El fracaso de PISA obliga a un pacto nacional
BarcelonaLos desastrosos resultados de las pruebas PISA en el estado español, que son perfectamente extrapolables a Cataluña a pesar de no disponer de datos representativos debido a la chapuza de las exclusiones de alumnado, han disparado todas las alarmas y nos sitúan en un punto de inflexión. Básicamente, porque en realidad eran perfectamente esperables y hace tiempo que hay síntomas de que el actual sistema educativo hace aguas y no da respuesta a las complejidades de la sociedad actual. Ante esta situación, lo que hace falta es exigir a las administraciones, los partidos, la comunidad educativa y la sociedad en general un auténtico pacto nacional que sirva para consensuar una estrategia compartida que vaya más allá de los ciclos electorales. La educación debe dejar de ser un arma política.
Hay algunos diagnósticos compartidos que deberían formar parte de este pacto nacional. Por ejemplo, hay que reforzar la lectura como herramienta educativa, las matemáticas y el razonamiento científico. Si justamente lo que queremos es mejorar las competencias (y las pruebas PISA son básicamente competenciales) hay que apostar por la exigencia y por ejemplo por lecturas obligatorias, y no eliminarlas como se hizo en la última selectividad para la mayoría de estudiantes.
Más allá de los debates sobre metodologías educativas, hay que repensar si bajar los umbrales para evitar más suspensos y repeticiones no ha acabado perjudicando a la mayoría y, sobre todo, a aquellos que pueden aspirar a la excelencia (España tiene un sistema bastante equitativo pero con una proporción de estudiantes brillantes más baja que el resto, según PISA). No se trata de un retorno a las pedagogías de corte clásico como solución porque no estamos en la sociedad de nuestros abuelos, pero sí que se trata de valorar también la importancia de los contenidos y los resultados.
Todo el mundo está de acuerdo en que hacen falta más recursos para gestionar la diversidad en el aula, que ha aumentado enormemente en los últimos años, especialmente a causa de la inmigración. El objetivo debe ser evitar que se consolide una doble red, una para los autóctonos y otra para los recién llegados, algo que sería perjudicial para la cohesión social futura. Pero si se quiere que funcione, la escuela inclusiva debe ser una prioridad absoluta en términos de medios. Con respecto a la organización de los centros, hay que reforzar la autonomía de las direcciones, tanto a la hora de la gestión interna como en la de la contratación.
Todos los cambios, sin embargo, no servirán de nada si no se tiene en cuenta a los docentes, que son quienes los tienen que implementar. Y de la misma manera que se debe exigir más calidad, más preparación del profesorado y más rendición de cuentas, desde la sociedad se debe hacer un esfuerzo para poner en valor el trabajo que hacen los docentes y reconocerlos como es debido. La confianza en el sistema se ha roto en los últimos años, y esto ha hecho que el profesorado haya acumulado un elevado grado de malestar que ha explotado en los últimos tiempos con movilizaciones y protestas. La crisis de PISA debería servir para reconducir la situación y abrir un diálogo sincero y productivo. Maestros y profesores deben volver a ser respetados.