Del pago del Estado al consejo de administración: las incógnitas que se abren en Telefónica

MADRIDEn las últimas horas han cambiado el tablero empresarial español. La entrada del Estado en el capital de Telefónica 26 años después de privatizarla ha causado un terremoto: si bien la SEPI, entidad que depende del ministerio de Hacienda, había comunicado que "exploraba" la operación, el objetivo de adquirir hasta un 10% del capital social de la principal firma de telecomunicaciones en España ha generado estupefacción en el entorno de la empresa, constatan distintas fuentes consultadas por el ARA. El movimiento del martes por la tarde del gobierno español plantea algunas incógnitas que deben resolverse en las próximas semanas:

Desembolso millonario

La intención de la SEPI es culminar el proceso de compra del 10% de Telefónica lo antes posible para "minimizar" el impacto sobre el precio de la acción. El coste de la operación se ha calculado según el precio actual de mercado y por eso está valorado en unos 2.000 millones de euros. Ahora bien, si la cotización sube de forma acelerada –este miércoles ha subido un 3,2%–, el desembolso que deberá asumir el Estado crecerá.

Todo ello no será rápido. La decisión pasará por el consejo de administración de la SEPI y después se fichará un asesor financiero y un intermediador de bolsa para la compra de los títulos. La clave de todo ello recaerá en el diseño del plan financiero. El organismo que preside Belén Gualda se muestra prudente e insiste en que nada puede aventurar.

Según apuntan fuentes del ministerio de Hacienda al ARA, las posibilidades pasan por hacer una inyección de capital público de forma directa, es decir, vía transferencia –fuentes de Hacienda afirman que no afectaría al déficit del Estado –, o bien se autoriza que la SEPI pueda endeudarse –ya cerró el ejercicio de 2022 con una deuda de 65 millones de euros– a través de instrumentos financieros como préstamos bancarios.

Presencia en el consejo de administración

Con un 10% del capital de Telefónica, el Estado pasaría a ser el primer accionista. Fuentes del mercado estiman que es muy pronto para determinar si esto se traducirá en uno o dos consejeros. Por poner un ejemplo, el casi 6% del capital que tienen CaixaBank (3,5%) y Criteria (2,4%) conjuntamente se traduce en un consejero, que además ocupa el cargo de vicepresidente de Telefónica: el actual presidente de la Fundación La Caixa y Criteria, Isidre Fainé.

Fainé es uno de los quince consejeros que tiene actualmente la teleco. Se suman el presidente José María Álvarez-Pallete y el consejero delegado Ángel Vilá. La mayoría son independientes (10), pero es cierto que el núcleo duro lo forman el directivo catalán junto a José María Abril, consejero del BBVA (accionista con un 3,5%). Blackrock, otro peso pesado (4,4% del capital), no tiene ningún consejero.

Con todo, si hay nuevas incorporaciones en el consejo de administración puede afectar a la presencia de los independientes. También habrá que ver si el operador de Arabia Saudita STC acaba ejecutando la adquisición completa de acciones, hasta un 9,9% del capital, y pide también presencia en el consejo.

Un rol por definir

El peso real del gobierno español en el consejo de administración dependerá de qué rol quiera asumir el ejecutivo. Por ahora, lo único que se sabe es que se quiere dar "estabilidad" a Telefónica para que alcance "sus objetivos estratégicos". De hecho, es necesario tener en cuenta qué la operación nace como respuesta al movimiento de STC.

En todo caso, no pasa por alto que asumiendo un 10% del capital el Estado tendrá voz y voto sobre cuestiones primordiales, como el plan de la compañía dibujado para los próximos tres años y presentado hace tan sólo un mes – se recogen elementos como el reparto de dividendos o las futuras inversiones–. Pero también el rol de Telefónica en sectores como la defensa y la seguridad.

Negociación del ERE

El aterrizaje del Estado llegará en pleno expediente de regulación de empleo (ERE). Tras una nueva reunión este miércoles, la compañía y los representantes de los trabajadores han acercado posiciones: "La probabilidad de un acuerdo es mayor", apuntan fuentes de UGT. En concreto, Telefónica ha vuelto a reducir el ERE y ahora afectaría a 3.559 personas, 400 menos que hace una semana. Pese a que desde UGT no creen que el papel del Estado "afecte" al proceso de negociación, sí opinan que la inversión pública debe "eliminar las incertidumbres existentes sobre la posible venta de activos de Telefónica". CCOO, el otro gran sindicato en la compañía, por el momento no se ha pronunciado.