La pandemia alarga el escudo económico del gobierno Sánchez

MADRIDLa evolución todavía incierta de la pandemia no permite sacar el pie del acelerador de los estímulos fiscales y las políticas expansivas; o, como mínimo, no en España. En un momento en el que la economía todavía no se rehace –el Banco de España calcula que no se recuperará el PIB previo a la crisis hasta el 2023–; la inflación crece más de lo previsto, fruto de la espiral alcista de los precios de la luz, y los cuellos de botella por el desabastecimiento se mantienen, el gobierno español se ha visto empujado a prorrogar (o poner en marcha) parte de las medidas fiscales, energéticas y laborales, entre otras, que conforman el escudo económico para hacer frente a la crisis. A estas medidas hay que añadirles la puesta en marcha de reformas que tienen que permitir relanzar la economía, y que están vinculadas a los fondos europeos. 

Factura de la luz

El gobierno ha prorrogado hasta el 30 de abril la rebaja del IVA

Ante la escalada de precios, el consejo de ministros de este martes ha aprobado prorrogar la rebaja de impuestos de la factura de la luz, de momento hasta muy entrado el 2022. En concreto, el gobierno ha decidido mantener la rebaja del IVA de la luz del 21% al 10%, así como la reducción del impuesto especial de la electricidad del 5,1% al 0,5% hasta el 30 de abril de 2022. En cuanto a la suspensión del impuesto de producción eléctrica (7%), solo se prorrogará hasta el 31 de marzo del año que viene. El conjunto de medidas se traducirá en una reducción de los ingresos públicos de más de 2.000 millones de euros. Además, en estos momentos también se está tramitando la rebaja de los cargos de la electricidad, que todo indica que pasará a ser de un 30% todo el año, unos 7 euros menos por factura. Para un cliente medio, estos cargos suponen el 20% de la factura.

En cuanto a los consumidores vulnerables, se prorrogan hasta el 30 de abril los descuentos en el consumo de energía vinculados al bono social eléctrico: del 60% en el caso del consumidor vulnerable general y del 70% en el caso de los casos severos (1,2 millones de hogares). Este mes de diciembre también se ha puesto en marcha el cheque de 90 euros por hogar para los consumidores que se acogen al bono social térmico del invierno. Con todo, el ejecutivo ya prorrogó hasta el 28 de febrero del año que viene el llamado escudo social, que incluye la prohibición de cortar los suministros básicos de agua, luz y gas natural y la suspensión temporal de algunos desahucios sin alternativa habitacional, así como pedir una moratoria o una condonación parcial del alquiler si el propietario de la vivienda es un gran tenedor o una institución pública, entre otras medidas. 

ERTEs hasta febrero

Empresas y trabajadores, pendientes de la reforma laboral

En materia laboral, mientras gobierno español, sindicatos y patronales negocian a contrarreloj la reforma laboral, empleados y empresarios todavía tienen la posibilidad de acogerse a un ERTE en caso de que la evolución del covid-19 los obligue a reducir o cerrar la actividad. Los expedientes actuales entraron en vigor en noviembre y lo estarán hasta el 28 de febrero. Son la antesala a los expedientes permanentes que gobierno y agentes sociales están negociando en el marco de la reforma laboral y que como novedad principal incluyen la vinculación de las exoneraciones a las empresas a la formación de los trabajadores. En estos momentos todavía quedan 84.126 empleados, sobre todo del sector de las agencias de viajes, afectados por un expediente fruto de las restricciones causadas por la pandemia. Además, hay 25.984 trabajadores afectados por un ERTE no relacionado con las restricciones sanitarias.

En materia de la Seguridad Social, los últimos cambios en el ingreso mínimo vital implican medidas como un aumento de la prestación del 3%, tener en cuenta los ingresos del año en curso y no del anterior o no contabilizar algunas prestaciones a la dependencia a la hora de calcular la renta. Con estas modificaciones el Estado prevé duplicar los beneficiarios actuales (de momento, la prestación ha llegado a 320.000 familias).

Reformas empresariales

El consejo de ministros aprueba la futura ley concursal

En materia legislativa son tres las grandes reformas económicas, que afectan a empresas y autónomos, hasta ahora aprobadas por el gobierno español y vinculadas al plan de recuperación: la ley crea y crece, que permite crear una empresa con un euro; la ley start-up, con beneficios fiscales para el sector, y, finalmente, la ley concursal, que este martes ha sido aprobada por el consejo de ministros. Esta última tiene por objetivo flexibilizar los procedimientos de insolvencia de las empresas y el perdón de la deuda. En términos generales, la norma transpone la directiva europea de reestructuración e insolvencias. Además, permitirá a las empresas y a los empresarios que están en una situación de dificultad financiera tener acceso a un “procedimiento efectivo de reestructuración preventiva” para seguir con su actividad.

Para los que se declaren insolventes, se abre la puerta a poder aprovechar las exoneraciones de la deuda, después de un periodo de tiempo, cosa que favorece la "segunda oportunidad" y reduce la duración del procedimiento concursal. Finalmente, el proyecto de ley incorpora por primera vez medidas específicas dirigidas a las micropymes. A partir de ahora estas empresas pequeñas, así como los trabajadores autónomos, dispondrán de un procedimiento específico a la hora de declararse insolventes. 

Con todo, y mientras esta ley no llega, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha abierto la puerta a prorrogar la moratoria concursal actual, prorrogada hasta el 30 de junio del año que viene.

La gran industria  

Flexibilidad hasta el 31 de marzo para modificar los contratos 

El sector industrial ha sido uno de los más golpeados por el precio disparado del gas natural. El gobierno permitirá que los clientes, es decir, grandes empresas del sector, puedan suspender o romper sus contratos hasta el 31 de marzo del año que viene. Una medida que ya se aprobó durante los peores meses de la pandemia y que el consejo de ministros de ayer volvió a poner encima de la mesa. Estas últimas semanas las fábricas habían avisado al ejecutivo de que se veían abocadas a parar la producción ante la imposibilidad de hacer frente al consumo eléctrico.

Hasta ahora este sector podía "renegociar" contratos estables con las eléctricas, es decir, a un precio fijo, ya sea a través de la prórroga automática o la ampliación, y, a cambio, las compañías energéticas esquivaban el recorte de las ganancias extraordinarias.