La justicia declara nulo el ERE de Leitat por "incumplir el deber de negociar de buena fe"
La defensa de los trabajadores eleva el agujero en la entidad impulsada por Acció y Cecot hasta los 18 millones de euros
BarcelonaLa justicia ha declarado nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) de Leitat, aprobado en 2024 y que afectó a 115 trabajadores. El juzgado de lo social de Terrassa ha dado la razón a los 59 extrabajadores que demandaron a la empresa por defectos de forma en el despido colectivo. Además, la jueza da por probado que la empresa "incumplió el deber de negociar de buena fe" con la plantilla.
La sentencia considera que las dos entidades implicadas en el expediente, Associació Acondicionamiento Tarrasense —que negoció con los trabajadores— y la Fundació Leitat forman un "grupo patológico de empresas"; es decir, un grupo de empresas que formalmente son independientes, pero que actúan como una sola.
Tal como acredita el texto, ambas entidades "comparten presidente y vicepresidente". También coinciden las entidades impulsoras: la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat Acció y la patronal egarenca Cecot.
Negociar "de buena fe"
Según la jueza, "entre Fundación Leitat y Acondicionamiento Tarrasense se da un traspaso económico que no tiene justificación". La asociación, en este sentido, no habría "revelado la estructura societaria real" durante las negociaciones para el expediente. "La asociación presentó las cuentas de Acondicionamiento T, alegando 16 millones de euros en pérdidas, y omite las de la Fundación, con un beneficio de 6,1 millones" en el ejercicio 2023.
En este sentido, la jueza considera que "solo cuando se entrega la documentación contable de todas las empresas del grupo puede haber una verdadera negociación"; hecho que no se cumplió en el proceso de aprobación del expediente. Sin esta entrega completa, asegura la sentencia, no hay "causa económica" justificada para el despido colectivo.
Según la defensa de los trabajadores, el centro tecnológico deberá afrontar un gasto de hasta 18 millones de euros para cubrir los salarios de tramitación y las indemnizaciones de la sesentena de trabajadores denunciantes. El varapalo podría ampliarse hasta los 30 millones de euros, según ha declarado el abogado de los empleados, Tirso García, a la Agencia Catalana de Noticias, en caso de que se añadan el resto de exempleados afectados por el ERE, dado que "la nulidad tiene efectos universales".