Las cifras que el Estado esconde: España sólo ejecutó un 16% de la inversión en Cataluña

MADRIDUn 16%. Solo 370 millones sobre los 2.276 millones previstos. Es lo que el Estado ejecutó durante los primeros seis meses del año 2023 en Cataluña, tal y como se desprende del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) correspondiente a este período, en el que ha tenido acceso el ARA. Aunque es una ejecución ligeramente más elevada que la del mismo período de 2022 o la del 2021, cuando el gobierno español ejecutó un 15,7% y un 13%, respectivamente, sigue mostrando con toda su crudeza la crónica falta de ejecución de las de inversiones estatales en Cataluña.

Para añadir sal a la herida, los datos –que el gobierno central ha querido ocultar– indican que la Comunidad de Madrid vuelve a liderar el ranking de ejecución presupuestaria. Durante los primeros seis meses del 2023 el Estado ya había ejecutado el 52,7% de la inversión territorializada: 636 millones de euros ejecutados de 1.207 millones previstos –en términos absolutos, una inversión menor que la prevista para Cataluña –, tal y como se desprende del informe de la IGAE y ha podido comprobar el ARA. En cuanto a las demás comunidades autónomas, Cantabria tampoco sale bien parada, mientras que en el resto de territorios la ejecución durante los seis primeros meses de 2023 osciló entre el 20% y el 40%, de media. Sin embargo, esta fotografía del conjunto del Estado muestra una derivada más del llamado efecto capitalidad del que goza Madrid: más allá de las infraestructuras, la capital española ve dispararse la ejecución por el grueso de inversión vinculada a fundaciones y sedes de organismos que carecen del resto de territorios. De hecho, observando datos acumulados entre 2015 y 2021, la comunidad de la capital del Estado ha gozado históricamente de niveles de ejecución presupuestaria superiores al 100% –se invertía más de lo previsto–, mientras que en Cataluña y en el conjunto del resto de comunidades se acumulan déficits de inversión.

Estaba previsto que este informe del IGAE, correspondiente al primer semestre de 2023, es decir, con datos hasta el 30 de junio, se publicase el 29 de septiembre del año pasado, tal y como se desprende del calendario de publicaciones del mismo organismo. Antes, sin embargo, tocaba publicar el definitivo del 2022, algo que no ha acabado pasando, ni ocurrirá. El gobierno español ha decidido dejar de publicarlos, aunque desde el ministerio de Hacienda han asegurado que los datos "seguirán siendo accesibles" y que se harán llegar de una forma u otra al Congreso de los Diputados, tal y como establece la ley General Presupuestaria. A cambio, el ejecutivo de Pedro Sánchez publicará un informe anual sobre la ejecución de la inversión vinculada al ministerio de Transportes, que es el que mayor peso tiene.

¿Qué nos dicen las cifras?

El documento que publica la IGAE está conformado por diferentes partidas, que deben sumarse y que se recogen en cuatro grandes carpetas, en las que se detalla el crédito inicial o inversión prevista y las obligaciones reconocidas (un término de contabilidad que utiliza la IGAE y que equivale a la ejecución, en el caso de una obra, por ejemplo, significa que se ha adjudicado y certificado la recepción por parte del contratista).

Es cierto que en el capítulo de la ejecución del presupuesto de organismos autónomos y entidades dependientes de la Administración General del Estado –donde, por ejemplo, se incluyen el CSIC o la Confederación Hidrográfica del Ebro– la ejecución de los primeros seis meses del 2023 en Catalunya fue incluso superior al presupuesto previsto para el conjunto de ese año –6,8 millones ejecutados de 5,6 millones de crédito inicial– fruto de los retrasos de otros años o inversiones que no se habían previsto. Ahora bien, en el resto de capítulos el ritmo de ejecución pincha, sobre todo en el que está vinculado a las infraestructuras: a 30 de junio de 2023 se habían ejecutado 271 millones (13,6%) de la carpeta vinculada al sector público empresarial y fundacional", tal y como ha podido comprobar el ARA. A modo de ejemplo, Adif (sin tener en cuenta la alta velocidad) había ejecutado 94 millones de euros de 1.080 millones previstos; la operadora Renfe poco más de 36 millones de una inversión prevista de 151 millones para todo el 2023; y Puertos del Estado 15 millones de 182 millones previstos.

El gobierno español ha argumentado en anteriores ocasiones que el pulso de la ejecución crece al final del ejercicio, es decir, en la segunda mitad del año. Sin embargo, lo cierto es que los datos de ejecución de otros años se han quedado, en general, a medio camino. De 2022 no se puede obtener una fotografía completa porque no se ha publicado el informe del segundo semestre, pero en el caso de 2021, aunque había prevista una inversión récord, en la práctica sólo se materializaron 739 millones, un 35% del total de la inversión, según datos de la IGAE. Como puede verse en el gráfico, la tónica se repite a lo largo de los años. Lo que nadie niega es que Catalunya arrastra retrasos de obras y, por tanto, de ejecución final. Un ejemplo claro es el desdoblamiento de la línea R3.

Cabe decir que la baja ejecución presupuestaria no es una dinámica común a todas las administraciones. La Generalitat, por ejemplo, alcanzó el 86% de cumplimiento respecto a las inversiones presupuestadas en el año 2022 y mantenía la cifra por encima del 80% en el período 2015-2021, veinte puntos por encima del nivel de ejecución del Estado.

Otras explicaciones para entender las cifras de ejecución están vinculadas a que algunas inversiones son plurianuales, es decir, son partidas que se extienden más allá del ejercicio correspondiente. También hay que tener en cuenta el hecho de que la IGAE prevé como "obligación reconocida" cuando un proceso está terminado del todo, desde la licitación hasta la adjudicación final. Cuando una adjudicación se ha recurrido a los tribunales o se revisa, como ocurrió en 2021, cuando los precios empezaron a escalar, queda automáticamente fuera del informe, como apuntaban en ese momento fuentes de Adif y del ministerio de Transportes.

Lectura política

Por tanto, entre el dinero que se pone por escrito en los presupuestos del Estado y el que la IGAE puede acabar contando como ejecutado sigue habiendo todo un camino de incumplimientos. En 2021, ERC y el PSOE pactaron, a cambio de aprobar los presupuestos generales del Estado, incluir una disposición adicional titulada "Seguimiento de las inversiones en Cataluña". Se trataba de fijar un encuentro cada cuatro meses para seguir el grado de ejecución de las inversiones programadas presupuestariamente en Cataluña. Sin embargo, estas reuniones no han tenido lugar.

Hace tiempo que la Generalitat reitera que no hay excusas para justificar la ralentización en el ritmo de ejecución en Catalunya. Éstas son unas cifras que no suelen pasar desapercibidas, sobre todo por el eco político que tienen en el Principado, donde una de las quejas históricas de partidos como ERC o Junts es, precisamente, la baja ejecución de la inversión prevista. Esta situación agrava la del déficit fiscal que sufre Cataluña, entre otras razones por un modelo de financiación autonómica pendiente de actualizarse desde el año 2014.

Una cuestión de transparencia

"En cumplimiento del citado artículo, la Intervención General de la Administración del Estado ha elaborado la presente publicación". Así reza el segundo párrafo del extenso informe de 107 páginas que el IGAE ha publicado sobre el grado de ejecución de la inversión real del sector público estatal por comunidades. El recordatorio es especialmente necesario después de que el gobierno central haya dejado de publicar esta información, un ejercicio de transparencia que levantaba cíclicamente protestas de los territorios que, como Cataluña, arrastran un déficit de inversión.