Ceuta: una gestión deficiente y una oposición hipócrita
BarcelonaVeinte días después de la crisis migratoria de Ceuta, el gobierno español parece que empieza a tomar conciencia de que también tiene una crisis humanitaria que debe gestionar. Después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, insistiera en un primer momento en que todas las personas que cruzaron la frontera aquel día volverían por su propio pie como por arte de magia, el paso de los días ha mostrado una realidad mucho más dramática. Casi tres semanas después de la entrada, no hay ni siquiera una cifra oficial de cuántos migrantes adultos y menores quedan en la ciudad. Se sabe, sin embargo, que son 2.168 criaturas las registradas en el sistema de protección, aunque los registros continúan. Las estimaciones de las oenegés y del gobierno de Ceuta son que quedan entre 5.000 y 8.000 migrantes en la ciudad autónoma. Los retornos, sin embargo, continúan a cuentagotas. Y, mientras tanto, todas estas personas, incluyendo a los menores, han pasado días y días sin ningún tipo de atención ni lugar donde alojarse, y se ha creado así una situación muy crítica en la ciudad.
Los últimos días se han alcanzado acuerdos con la ciudad autónoma para habilitar cuatro instalaciones para acoger a los inmigrantes y ahora se trabaja para empezar a trasladar menores a la península. Para esquivar el rechazo de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, el gobierno español ha presentado un plan que prevé un primer traslado de 500 niñas a instalaciones gestionadas por ONGs. Lamentablemente, en todo este asunto la oposición tampoco ha estado a la altura y ha puesto palos en las ruedas a todos los intentos por aliviar la situación en la ciudad autónoma, y ha dejado a su presidente, Juan Jesús Vivas, en una situación muy difícil.
Por ejemplo, este martes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a insistir en la idea de que se debe retornar a todo el mundo, también a los menores, ignorando lo que marca la legislación española al respecto y, sobre todo, la sentencia del Tribunal Supremo de hace un año en la que confirmaba la condena por prevaricación de la exdelegada del gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos (PSOE) y la exvicepresidenta del gobierno de Ceuta, Mabel Deu (PP). ¿El motivo? La repatriación de 55 menores migrantes no acompañados el año 2021 sin respetar el procedimiento, en el contexto de la última gran crisis migratoria en Ceuta.
Por tanto, ¿qué cargo político, de PP o PSOE, se atreverá a firmar una orden de repatriación cuando existen estos precedentes? ¿Quién se expondrá a ser inhabilitado? Las cosas no son tan sencillas como quieren pintar algunos políticos. Un menor que pisa territorio español pasa a estar automáticamente bajo tutela del Estado, que tiene la obligación de velar por su interés principal. Este principio no se puede, hoy por hoy, violar. Si el PP y Vox quieren cambiarlo deberían presentar una propuesta de modificación legislativa al Congreso, cosa que ninguno de ellos ha anunciado a estas alturas.
Lo que se debe exigir al Estado es que ponga todos los medios para atender a las personas afectadas y para resolver, con la mayor rapidez posible, su situación legal. Tanto para retornarlas a sus países de origen como para hacerse cargo de ellas cuando sea necesario.