El otoño "reformista" del gobierno español

Madrid"El gobierno de la recuperación". Así presentó Pedro Sánchez los cambios dentro del ejecutivo español del mes de julio y así encara un otoño en que, a pesar de que la pandemia continúa esparciendo algunas incertidumbres, el terreno económico jugará un papel imprescindible para apuntalar, precisamente, la salida de la crisis en 2022 y una plena recuperación en 2023, como el mismo Sánchez ha fijado en el calendario. Hoy por hoy, el ejecutivo saca pecho de una primavera económica con un crecimiento del PIB mejor de lo previsto –aumentó un 2,8% el segundo trimestre– y de un mercado laboral que parece aguantar el choque económico: con un paro que cae día a día y con una cifra descendente de trabajadores que continúan acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo. También se aferra a los 10.000 millones de euros de fondos antipandemia europeos que pueden llegarán antes de que se acabe el año, y que servirán para "impulsar" el crecimiento.

Ahora bien, también hay grietas estructurales como la dependencia económica del turismo, que causó estragos el primer año de pandemia; la precariedad y temporalidad en el mundo laboral, que afecta sobre todo a jóvenes y mujeres; y una más reciente, la alza de los precios sin precedentes de la luz y que determinarán también la manera cómo se saldrá de la crisis. Los próximos cuatro meses, el gobierno tiene delante una "agenda reformista", en palabras de Pedro Sánchez, que recoge cambios en políticas laborales, sociales y también fiscales. Una agenda marcada por una continua negociación, fruto de las diferencias ideológicas –más en materia económica– entre los dos socios del gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) y también del tira y afloja con los agentes sociales (sindicatos mayoritarios y patronales) con quienes el gobierno español se ha comprometido a dialogar algunas de las medidas.

El pistoletazo de salida lo dio la primera parte de la reforma de las pensiones y la revalorización con el IPC como medida estrella, una norma que afecta a casi nueve millones de pensionistas y que no solo obtuvo el visto bueno de los agentes sociales, sino también de la comisión del Pacto de Toledo. Pasados estos filtros, y el del consejo de ministros, el primer bloque de la reforma llega al Congreso, donde la aprobación no se presenta fácil en el ejecutivo. El Partido Popular, hoy por hoy, da la espalda, a pesar de que en su momento la aprobó en el marco del Pacto de Toledo, y algunos de los socios con quienes el gobierno se ha apoyado para aprobar los presupuestos generales del Estado, como ERC y Bildu, ya han avisado que no les convence. La normativa, por lo tanto, todavía es susceptible de cambios.

Pero el gobierno español todavía tiene que hacer deberes. El ministerio de la Seguridad Social ha dejado para el primer semestre de 2022 el futuro sistema de cotización para los autónomos, a pesar de que ya se está negociando y que las organizaciones de trabajadores por cuenta propia exigen "rapidez". Para el final del año que viene tocan el resto de cambios, algunos de los cuales espinosos, como la revisión del cómputo de años de cotización para fijar la pensión y que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá (PSOE), quiere ampliar. Una propuesta que no gusta a Podemos.

Cambios laborales

En el ámbito laboral, el ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz ha ganado un pulso: la confirmación de una "inmediata" subida del salario mínimo profesional, de entre 12 y 19 euros, después de ocho meses de congelación. Ahora, Díaz tiene delante algunas de las carpetas más complicadas del nuevo curso. Primero, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE ), que a pesar de que caducan este 30 de septiembre todo el mundo da por hecho que se prorrogarán, habrá que ver si con matices.

Después, y también sobre los ERTE, el gobierno tiene que empezar a diseñar la estructura de los futuros expedientes "permanentes": un nuevo mecanismo de ajuste interno de las empresas alternativo a los despidos. Su discusión irá ligada a la de la reforma laboral, apuntan fuentes conocedoras de la negociación al ARA, la línea maestra en materia legislativa que se tiene que aprobar antes de diciembre según el compromiso con Bruselas.

La derogación completa de la reforma laboral del Partido Popular del año 2013 ya es un espejismo. Díaz batallará por cambiar algunos de los aspectos más controvertidos: se quiere recuperar la ultraactividad de los convenios, poner techo a la subcontratación y que los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de la empresa. También se apostará por simplificar los contratos a tres: uno estable, otro temporal –limitado a situaciones muy específicas y justificadas– y uno de formación. Hasta ahora la patronal ha mostrado desacuerdo, pero en este caso, quien también encabeza un frente reticente a una reforma profunda es la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Pero a los trabajadores también les afectará la futura ley de diversidad familiar. El ministerio de Derechos Sociales trabaja para ampliar el permiso de maternidad y paternidad y, además, aprobar una ayuda a la crianza.

Vivienda y fiscalidad

A pesar de que los ocho meses de retraso en la ley de vivienda estatal siembran el pesimismo sobre su aprobación, el plan normativo del gobierno español para 2021 la prevé. Después del cambio de carteras en el ministerio de Transportes, la flamante ministra Raquel Sánchez (PSOE) –que como alcaldesa de Gavà reguló los alquileres en zonas tensionadas– solo se ha reunido una vez con el ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra (Podemos), con quienes negocia la ley. Según ha podido saber el ARA, de momento no se ha fijado ninguna nueva reunión ni tampoco un calendario para continuar negociando.

La clave de vuelta es la regulación de los alquileres. Para Podemos limitarlos directamente es una línea roja, mientras que el PSOE defiende los incentivos fiscales para rebajar el precio. Además, el ministerio de Raquel Sánchez también tiene encima de la mesa el diseño del futuro sistema de pago en las carreteras, que sustituya a los peajes.

Finalmente, quien tampoco se escapa de un otoño intenso es el ministerio de Hacienda. La titular, María Jesús Montero, tiene que conseguir los votos para sacar adelante las cuentas públicas del Estado para 2022, que volverán a engordarse gracias a los fondos antipandemia europeos (que, por ejemplo, permiten mantener el techo de gasto del año que viene muy parecido al de 2021), y también tiene que sacar del cajón la reforma de la armonización fiscal, la del modelo de financiación autonómica y, finalmente, la reforma fiscal.

"Se aprobará alguna medida (fiscal), pero este año no será el de la revolución fiscal", anticipan fuentes del ministerio de Hacienda al ARA. A pesar de que Podemos quería cambios este año, el ejecutivo se esperará a las conclusiones del grupo de expertos a quienes ha encargado un informe sobre la reforma fiscal y que está previsto que llegue en febrero del año que viene. Sobre el modelo de financiación autonómica y la armonización fiscal, hoy por hoy solo ha habido reuniones técnicas alrededor del concepto de "población ajustada" para definir exactamente qué variables (y cómo tienen que computar) se tendrán en cuenta a la hora de repartir el dinero entre las comunidades.