Las pensiones: pistoletazo de salida de un otoño de reformas
El consejo de ministros aprueba el proyecto de ley para mandarlo al Congreso de Diputados
El nuevo curso del gobierno español después de las vacaciones de verano arranca con una de las carpetas económicas más importantes de la legislatura encima de la mesa: la de las pensiones. Este martes, el consejo de ministros ha aprobado el proyecto de ley de las pensiones. "Cumplimos con las recomendaciones del pacto de Toledo y garantizamos el poder adquisitivo de los pensionistas", ha defendido la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa. El ministerio de Inclusión Social y Seguridad Social y los agentes sociales –sindicatos mayoritarios y patronales– cerraron el acuerdo sobre la primera parte de la reforma del sistema a finales de junio y, después de que el consejo de ministros aprobara la tramitación urgente el 6 de julio, ahora ha vuelto a darle luz verde como proyecto de ley para trasladarlo al Congreso de Diputados, donde todo apunta que llegará este septiembre.
"Una década después se recupera el consenso en materia de pensiones", ha dicho Isabel Rodríguez, ministra portavoz, después de la reunión del gobierno. El hecho es que este acuerdo para la reforma de las pensiones tumba la reforma unilateral del gobierno de Mariano Rajoy de 2013 y se alinea con una parte de la reforma prevista en el Plan de Recuperación presentado en Bruselas, y que el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que tener aprobada antes del 31 de diciembre de 2021 para que entre en vigor en 2022.
Casi nueve millones de pensionistas se verán afectados por los principales cambios, entre los cuales está la revalorización de las pensiones: el IPC de los doce meses anteriores será el indicador para revalorizar las pensiones cada año y, por lo tanto, se pone punto final al índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba la subida anual a un 0,25% en situación de déficit. Organizaciones como Funcas han avisado de que la medida se traducirá en un gasto adicional del gobierno español, que, a pesar de que había calculado una inflación del 0,9% para este 2021, ahora ya sitúa el IPC en un 1,9%.
La reforma también sitúa las jubilaciones anticipadas en el punto de mira, el gobierno confía en la aprobación de incentivos para alargar la edad laboral y se recorta la jubilación anticipada, si bien el acuerdo rebaja las penalizaciones cuando el trabajador se jubila anticipadamente de manera no voluntaria. En concreto, el acuerdo regula incentivos que pueden llegar al 4% en la base reguladora por cada año de demora o un cheque que va de 4.786,27 euros para las pensiones más bajas hasta los 12.060,12 euros para las pensiones más altas con más de 44 años de cotización. Además, también se pone límite a la jubilación forzosa prohibiendo obligar a jubilarse a los trabajadores de menos de 68 años. Otros puntos del acuerdo afectan a las parejas de hecho, becarios y la atención a la dependencia.
Ahora bien, el ministerio que dirige José Luis Escrivá (PSOE) ha dejado para más adelante los puntos más calientes que tienen que completar la reforma del sistema de pensiones. Como el mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá el factor de sostenibilidad y que todavía se tiene que empezar a negociar con los agentes sociales, a pesar de que el plazo fijado en el acuerdo social da margen solo hasta el 15 de noviembre, la revisión del cómputo de años de cotización para fijar la pensión o la aprobación del nuevo sistema de cotización para los autónomos según sus ingresos reales.
Desde la asociación UPTA se presiona a Escrivá para que la parte que afecta a los trabajadores autónomos entre ya en funcionamiento en 2022. A su vez, desde CCOO y la UGT celebran el paso adelante pero recuerdan al gobierno que "queda una larga negociación de cuestiones muy importantes", como por ejemplo el mecanismo de equidad intergeneracional que piden que "tenga una definición adecuada y no restrictiva", ha dicho el secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo.
El gobierno español también confía en que el traspaso de los denominados "gastos impropios", más de 22.000 millones de euros que hasta ahora ha asumido la Seguridad Social, a las cuentas públicas estatales se traduzca en un balón de oxígeno para la caja del sistema de pensiones, de la que cada vez dependerán más pensionistas, según los pronósticos de Eurostat.
Carpetas pendientes
Sin embargo, esta solo es una de las carpetas económicas que el gobierno español tendrá que abrir este otoño. Más allá de los pensionistas, el ejecutivo tiene otros temas pendientes, como reformas –algunas comprometidas con Bruselas– como la laboral; decidir si se prorrogan o no los ERTE y la estructura de un sistema de expedientes "permanentes", y la aprobación del salario mínimo interprofesional.
Ahora tendrán que ser los partidos quienes digan la suya en la tramitación parlamentaria. El PP, Vox y Ciudadanos han criticado algunas de las medidas de Escrivá, pero también Esquerra Republicana y el PNV han avisado de que la reforma podría ser "mejor". Rodríguez ha defendido que el proyecto de ley "es susceptible de ser mejorado" en el Congreso, si bien ha recordado que tiene el visto bueno de la Comisión del Pacto de Toledo y de los agentes sociales.