El caso Zapatero: plomo en las alas del PSOE
BarcelonaCada día que pasa el caso Zapatero, a la espera de las explicaciones que él mismo prometió que daría el primer día, es más difícil de digerir para el PSOE y los socios que le apoyan. El último episodio es la decisión de la Audiencia Nacional de ordenar el bloqueo de cerca de medio millón de euros de sus cuentas bancarias, la cifra que supuestamente cobró de la empresa Análisis Relevante y que el juez sospecha que en realidad era una comisión por haber ayudado a la aerolínea Plus Ultra a obtener un crédito de 53 millones por parte del Estado en plena pandemia.
Aunque es cierto que en el acta de imputación no aparece una prueba directa del tráfico de influencias, y a falta de conocer con detalle el conjunto del sumario judicial, el relato detallado y muy documentado que hace el juez José Luis Calama de las gestiones para obtener el rescate por parte del empresario y amigo de Zapatero Julio Martínez, así como el flujo de casi dos millones de euros hacia el mismo Zapatero y la empresa de marketing de sus hijas, no deja mucho margen al expresidente. Lo más urgente ahora mismo es aclarar si, como afirma el juez, el entramado de empresas creado por Julio Martínez era una tapadera para enmascarar el cobro de comisiones ilegales por parte de Zapatero y su entorno familiar. Y aquí será clave ver cómo se justifican unos pagos que él no ha negado nunca. La sociedad necesita que estas explicaciones lleguen cuanto antes mejor, porque si no cada día la sombra de la sospecha se hace más larga.
La investigación abre varios escenarios. El peor para el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez sería que se confirmase el tráfico de influencias, porque eso querría decir que habría miembros del gobierno, o al menos de la SEPI, que habrían colaborado con Zapatero para favorecer Plus Ultra. Un segundo sería que no hubiese tráfico de influencias pero sí cobro de comisiones. Aquí habría que ver si la actividad se ajusta a la legalidad, pero la imagen de Zapatero iría igualmente por los suelos, porque se habría descubierto que lo que en principio parecía una actuación desinteresada para promover la democracia y los derechos humanos en Venezuela se habría aprovechado para obtener ingresos como lobista.
Finalmente, todavía existe la posibilidad de que todo sea una construcción ficticia del juez y de la UDEF y que fuera Julio Martínez quien, valiéndose de su amistad con Zapatero, urdiera un montaje para hacer creer a los dueños de la compañía que él tenía la capacidad de influir en la administración para asegurar el rescate. Y que después los pagos a Zapatero de sus empresas fueran a cambio de prestaciones reales.
Sea como sea, el caso pone plomo en las alas del PSOE y de Sánchez, que tendrá que afrontar el último año de legislatura pendiente de los tribunales (las próximas paradas serán la sentencia del caso Mascaretes y el juicio a su hermano), bajo el asedio de la oposición y con los socios marcando distancias y pensando ya en las elecciones. Un panorama muy complicado, incluso para Pedro Sánchez.
