La recta final de la negociación para limitar el precio del gas topa con las empresas eléctricas
Bruselas recuerda a los Veintisiete que pueden tomar "medidas fiscales" pero apuesta por las ayudas directas a familias y empresas
MADRIDDías decisivos para que la promesa de Sánchez de poner un límite al precio del gas para la península Ibérica se haga realidad. El gobierno español negocia a contrarreloj con la Comisión Europea, y de la mano de Portugal, el visto bueno para poder poner el tope a 30 euros el MWh esta energía y, así, abaratar la luz. "Aún quedan algunos elementos por resolver", anticipaba hace unos días la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que confiaba tener "aprobada y aplicada" a principios de mayo la medida.
Los contactos entre los dos países y la Comisión han sido constantes desde que se anunció la propuesta. De hecho, mañana martes hay una nueva reunión entre Ribera, su homólogo portugués José Duarte Cordeiro y la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en que el tema de la energía estará sobre la mesa, explica una portavoz de la Comisión. Bruselas, sin embargo, evita mencionar el debate sobre la propuesta, mientras que desde el gobierno español confirman que la reunión es para "seguir trabajando y analizar la propuesta" para la Península Ibérica, apuntan fuentes del ministerio de Transición Ecológica. Con todo, a estos flecos técnicos pendientes de acordar con Bruselas –que siempre se ha mostrado reticente a tocar el sistema eléctrico comunitario– se añade un obstáculo: el desafío de los operadores del mercado eléctrico, contrarios al plan de Portugal y España.
A ojos de los operadores de los mercados eléctricos de los dos países, la propuesta que se está negociando con Bruselas puede ocasionar un "importante y relevante impacto" sobre los mercados a plazos, es decir, aquellos en que ya se ha vendido la energía para las próximas semanas, meses, trimestres o, incluso, años. Así lo ponen de manifiesto en una carta empresas agrupadas en OMI (donde participan empresas energéticas como Endesa, Iberdrola, Naturgy o Repsol, y financieras, como el Banco Santander o el BBVA), OMPI, BMEClearing y MEFF. Estas organizaciones hicieron llegar el 22 de abril a las secretarías de estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país y al comité técnico del mercado de gas ibérico (Mibel) un documento en que alertan que "la potencial intervención del mercado no alineada con la UE originará un importante riesgo regulador y pondrá en entredicho la credibilidad necesaria durante el proceso de formación de los precios", según se desprende del texto al que ha tenido acceso el ARA .
Para el sector, el problema rae en el hecho de que están en juego unos "160 terawatts la hora (TWh)". Esta es la energía que mueven los mercados a plazos y, según las estimaciones de los operadores, supone más del 60% del consumo de la electricidad en España durante un año, que asciende a 260 TWh anuales. Por eso, en la carta defienden que si se acaba limitando el precio del gas se haga a escala comunitaria o que se fije el precio de referencia de OMIE (el operador del mercado eléctrico designado para la península Ibérica), de forma que sirva para todos los contratos derivados de la electricidad. "La ausencia de un régimen regulador claro, inequívoco e incuestionable de determinación del precio y con un periodo de aplicación limitado provocaría una gran inseguridad y un riesgo jurídico", insisten en la carta.
Públicamente, parte del sector ya se había mostrado contrario a la propuesta. "Las soluciones tienen que ser compartidas y no que cada país ruegue medidas de forma aislada", aseguraba el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a principios de abril. Poco después, Ribera lamentaba que las eléctricas españolas quisieran "hacer descarrilar" la propuesta conjunta de España y Portugal.
Movimiento de Bruselas
Mientras, Bruselas ha recordado que los Veintisiete tienen margen para aplicar medidas fiscales y abaratar la luz. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha mandado una carta a los ministros de Economía de la UE en que les recuerda que la normativa comunitaria les permite aplicar –de forma excepcional y temporal– un IVA superreducido (5%) sobre el gas o la electricidad y también sobre "sistemas energéticos eficientes", como las placas solares. También tienen la opción de aplicar rebajas fiscales en aquellos combustibles para la aviación o el transporte marítimo (tanto de pasajeros como de pesca).
Ahora bien, Gentiloni recalca precisamente "la excepcionalidad" de estas medidas ante el aumento de los precios energéticos, pero, a la larga, las sitúa como la opción menos adecuada para cumplir con los objetivos climáticos. En la misma carta, el comisario apuesta por las ayudas directas a las familias y empresas e insiste en grabar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas para compensar el encarecimiento de la factura.