El Estado se juega miles de millones en su laberinto fiscal

MadridEl gobierno español lleva más de dos semanas intentando desatascar la transposición de la directiva europea del tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades, pero también una reforma fiscal. Este lunes tendrá una nueva oportunidad en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, que ya se ha aplazado dos veces por la falta de apoyos, lo que pone en evidencia la fragilidad del blog de investidura.

En caso de que por fin prosperen ambas propuestas, aún se tendrán que votar en el Pleno. Pero, más allá del tira y afloja político, ¿qué está en juego?

Más ingresos por el impuesto de Sociedades

España, como el resto de Estados miembros de la Unión Europea, debería haber aprobado el impuesto mínimo a las grandes compañías antes del 31 de diciembre de 2023. Este tributo, liderado por la OCDE, tiene por objetivo que las multinacionales paguen un 15% por sus beneficios, independientemente del lugar en el que operan.

De entrada, el impacto recaudatorio de la directiva se estima en unos 2.600 millones de euros anuales, según cálculos del ministerio de Hacienda solicitados por el ARA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que España ya va tarde en cuanto a su aprobación y Bruselas ha abierto la puerta a denunciar al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que puede derivar en una sanción económica.

La norma prevé la aplicación de un tipo mínimo de un 15% directamente sobre las matrices, pero también prevé tasar a las filiales para que el conjunto del conglomerado empresarial llegue a ese mínimo. Si a pesar de ello no se llega, prevé la imposición de un tributo adicional. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de multinacionales con una facturación anual de 750 M€ o más. Según el último Informe país por país deen la Agencia Tributaria, se verían afectados 123 grupos españoles. Por el ejercicio de 2021, pagaron un tipo efectivo en el impuesto de Sociedades de un 14,4% de media; algunos de los grupos pagaron menos del 5%.

Retraso en el pago de los fondos europeos

El ministerio de Hacienda también tiene intención de aprobar un conjunto de enmiendas con cambios fiscales para cumplir con la reforma fiscal que le ha prometido en Bruselas. De hecho, es uno de los hitos del Plan de Recuperación y está vinculado al desembolso del quinto tramo de los fondos europeos (6.500 millones de euros en subvenciones y 500 millones en préstamos). España quería pedir ese tramo antes de acabar el año, pero si la reforma no se ha aprobado corre el riesgo de recibir menos dinero (se congelaría la cantidad vinculada al hito). Un precedente de ello lo encontramos en el cuarto pago de los fondos, cuando Bruselas dejó en pausa 158 millones por el incumplimiento de un objetivo. Fuentes de la Comisión Europea apuntan al ARA que en estos momentos "es imposible" calcular la cuantía afectada en caso de no cumplir con la reforma fiscal.

Más gasto

La reforma no sólo es clave para reforzar las arcas públicas, sino también para afinar el lugar de donde sale el dinero. Aunque es difícil calcular su alcance sin unos presupuestos generales para 2025 sobre la mesa, el Plan Fiscal enviado a Bruselas para los próximos cuatro ejercicios incluye un crecimiento medio del gasto público de un 3,4% (hasta 2028) y una reducción del déficit (1,6% del PIB en 2028) y de la deuda pública (98,2% del PIB en 2028). El gobierno español se sostiene en el crecimiento económico y descarta recortes, pero en el aire está la pregunta de si esto es suficiente teniendo en cuenta los retos de futuro en lo que respecta al gasto público.

Banca, diesel y tabaco

La Autoridad Fiscal ve difícil que sin ajustes se pueda cumplir con el gasto previsto. Según esta tesis, o el Estado se aprieta el cinturón, o necesitará oxígeno.

Una vez descartado el impuesto a las energéticas (en 2024 se ha ingresado 1.164 millones por este tributo, que ahora ya no se tendrán), el gobierno confía en mantener durante tres años el impuesto a la banca. Este año ha recaudado 1.695 millones, pero con el nuevo diseño, diferentes expertos dan por sentado que las entidades pagarán menos.

También se quiere equiparar la tributación del diesel a la gasolina. El informe del comité de expertos para la reforma fiscal, Esade y la Autoridad Fiscal cifraron en más de 2.000 millones la recaudación potencial anual si se aprueba la medida.

Las medidas fiscales que afectan al tabaco y los vapeadores dejarían menos ingresos (están más pensadas por razones de salud). Por ejemplo, se estima un impacto de 35 millones al año por el impuesto especial a los vapeadores. Lo mismo ocurre con el ligero incremento impositivo sobre las rentas del capital a partir de los 300.000 euros (el impacto ronda los 100 millones) o el IVA de los pisos turísticos (una medida que se quiere hacer al compás de la Unión Europea). El gobierno también prevé corregir los cambios fiscales de Cristóbal Montoro por no tener que devolver más dinero y establecer mecanismos para evitar el fraude en los hidrocarburos.

Aunque la lista de propuestas fiscales que el PSOE ha negociado con algunos partidos del bloque de investidura es larga (retocar la fiscalidad de las socimis o los seguros privados, entre otros), por ahora estos son los cambios que tienen más posibilidades de salvarse. Juntos, de hecho, también ha negociado todo lo contrario: rebajas impositivas a ciudadanos y empresas. Los de Carles Puigdemont presumen de una "política de rebaja fiscal" y critican la "presión fiscal" del Estado.