Sánchez arranca el curso político exhibiendo el eje social y pasando de puntillas sobre Catalunya

Madrid / BarcelonaHasta que no se produzca inevitablemente la reunión de la mesa de diálogo, Pedro Sánchez intenta pasar de puntillas sobre Catalunya. El gobierno español ya había dado suficientes pistas de ello al no revelar si el presidente formará parte de la mesa y aparcando indefinidamente la reforma de la sedición, pero este miércoles el propio Sánchez ha sido explícito cuando no ha mencionado ni una sola vez el frente abierto con el independentismo. La prioridad en el arranque del nuevo curso político es la recuperación económica y social y así lo ha puesto de manifiesto en la conferencia que ha pronunciado ante empresarios, sindicatos y miembros de la sociedad civil en la Casa de América de Madrid, en la que ha anunciado una subida “inmediata” del salario mínimo interprofesional y ha prometido solucionar el problema del elevado precio de la luz. 

El escenario político en Madrid presenta a un PP que remonta en las encuestas, una ventana de oportunidad para el gobierno español para gestionar con éxito los fondos europeos y un conflicto catalán que el PSOE no puede ignorar si quiere mantener a algunos de sus socios parlamentarios más importantes, como Esquerra. Sánchez ha querido dar un golpe de efecto a la legislatura remodelando su ejecutivo para encarar la nueva etapa y frenar las buenas perspectivas del PP, y esto pasa por acertar en la recuperación pospandemia. La clave para el presidente español es que también tiene que preservar las alianzas en el Congreso.

En el Palau de la Generalitat no ha pasado desapercibida la actitud de Sánchez con la carpeta catalana. Una de los miedos en la Plaça Sant Jaume es que el gobierno español interprete que con los indultos ya dio todo el margen que tenía al soberanismo. El pasado lunes, en TV3, el president Pere Aragonès ya avisaba al presidente español de que si ningunea la mesa de diálogo “todo saltará por los aires”. La principal herramienta que tiene el republicano para presionar a Madrid es la importancia que tendrán los 13 diputados de Esquerra en la cámara baja si Sánchez quiere aprobar los presupuestos generales del Estado. La geometría variable que incluía a Cs como un posible socio quedó enterrada cuando la coalición miró hacia la mayoría de la investidura para las cuentas de 2020.

Así, si el verano empezaba con Aragonès diciendo que la mesa de diálogo y la negociación de las cuentas públicas no tenían nada que ver –para liberar de presión la negociación–, esta percepción ahora se ha resituado. Fuentes del Govern insisten en que la mesa y los presupuestos siguen sin ser “vasos comunicantes” pero que, si Sánchez ningunea la mesa, será “difícil” seguir colaborando como hasta ahora con la gobernabilidad del Estado. En cambio, desde la Moncloa puntualizan que se está trabajando “con normalidad” con la Generalitat para preparar la mesa de diálogo, pero siguen escondiendo si Sánchez participará en ella. Su entorno tampoco acaba de concretar de qué depende su presencia o no en el encuentro.

La presión de Unidas Podemos

A la espera de la mesa de diálogo, Sánchez prioriza el eje social para contrarrestar la oposición frontal del PP y frenar la presión de Unidas Podemos, que ha subido el tono en el debate sobre el precio de la luz. Hace semanas que los dirigentes del espacio violeta no escatiman dardos contra los socialistas por no afrontar con suficiente determinación el alza del mercado energético y este miércoles la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha reconocido las discrepancias. En una entrevista a Onda Cero, se ha sumado a la idea de acabar con los beneficios desorbitados por la vía rápida –no con un proyecto de ley que requiere una tramitación parlamentaria relativamente larga– y poner límites a las energías nuclear –un precio fijo como Francia– e hidroeléctrica –un techo máximo.

Sánchez había reivindicado por la mañana que el gobierno español “se hace cargo de la preocupación social” que genera el precio de la luz, pero ha querido dejar claro que ha actuado y lo seguirá haciendo con medidas “coyunturales y también estructurales”. De momento, solo ha habido de las primeras. A la vez, a la Moncloa sostienen la necesidad de hacer una tarea de pedagogía para explicar a la ciudadanía la incidencia real que tiene en la factura la situación actual, dando a entender lo que ya apuntó la ministra Teresa Ribera hace unas semanas: que el consumidor no lo nota tanto.

El precio de la luz y el anuncio sobre el SMI han sido dos de los principales mensajes que Sánchez ha dado en la conferencia Una recuperación justa, en el que ha hecho balance de un año y medio en pandemia. Por un lado, ha celebrado la vacunación y los vientos de optimismo de los indicadores económicos; y, por el otro, ha extraído una “inolvidable lección: hay que contar con un estado del bienestar fuerte”. El PP ha reaccionado rápidamente al discurso del presidente español y su líder, Pablo Casado, lo ha calificado de “autobombo”.

Ayuso, líder de la oposición

Pero la gran respuesta ha llegado desde la Puerta del Sol, la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha retomado la actividad después de las vacaciones anunciando que eliminará el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados y el impuesto sobre el depósito de residuos, y convertirá así Madrid en la única autonomía del Estado sin tributos propios. La batalla sobre la armonización fiscal todavía no llegará este año, pero el PP hace tiempo que branda la flexibilización impositiva como bandera. La reaparición de Ayuso ha descolocado a los dirigentes populares, que no se esperaban que este martes el entorno de la presidenta madrileña filtrara su intención de postularse para presidir el PP de Madrid.

El nuevo curso político coge impulso con promesas sociales de Sánchez, que tarde o temprano tendrá que poner la mira en la cuestión catalana si no quiere poner en peligro la frágil mayoría en el Congreso.