La OCDE vuelve a recetar alargar la edad de jubilación y ampliar el período del cómputo de las pensiones en España

MadridUna población cada vez más envejecida. Es el motivo de fondo que lleva a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a poner la lupa, año tras año, en el sistema de pensiones de los países y, en particular, en su sostenibilidad, es decir , en que exista un equilibrio entre los ingresos y los gastos y que estas últimas no supongan un lastre para las generaciones futuras. Este miércoles, España no fue una excepción. En el nuevo estudio económico España 2023, que recoge una lista de recomendaciones en materia de política económica, la OCDE anticipa que, pese a la reciente reforma del sistema de pensiones, España "es posible que necesite más medidas", sobre todo teniendo en cuenta que en los próximos años se empezará a jubilar la generación del baby boom y que el sistema se tensará en lo que se refiere al gasto.

Hay que tener en cuenta que lo que hace la OCDE es recomendar, y en este último informe sus recomendaciones envían dos mensajes principales: hay que jubilarse más tarde y cada día que se trabaja ya debe contar para después calcular la prestación por jubilación. No son mensajes nuevos –en el estudio económico de España del 2021 ya los apuntaba–, pero llegan justo después de que el gobierno español haya enviado a Bruselas su receta para equilibrar la caja de la Seguridad Social hasta el año 2050.

Si bien es cierto que durante el informe el organismo aplaude las medidas desplegadas para incrementar los ingresos, como haber subido las cotizaciones sociales o aplicado la llamada "cuota de solidaridad" sobre aquellas rentas más altas, también deja claro que "habrá un incremento considerable del conjunto del gasto". Por eso recomienda alargar la vida laboral y "ajustarla" a la esperanza de vida. Es decir, posponer la edad de jubilación más allá de los 67 años, como se pretende llegar a España en el 2027.

Pero el ente no se queda aquí. También abre el tabú de la ampliación del cómputo de años para calcular la pensión, algo que ya generó una guerra política entre el PSOE y Podemos la legislatura anterior porque suele ir de la mano de un recorte de la prestación. "Debería ampliarse el período de cálculo de la pensión, más bien hacia los 40 años", recomienda la OCDE en su informe. La reforma de las pensiones prevé ampliarlo a 29 años con la posibilidad de escoger a los 27 mejores. "Son decisiones muy complicadas y un desafío, pero por eso es necesario avisar con mucho tiempo [la población]", ha advertido el economista jefe de la OCDE, Clare Lombardelli, en rueda de prensa este miércoles. Por último, también abre la puerta a exigir más años trabajados para tener acceso a la prestación. Ahora, para jubilarse y cobrar una pensión contributiva, una de las condiciones a cumplir es haber cotizado al menos 15 años para cobrar la mitad y 37 años para cobrar la prestación íntegra.

En el informe publicado este miércoles, la OCDE también aprovecha para valorar avances sociales como el incremento del salario mínimo interprofesional. La organización reconoce que ha supuesto un aumento de ingresos, así como una disminución de la desigualdad sobre todo en trabajadores jóvenes, pero pide en el gobierno español no perder de vista el impacto sobre el mercado laboral y la productividad.

Consolidación fiscal

Pero más allá de sus recomendaciones respecto a reformas estructurales como la de las pensiones, la OCDE también se fija en la política fiscal y sus pilares. A corto plazo, insta al gobierno español a retirar las medidas desplegadas para ayudar a empresas y familias a afrontar los precios de la energía y los alimentos, que decaen este 31 de diciembre (hay que aprobar un nuevo decreto). El organismo apunta que, aunque desde el verano "[la inflación general] ha repuntado y la inflación subyacente sigue siendo alta", la primera se ha reducido "significativamente" este 2023 por el descenso de los precios energéticos. Por eso su recomendación es clara: "Estas medidas ahora deben terminar", afirma la OCDE.

Por ahora, el gobierno español no ha confirmado si las prorrogará o no, aunque el plan presupuestario de 2024 enviado a Bruselas no las incluye. De hecho, esto le permite cuadrar las cuentas frente al ejecutivo comunitario. En el acuerdo entre PSOE y Sumar para reeditar la coalición de gobierno se ha incluido una prórroga de la bonificación del transporte público en 2024.

"Los estímulos deberían orientarse mejor hacia los más necesitados, especialmente hacia las familias pobres con menores", apunta el organismo. Uno de los motivos por los que la OCDE recomienda empezar a retirar las medidas es a fin de lograr una "consolidación fiscal necesaria". La visión que tiene la organización que preside Mathias Cormann sobre ese elemento es menos optimista que la del gobierno español. La organización empeora tanto la previsión de deuda como de déficit de España para este año y el próximo, cuando está previsto que vuelvan las reglas fiscales. En el caso de la deuda, la sitúa en un 109,4% sobre el PIB en 2023 y en un 110% del PIB en 2024. Ambas cifras, lejos de la estimación que hace el gobierno español (108% sobre el PIB este año y 106% el próximo año).

En cuanto al déficit, el organismo deja en papel mojado la idea de alcanzar un saldo negativo del 3% del PIB en el año 2024. El ente sitúa un déficit del 3,8% del PIB en 2023, mientras que de cara a 2024 mantiene un déficit del 3,5% del PIB.

La nota positiva la vuelve a dar crecimiento económico. La OCDE vuelve a revisar al alza el crecimiento del PIB español este 2023: 2,5% del PIB, mejor estimación que la del gobierno español y el Banco de España, pero recorta el del 2024: del 2% a un 1,5%. Pero la economía española seguirá siendo de las grandes economías que más crecerán este ejercicio y el que viene pese a la desaceleración global.

Revisión de los impuestos

Una de las claves para enjugar la deuda y el déficit son los ingresos con los que puede contar el Estado. En este sentido, la OCDE mira a largo plazo y apunta a algunos deberes pendientes por parte de España en materia fiscal. El ente pone el foco en el IVA reducido de algunos bienes y servicios y recomienda subirlo. También recomienda incrementar el peso de este tributo en productos como el alcohol y el tabaco y andar hacia una "fiscalidad verde", lo que ya prevé el Plan de Recuperación. Todo el conjunto de propuestas planteadas por la OCDE para incrementar la presión fiscal supondrían unos 11.300 millones de euros. En sentido contrario, apuesta por una menor fiscalidad sobre el patrimonio y por rebajar los impuestos en el caso de familias con hijos y pocos ingresos. Esto tendría un impacto negativo para las arcas públicas de hasta 4.500 millones de euros, según estimaciones de la OCDE.