El gobierno español salva 'in extremis' la reforma que obligará en tres años a cubrir las plazas de interinos con personal fijo

"Confío que sí", comentaba la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, justo antes de entrar en el pleno del Congreso de los Diputados y defender el decreto ley que busca acabar con la temporalidad de los interinos. Y así ha sido, pero con emoción: el Congreso ha ratificado in extremis la normativa y lo ha hecho como proyecto de ley y tramitación acelerada, es decir, que todavía se puede modificar si los partidos presentan enmiendas a alguno de los artículos. El acuerdo que ha encabezado el hasta ahora ministro de Función Pública, Miquel Iceta, con los sindicatos mayoritarios, pero con la oposición otros sindicatos públicos minoritarios que denuncian que la reforma dejará sin trabajo muchos trabajadores, ha sido ratificado en segunda vuelta -se ha empatado en la primera votación- con mayoría simple gracias a los votos de los partidos del gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos), ERC, Compromís y otros socios minoritarios.

Para salvar la normativa, Montero ha pactado a última hora que aquellos interinos que hace más de 10 años que lo son y no han sido convocados en ningún proceso de oposición, accedan a la plaza sin opositar y por "valoración de méritos", un acuerdo pactado con Unidas Podemos y al cual se ha añadido ERC. Además, se abre la posibilidad de que algunos procesos de oposición no sean eliminatorios. Estos dos cambios se añaden a una reforma de gran envergadura que no permitirá a las administraciones públicas –incluidos los ayuntamientos y las diputaciones– tener a más del 8% de la plantilla con contratos temporales. Asimismo, deberán cubrir las plazas de interinos con personal fijo en un plazo máximo de tres años y también indemnizar con 20 días por año trabajado a los interinos que pierdan la plaza.

Horas antes del debate, los principales socios del gobierno español, e incluso Unidas Podemos, no habían asegurado su voto favorable. "Me consta que algunos grupos no comparten del todo el planteamiento o algunas normas, pero les anticipo que este gobierno está abierto a negociar", ha dicho Montero, que finalmente ha obtenido su primera victoria desde que tiene las competencias de la cartera de Función Pública.

El PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra. También el BNG, JxCat, PDECat, Bildu y la CUP. Los primeros lo han tildado de "parche", mientras que los catalanes han criticado el "icetazo", en referencia a la reforma, porque han asegurado que "quien pagará el pato serán los trabajadores con despidos e indemnizaciones bajas".

ERC (13 diputados), que hasta última hora había declinado su voto favorable, se ha sumado al acuerdo a pesar de reprochar que "[el decreto] no tendría que haber llegado con tan pocos apoyos y de forma urgente". A sus votos se suman los del PSOE (120), Unidas Podemos (34, puesto que una diputada médica del grupo lila no ha votado en segunda vuelta porque no estaba de acuerdo con la reforma), Teruel Existe (1), Nueva Canarias (1) y Compromís (1), es decir, 170 votos favorables. La normativa ha podido salir adelante también gracias a las abstenciones del PNV (6) y Más País (2).

300.000 plazas

Con esta nueva normativa las administraciones públicas tendrán la obligación de convertir en fijas unas 300.000 plazas a través de oposiciones. Una de las principales preocupaciones de los sindicatos es que muchos trabajadores interinos se queden sin trabajo si no aprueban la oposición. Por este motivo el ministerio de Función Pública ha acordado que aquellos que lleven más de 10 años como interinos accedan por "valoración de méritos". Una medida que se suma a la indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades, así como a la posibilidad de quedar incluidos en la bolsa de trabajo de interinos específica o de integrarse en bolsas ya existentes.

Los sindicatos hace años que denuncian que el Estatuto Básico de los Trabajadores de la Administración Pública ya limita el número de interinos, pero que no se cumple. De hecho, el porcentaje de interinos se sitúa entre el 30% y el 40% en sectores como el educativo o el sanitario. En el caso de las comunidades autónomas la temporalidad afecta a un 30% de los trabajadores públicos, mientras que en los ayuntamientos es del 13% de media. En cambio, en el Estado la temporalidad es del 8%. En el caso de la Generalitat, se sitúa en el 32%. Finalmente, el proceso de estabilización del empleo público tendrá que haberse completado el 31 de diciembre del 2024.

Cumplir ante Europa

Sánchez se ha comprometido ante Bruselas a impulsar la reforma del sector público antes del 2022. Es un compromiso recogido en el documento que la Moncloa envió a la Comisión sobre las reformas vinculadas a los fondos europeos de recuperación, es decir, a cambio de los 140.000 millones de euros que llegarán a España para la recuperación económica después de la pandemia. El compromiso fue bien recibido por parte del ejecutivo comunitario, que hacía tiempo que reclamaba la reforma junto a otras, como la laboral o la de las pensiones.