¿Es posible poner fin al sinhogarismo? Fue posible hace unas décadas, en la Barcelona preolímpica. Eran años de vacas gordas y de optimismo cívico. Se consiguió reducirlo a la mínima expresión. Pero las cosas han cambiado mucho. Ahora, sin duda, estamos en otro momento.
Durante el siglo XXI, el problema no ha parado de crecer a remolque del encadenamiento y la superposición de crisis: económica, pandémica, de vivienda, demográfica, de salud mental, etc. El fenómeno es especialmente grave y visible en los grandes núcleos urbanos. Esta primavera sacudió a la opinión pública el episodio badalonés del desalojo –sin ofrecer alternativas a los afectados– del antiguo Instituto B9, donde vivían en condiciones pésimas más de un centenar de personas.
La realidad es que el sinhogarismo está enquistado. Hay causas estructurales que hacen difícil una solución radical. La combinación de precios elevados de la vivienda y de precariedad laboral es un cóctel explosivo de pobreza que deja muchas vidas abocadas a la intemperie y la marginalidad, y no siempre de personas al límite; también de algunas que quizás no hace tanto disfrutaban de un techo y se consideraban de clase media. Ante esto, más allá de buscar un cambio sistémico que evite esta bolsa cada vez más importante de gente que cae en la exclusión, es necesario parar el golpe de los que se encuentran en la calle. Por un mínimo sentido de dignidad colectiva, sí, pero también por seguridad y salubridad ciudadana.
En este sentido, es relevante el anuncio del Gobierno de duplicar la aportación anual de la consejería de Derechos Sociales a los ayuntamientos para atender el sinhogarismo, que pasa de 15 a 30 millones de euros. Además, Derechos Sociales también ha reforzado la colaboración con el mundo local con 115 nuevos profesionales destinados a 70 áreas básicas. La cifra de los 30 millones, sin embargo, queda lejos de lo que pide la Sindicatura de Agravios –calcula que harían falta 73 millones– o lo que consideran que se debería invertir desde la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social –ponen como cifra mínima 100 millones–. Solo en Barcelona, el Ayuntamiento ya dedica cada año 50 millones: casi un millón a la semana. La sensación, en cambio, sigue siendo de una presencia creciente de personas viviendo y durmiendo en la calle. No en vano, la capital concentra y atrae el grueso del fenómeno.
Si bien es cierto que la atención al sinhogarismo es una competencia municipal, al mismo tiempo resulta evidente que hay muchos municipios que no tienen capacidad presupuestaria para hacerle frente. En algunos casos, sin embargo, tampoco tienen voluntad política y solo aspiran a quitarse el problema de encima, a menudo haciendo bandera de mano dura. Así ha ocurrido en la Badalona de Xavier García Albiol, con su política de “limpieza”. La ultraderecha ha hecho suya la idea de la expulsión como única opción, aunque en la práctica sea inviable: en realidad, solo se mueve el problema de sitio. Además, actúa y predica la exclusión sin ninguna consideración humanitaria por la existencia de menores de edad afectados, o de mujeres embarazadas, o de personas con problemas mentales, con enfermedades o con adicciones graves.
Poner fin al sinhogarismo es un desiderátum cívico que presenta una gran dificultad. Es necesario, pues, que administraciones y sociedad civil trabajen de forma coordinada.
