir de ahora, la medida se aplicará a la unidad de convivencia de los perceptores del ingreso mínimo vital. Además, la norma preverá una renovación automática de este bono, que mantendrá sus descuentos (del 60% para los consumidores vulnerables y del 70% para los más vulnerables) hasta el 30 de junio.

Fuentes del ministerio de Energía explican que para adaptarse a la última sentencia del Tribunal Supremo –determinaba que no solo las comercializadoras podían asumir el coste de la medida– "todos los agentes del sector" costearán el bono social eléctrico: también distribuidoras o transportistas, entre otras.

El ejecutivo español también incrementará en un 15% la ayuda del ingreso mínimo vital (IMV) cada mes. Este incremento se aplicará a las solicitudes que están en proceso de ser aprobadas, pero también a las que se presenten en cuanto entre en vigor la normativa pero que no se resuelvan a tiempo, es decir, antes del 30 de junio, cuando a priori decae el paquete de medidas.

Límite a la actualización de alquileres

La norma limitará la actualización de los alquileres al índice de precios al consumo. En concreto, hasta el 30 junio se limita el aumento de los alquileres hasta el 2% en el caso de los grandes propietarios, es decir, que tienen más de 10 viviendas o 1.500 metros cuadrados en alquiler. El objetivo es que las rentas se acerquen a la inflación mediana que se estima para este 2022, de un 2%, según estimaciones del ejecutivo español. Para los pequeños propietarios, se aplicará el límite en ausencia de acuerdo sobre el aumento del alquiler entre las partes.

Tejido económico

Para proteger las empresas, el gobierno crea una nueva línea de avales ICO por un valor de 10.000 millones de euros con el objetivo de cubrir las necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Tendrán un periodo de carencia de hasta 12 meses y se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de 2022.

También se flexibiliza la ampliación del plazo para devolver los avales que actualmente tienen empresas y trabajadores autónomos y se amplía el periodo de carencia seis meses para los sectores más afectados.

En cuanto a las ayudas directas, la gran mayoría se canalizarán a través de la Agencia Tributaria, excepto las del sector primario, que gestionará el ministerio de Agricultura. A este sector se destinarán un total de 193 millones de euros. El plan también incluye 500 millones de euros para la industria que consume grandes cantidades de energía, así como las medidas ya negociadas con los transportistas y que incluyen poco más de 1.000 millones de euros .

Despidos restringidos

"En las crisis no se puede despedir", ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. El despido será injustificado cuando se produzca por causas vinculadas con "el encarecimiento de los precios de la energía", ha detallado Díaz. Tampoco las empresas que reciban ayudas públicas podrán despedir. "No tiene sentido que destinemos recursos a pagar salarios y que las empresas después despidan", ha dicho Díaz. El incumplimiento de esta norma comportará que la empresa tenga que devolver las ayudas públicas que se han recibido.

Esta medida ya se aprobó durante los peores meses de la pandemia; en aquel caso, sin embargo, se prohibían los despidos por causas derivadas del covid. Además, el gobierno quiere que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vuelvan a ser la opción preferente para las empresas antes que los despidos.

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