Sánchez plantea poner un tope al precio del gas de los ciclos combinados para abaratar el precio de la luz

MADRIDA las puertas del Consejo Europeo de este jueves y viernes, en el que los estados miembros de la Unión Europea tendrán que discutir el detalle de las propuestas, todavía abiertas, que Bruselas ha planteado para abaratar el precio de la luz, el gobierno español está perfilando algunas medidas de carácter inmediato –el gran reto del gobierno es que una vez aprobadas, empresas y familias noten su efecto–. El ejecutivo de Sánchez quiere trasladar las propuestas a los socios comunitarios y, sobre todo, intentar materializarlas en el plan de choque que tiene intención de aprobar en el próximo consejo de ministros del 29 de marzo, que debe servir para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania.

Mientras la presión de sectores como el de los transportes o la pesca crece, el ejecutivo es consciente de que algunas de las propuestas que hace tiempo que abandera, como una compra conjunta del gas a nivel europeo, tendrían un impacto sobre la factura a medio y largo plazo, pero no de inmediato. Además, pese a que Sánchez mantiene la ambición, la frialdad mostrada por el norte europeo y en particular Alemania a la hora de reformar el mercado eléctrico tampoco pone las cosas fáciles. Por todo ello, la Moncloa volvió a colocar en el centro tocar el mercado del gas para bajar el recibo rápidamente.

¿Cómo lo haría? Fuentes gubernamentales confirman que la opción de compensar a las centrales de gas ha escalado posiciones. Esta medida obligaría a rebajar, es decir, a poner un tope, al precio del gas que ofrecen las centrales de ciclos combinados en el mercado mayorista (o pool). Dado que con el sistema actual esta tecnología —la más cara— hace subir el precio del resto de energías —como las renovables—, introducir estos cambios debería provocar un descenso automático de la factura.

Ahora bien, el gobierno español debería compensar esta rebaja subvencionando el precio que estas plantas pagan realmente por el combustible, sea en las comercializadoras o en las cotizaciones internacionales. Fuentes gubernamentales no concretan cómo se materializaría esta compensación, pero apuntan que sería a través de los presupuestos generales del Estado o bien con un recargo en la factura de los consumidores que, sin embargo, se verían beneficiados porque el precio conjunto bajaría, según el gobierno. Es decir, se compensaría a las empresas a través del recibo de la luz, pero la aportación no desvirtuaría la rebaja global porque las energías más baratas, como la eólica o la solar, ya no se venderían al precio del gas, que es la tecnología más cara.

Fuentes del sector energético consultadas por el ARA ven la opción de pagarlo con los presupuestos públicos como una de las más "factibles". Esta es una medida que el sector eléctrico ve con buenos ojos desde hace tiempo porque esquiva una intervención del mercado. Por el contrario, las energéticas siguen sin ver bien la opción de que el gobierno refuerce un recorte de las ganancias extraordinarias que obtienen las compañías (obligándolas a reinvertir estos beneficios adicionales en rebajar los costes fijos del sistema), una medida que por ahora se mantiene entre el abanico de opciones que el Ejecutivo estudia. El sector también rechaza que el gobierno fije nuevos impuestos a los beneficios, una senda que ha quedado descartada.

Sin embargo, Sánchez tiene intención de defender que la península Ibérica, España y Portugal, pueda tomar sus propias medidas ante un mercado que el gobierno español tilda de "roto". Ambos países argumentan que juegan con desventaja si se tiene en cuenta el poco despliegue de las interconexiones eléctricas que ha convertido a la Península en una especie "de isla energética". De hecho, el gobierno ve imprescindible mejorar la conectividad con el resto de Europa sacando el polvo a proyectos como el gasoducto del MidCat, pero son medidas no inmediatas.

Carburantes, avales ICO y vivienda

En las últimas horas el gobierno español ha ido dando pistas de hacia dónde quiere encarar las medidas para hacer frente al impacto que el alza de los precios de la energía y los carburantes está teniendo hacia los precios de toda la economía. En cuanto a los carburantes, el ejecutivo apuesta por la vía de las ayudas directas, antes de una bajada generalizada de los impuestos —aunque el ministerio de Hacienda mantiene sobre la mesa la rebaja del impuesto especial sobre los hidrocarburos—. Un ejemplo es el anuncio de los 500 millones de euros en ayudas directas para el gasóleo de los transportistas.

Además, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anticipado la creación de una nueva línea de avales ICO, así como un alargamiento del vencimiento de los préstamos que actualmente tienen las empresas y trabajadores autónomos más afectados por la crisis derivada de la guerra en Ucrania, como reclamaban las empresas.

En materia de vivienda, el Ministerio de Transportes lleva días estudiando medidas como recuperar la prórroga de los contratos de los alquileres —una medida desplegada hasta este mes de febrero— o desvincular el IPC al precio de los alquileres, tal y como explicaba el ARA.

En cualquier caso, el plan de choque completo no se conocerá hasta el 29 de marzo, y una vez los Veintisiete tracen las líneas maestras a seguir para hacer frente al impacto que la guerra en Ucrania ha tenido sobre Europa.