Pimec redobla la presión para poder incidir en la reducción de la jornada laboral

MadridQue la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que plantea el gobierno español no agrada a las patronales catalanas no es ninguna novedad. Quizá por eso no se cansan de recordar su cruzada contra la reforma. Este martes quien lo ha hecho ha sido Pimec, en el marco de una cumbre organizada en Madrid por Conpymes con el lema "Reducción de jornada: ¡así, no!" Desde esta patronal denuncian una "imposición" del ministerio de Trabajo, en palabras del presidente de Conpymes, José María Torres, y reclaman, entre otras cosas, que el texto se adapte a los sectores: desde el despliegue de la reducción de la jornada, pero también el nuevo registro horario o la desconexión digital previstos en la ley y que desde la pequeña y mediana empresa.

El tono de este martes no ha sido ni mucho menos benevolente con el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, la pequeña y mediana empresa le ha endurecido: "Nosotros ahora nos centraremos en que esta norma no se aprobará", ha afirmado Torres en declaraciones a los medios de comunicación. El presidente de Conpymes cree que en caso de que se abra el período de enmiendas durante el trámite parlamentario, las empresas "habrán perdido la batalla". Esta posición se alinea con la de la patronal española CEOE y la catalana Foment del Treball, que ya se descolgaron del acuerdo para reducir la jornada, y supone un quebradero de cabeza para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Negociación con los partidos

En este contexto entran en juego los distintos partidos políticos en el Congreso de los Diputados y en especial los socios habituales del gobierno español. Desde la pequeña y mediana empresa confirman que se han reunido con todos ellos, también con ERC y Junts, para que presionen para que la norma no prospere tal y como está planteada, o que en caso de tramitarse se modifique a través de enmiendas. Pero el recelo de Conpymes es convertirse en una "moneda de cambio" de las negociaciones entre el gobierno español y los partidos. Es decir, temen que socios como Junts acepten la reducción de la jornada a cambio de algún otro compromiso del ejecutivo de Pedro Sánchez.

En todo caso, con quien más sintonía han encontrado los empresarios es con los de Carles Puigdemont, que de entrada no abrazan la reducción de la jornada laboral, aunque han abierto la puerta a negociar. El gobierno español, por ejemplo, guardó en un cajón las ayudas directas a las empresas para que se adapten a la norma. De hecho, diferentes patronales catalanas, empezando por Foment del Treball, han desfilado por Waterloo para que Carles Puigdemont detenga o cambie la norma que por ahora está sobre la mesa. Según ha podido saber el ARA de fuentes conocedoras de estos contactos, incluso se les está presionando para que presenten una enmienda a la totalidad justo cuando el anteproyecto de ley llegue a la cámara baja española.

"[El planteamiento del gobierno con la reducción de la jornada] atenta contra la libertad de empresa y contra el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y los empresarios", han denunciado todas las organizaciones de Conpymes, incluida Pimec, en un comunicado.

Hace tiempo que Pimec denuncia que el pequeño y medio empresario, así como los trabajadores autónomos, han quedado "excluidos" del debate de la norma. "Es el momento de un diálogo abierto y equilibrado, que tenga en cuenta la productividad, el absentismo y las particularidades de cada sector", reivindica Pimec. Hay que tener en cuenta que detrás de esta queja también está la denuncia de no estar representados en el diálogo social en el Estado. Pimec y, en consecuencia, Conpymes quieren una silla propia en el Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo del gobierno español en el que están presentes los sindicatos y las patronales más representativas. En este sentido, Conpymes reconoce que por el momento no se plantea hacer un frente común con la CEOE.

Al acto de este martes se han desplazado unos sesenta empresarios catalanes. Fuentes del ministerio de Trabajo ven el evento como un gesto "habitual" de las patronales. "Defienden los intereses de las empresas y no de los trabajadores", apuntan las mismas fuentes. "Desde el ministerio estamos dispuestos a escuchar [las reivindicaciones] durante el debate parlamentario", aseguran en la cartera que pilota Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo ha hecho de esa reforma su bandera.

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales está por volver a pasar por el consejo de ministros, donde sólo se ha aprobado en primera vuelta. Una vez se apruebe en segunda vuelta (fuentes consultadas por el ARA indican que "probablemente" será la primera semana del mes de abril) dará el salto al Congreso de los Diputados y la aritmética parlamentaria no garantiza que se apruebe con los socios habituales del gobierno de Pedro Sánchez. Desde el ministerio de Trabajo aseguran que se está dialogando con todo el mundo. "Las conversaciones avanzan bien", apuntan fuentes de Treball. La intención es que la reforma se ponga en marcha ese mismo año.