Los sindicatos reclaman una subida de sueldos ante el alza de la inflación
La UGT y CCOO exigen al gobierno un incremento "inmediato" del salario mínimo
MADRID"Tenemos una inflación desbocada. Los salarios tienen que subir". El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha arrancado el nuevo año con la demanda que ya puso encima la mesa semanas antes de la campaña de Navidad. Este martes, el líder sindical ha vuelto a exigir que ante el aumento de la inflación –el IPC interanual avanzado del mes de diciembre se situó en un 6,7%– y, para no perder poder de compra, hace falta que los trabajadores vean aumentados mucho más sus sueldos. En la misma dirección se ha expresado la cara visible del otro gran sindicato (CCOO), Unai Sordo: "España no puede permitirse perder poder adquisitivo".
Los dos sindicatos han emplazado a la patronal a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el marco de referencia de cara a las negociaciones de los convenios entre empresas y trabajadores, caducado desde el 2020. En 2018, cuando se renovó el acuerdo, y hasta el 2020, el AENC recogía un aumento salarial del 2%, así como un punto adicional voluntario vinculado a la productividad, el absentismo laboral y los resultados empresariales.
Pero, ¿en qué cifra se tiene que traducir ahora este incremento? Tanto la UGT como CCOO han evitado concretar un porcentaje, si bien rechazan un aumento medio de los salarios pactados a través de los convenios colectivos como el del mes de diciembre del 2021, que se sitúa en un 1,47% (de hecho, es el aumento más bajo de los últimos cuatro años y supone una fuerte pérdida del poder adquisitivo si se compara con la inflación actual), según se desprende de la estadística de negociación colectiva del ministerio de Trabajo. Ahora bien, los sindicatos también miran de reojo la tasa interanual del aumento de los precios del 6,7%. Según apuntan la mayoría de organismos supervisores, se trata de un aumento de la inflación "persistente" pero "transitorio", fruto sobre todo de la volatilidad de los precios de la energía. Por eso, organismos como el Banco de España o el mismo gobierno español han pedido que no se traslade a los salarios, para evitar "efectos de segunda ronda", es decir, una espiral inflacionista.
El otro dato que está sobre la mesa es la tasa media del IPC de todo el 2021, que, a diferencia de la tasa interanual, se sitúa en un 3,1%. A diferencia de la tasa interanual del mes de diciembre (se compara el dato del IPC con el mismo mes del 2020, cuando la inflación era negativa), la tasa media de la inflación tiene en cuenta lo que pasó cada mes del 2021. Por ejemplo, en enero del año pasado el IPC fue de un 0,5%. Ahora bien, no deja de situarse por encima del último el aumento medio de los salarios registrado.
"La renovación de los convenios se puede convertir en un foco de conflicto social, como ha pasado en Cádiz", advierten los sindicatos. Es por eso que piden acuerdos salariales bianuales o trianuales (de media, la duración de un convenio es de 3,2 años) y la posibilidad de recuperar las cláusulas de garantía salarial, que con los años han desaparecido (en estos momentos, solo un 17% de los convenios las contienen). Estas cláusulas permitían revisar el sueldo en caso de un aumento alto de la inflación, sin tener que estar explícitamente indexados. Ahora bien, la patronal las rechaza. Los empresarios defienden que el hecho de que no existan también permite que los sueldos se mantengan en caso de que la inflación sea negativa, como pasó en 2020.
A todo esto se añade el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), que los sindicatos exigen que sea de 1.000 euros al mes en 14 pagas (ahora se sitúa en los 965 euros mensuales). "Ha de ser inmediato y retroactivo", ha dicho Álvarez. De hecho, desde la UGT se ha pedido que se convoque ya la mesa de negociación con el gobierno y los agentes sociales. Los agentes sociales temen que el ejecutivo alargue la negociación, como pasó en 2021 cuando el SMI se acabó incrementando en el mes de septiembre, a pesar de que han recordado que este aumento fue "el compromiso" que asumió en aquel momento el gobierno.
Pendientes de la reforma laboral
Sobre la tramitación de la reforma laboral, tanto la UGT como CCOO han pedido a las diferentes fuerzas políticas, en especial a los socios de investidura, que convaliden el acuerdo tripartito y, en todo caso, dejen para después otras reclamaciones "legítimas". "Es un muy buen acuerdo y esto no impide que los grupos hagan cambios durante la segunda parte de la legislatura", ha dicho Sordo. Ahora bien, el líder de la UGT sí que ha reconocido la posibilidad de que se introduzcan enmiendas y, por lo tanto, que se modifique el texto, a pesar de que ha pedido que se haga teniendo en cuenta a los agentes sociales.
Una de estas modificaciones podría ser la introducción de la prevalencia del convenio autonómico por encima del estatal, condición sine qua non para partidos como el PNV. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se refería a la cuestión este miércoles: "[Los partidos] Han de jugar su papel; yo dialogo y no arrincono a nadie", ha dicho Díaz, que ha enfriado la posibilidad de llegar a un acuerdo gracias al apoyo de Ciudadanos.