Nuevas medidas de ahorro energético: puertas cerradas en los comercios y monumentos a oscuras

MADRIDDespués del acuerdo con Bruselas para reducir el consumo de gas en España hasta un 7% los próximos ocho meses, el gobierno español se ha puesto manos a la obra. Si bien todavía tiene dos meses de margen (hasta finales de septiembre) para terminar el plan de contingencia que tiene que presentar a la Comisión Europea, este lunes ha dado un primer paso y ha aprobado un plan de ahorro energético que afecta al sector privado. "Es un primer paquete", ha dicho este lunes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, encargada de dirigir la elaboración del plan que, por ahora, está dirigido a empresas y no a hogares.

Se trata de un conjunto de medidas aprobadas por el consejo de ministros extraordinario de hoy lunes y que siguen el trazado marcado por el plan de ahorro energético en la administración pública, aprobado en el mes de mayo por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez. El gobierno sigue así hacia la reducción del consumo de gas para ser más "eficientes y sostenibles" y, sobre todo, aumentar las reservas de combustible de cara a un invierno que se presenta complicado: Rusia está reduciendo el suministro de gas y Europa teme que cierre el grifo en cualquier momento. De hecho, este fin de semana Lituania se ha sumado a la lista de países con un corte total.

Control de la temperatura

La regulación de la temperatura de los termostatos es la medida estrella. Del mismo modo que en los edificios de la administración pública que dependen del Estado, el plan del gobierno quiere que en verano se establezca una temperatura del aire acondicionado que no baje de los 27 grados, mientras que la calefacción no debería que superar los 19 grados. La medida será obligatoria y la aplicarán centros de trabajo, espacios vinculados al transporte, como por ejemplo estaciones de tren o aeropuertos, y grandes centros comerciales o culturales. "Un grado del termostato puede representar un 7% del consumo eléctrico en la factura", ha dicho Ribera en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. En todo caso, Ribera también ha destacado que la medida "podrá incorporar flexibilidad en función de las condiciones laborales que necesiten los trabajadores".

En cuanto a la iluminación, se pedirá que las tiendas no tengan las luces de los escaparates encendidas a partir de las diez de la noche, así como los edificios públicos que no estén en uso o los monumentos. Todo ello se tendrá que activar, como máximo, siete días naturales después desde la entrada en vigor de las medidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las medidas tendrán vigencia hasta noviembre del 2023, según ha detallado Ribera, que ha añadido que lo controlarían las comunidades autónomas y que en caso de incumplimiento se aplicarán sanciones.

Establecimientos

El decreto aprobado por el consejo de ministros también instará a tener las puertas cerradas de los establecimientos cuanto más tiempo mejor, de forma que se evite que el frío o el calor se escape del espacio y, por lo tanto, se pierda capacidad energética. Esto también afectaría a grandes establecimientos, como centros comerciales, hoteles o entidades bancarias. Estos edificios también tendrán un margen de tiempo (hasta el 30 de septiembre) para poder instalar este sistema de cierre de puertas.

Otro punto de actuación serán las calderas. El texto incluirá la obligación de revisar con mucha más periodicidad las calderas de empresas y comercios para evitar ineficiencias en el uso de la energía. Esto afecta a los espacios donde la última revisión haya sido anterior al mes de enero del 2021.

Eficiencia

Ribera también ha explicado que para el sector público se ha modificado la ley de contratos para que se adjudiquen por la vía de urgencia los contratos que tienen que ver con la eficiencia energética. También se han aprobado 350 millones de euros en ayudas para incrementar la eficiencia en empresas.

Pendiente de las comunidades

El ministerio de Transición Ecológica también ha instado a las comunidades autónomas, así como a los ayuntamientos, a aprobar planes similares al del ahorro energético para la Administración del Estado. De hecho, a mediados de julio la cartera que dirige Teresa Ribera mandó una carta a los responsables de las comunidades en este ámbito en la que pedía "hacer extensivo al ámbito de la administración autonómica las medidas de ahorro, eficiencia energética y movilidad sostenible", según recoge la carta a la cual ha tenido acceso este diario.

El departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural apunta que desde el año 2007 existe el plan de ahorro y eficiencia energética que afecta a la actividad ordinaria de la administración pública y que se renueva cada cuatro años. De hecho, en estos momentos se está trabajando en su renovación (el actual está en vigor desde el año 2018), explican fuentes del departamento al ARA. Las mismas fuentes matizan que hay que conocer, una vez se apruebe, la letra pequeña del plan de contingencia español "para poder valorarlo" y ver cómo afecta a Catalunya. La duda es qué se pedirá a las comunidades ante la necesidad de reducir hasta un 7% el consumo de gas. A guisa de ejemplo, Catalunya cuenta con mucha industria petroquímica muy dependiente del gas.