El descrédito de la UE en la crisis de Ceuta
BarcelonaLa carta conjunta firmada por las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, a favor de crear centros de deportación de inmigrantes en terceros países es el último episodio de cómo la división europea y los intereses internos están erosionando la Unión Europea y convirtiendo la política migratoria en un caballo de batalla político entre los diferentes gobiernos europeos. Al margen de que llama profundamente la atención que la socialdemócrata Frederiksen haga suyo todo el argumentario de la extrema derecha sobre la migración, desde relacionarla con la delincuencia y las agresiones sexuales hasta la necesidad de proteger la cultura cristiana, es evidente que se trata de una hábil jugada de Meloni en su enfrentamiento con el presidente español, Pedro Sánchez, a raíz de la crisis de Ceuta y la decisión de Roma –y después de Madrid– de imponer controles en frontera a los respectivos ciudadanos.
En toda esta crisis se ha echado en falta un liderazgo más fuerte de la Unión Europea, y en especial de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que está desaparecida. En esta ocasión no se ha visto por ninguna parte ni la coordinación que se consiguió, por ejemplo, durante la pandemia ni la posición común defendida ante los aranceles de Trump. Se puede discrepar de la política migratoria de España, evidentemente, pero aprovechar un asalto masivo a la frontera sur de Europa para hacer demagogia con el espacio Schengen como Meloni o para insistir en el discurso de odio al inmigrante, como hacen gobiernos como el danés, no ayuda a la solución, sino que lo complica todo aún más. Y es muy lamentable que ni Meloni ni Frederiksen dediquen ni una sola línea al centenar de personas que murieron intentando entrar a Europa por Ceuta o a los miles que mueren cada año en el Mediterráneo.
Los estados de la UE deben lavar la ropa sucia en casa y negociar una posición común que pasa, también, por ayudar a los países que sufren más presión en sus fronteras, como Italia, Grecia y España. Porque países como Marruecos y Turquía son especialistas en aprovechar estas divisiones en beneficio propio. La idea de subcontratar terceros países para que acojan centros de deportación masiva puede sonar bien a algunas personas, pero la experiencia demuestra que tiene muchas dificultades legales, es cara y no es una solución a largo plazo. Y mientras no sea ya España, sino la Unión Europea, quien encuentre la manera de apretar a Marruecos, este país tendrá la sartén por el mango por su capacidad de provocar crisis migratorias, influir en el debate político español y europeo, y sacar los consiguientes beneficios particulares usando a su propia gente, a la que condena a la pobreza y a la falta de expectativas.
En todo caso, es una obviedad que Pedro Sánchez se ha quedado solo, a su manera, defendiendo la frontera sur de Europa porque ningún país ha ofrecido ayuda de ningún tipo, ni siquiera humanitaria. Pero los gobiernos europeos antiinmigración se equivocan mucho si se piensan que con un gobierno PP-Vox las cosas serían diferentes. El problema no se evaporará y la solución continuará siendo la misma: una posición común europea.