El 23-F: un antes y un después
El golpe de estado de 23 de febrero de 1981 fracasó formalmente, pero al mismo tiempo supuso una involución democrática, en especial en lo que se refiere al desarrollo autonómico. Loapa fue su hija. El 23-F marcó un antes y un después. En realidad, ese intento fallido acabó fijando los límites del régimen de 1978 y legitimando una monarquía surgida de la dictadura, que, en el relato consolidado, en ese cruce del golpe habría apostado por la libertad y contra los militares. ¿Fue realmente así? ¿Hasta qué punto el rey Juan Carlos I conocía los planes del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y del general Alfonso Armada? ¿Qué pactos o conversaciones hubo en ese momento entre los militares, las fuerzas políticas y los poderes fácticos? ¿Quién pagó la frustrada fiesta?
Quedan muchas incógnitas por resolver, preguntas que la desclasificación de los documentos generados alrededor del golpe, y hasta ahora inaccesibles, podría resolver. Han tenido que pasar 45 años. Mucho tiempo. Demasiado tiempo. Más vale tarde que nunca, claro: el anuncio del gobierno español es relevante. Sin embargo, pronto sabremos si de verdad resuelve incógnitas o si la ley de secretos oficiales, todavía vigente –es nada menos que una ley franquista de 1968– sigue siendo una red de protección contra las miserias del estado profundo.
De hecho, este lunes mismo, al conocerse la noticia de la desclasificación documental del 23-F, los grupos que apoyan al ejecutivo socialista de Pedro Sánchez han reclamado también que se desbloquee de una vez la reforma de la ley de secretos oficiales –el intento de reforma quedó detenido el 20 –basándose en la seguridad del Estado–, de la necesaria transparencia democrática.
La democracia española ha ido coja desde la muerte del dictador a la hora de ajustar cuentas con su pasado. De hecho, la polarización política, con el auge de la ultraderecha, ha convertido a la memoria histórica en un renovado campo de batalla. Vox ha hecho bandera y ha arrastrado al PP. El blanqueo de la dictadura está a la orden del día, un relato edulcorado que, de paso, también ha redundado en la sacralización de una Transición que borró el pasado dictatorial. Es el propio mecanismo autoprotector y autoindulgente que en la práctica ha blindado cualquier retoque esencial de la Constitución.
Así pues, el paso que se da ahora con el 23-F es un inicio. Sin embargo, en ningún caso debería ser un final. Queda mucho por explicar, y sólo en la medida en que se pueda avanzar libremente en la búsqueda de la verdad histórica se podrá mirar al futuro democrático con optimismo. En realidad, la construcción de una memoria sin restricciones va en paralelo a la práctica de una auténtica libertad informativa, es decir, de una transparencia de los poderes públicos. También en este terreno queda mucho por hacer.
Todo ello, sin embargo, no quita que esta carta de Pedro Sánchez con el 23-F responda a su necesidad de disponer de algún triunfo de cara a la opinión pública tras dos derrotas electorales consecutivas en Extremadura y Aragón, sin presupuestos garantizados, con casos judiciales que afectan a su entorno la izquierda del PSOE.