Editorial

Es necesario acelerar la aplicación de la amnistía

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, durante la comparecencia de prensa en Perpiñán el pasado lunes
14/11/2025
2 min

Tras el pronunciamiento del abogado de la Unión Europea a favor de la amnistía es de esperar que en las próximas semanas el TJUE dictamine en el mismo sentido y dé así un impulso definitivo a su aplicación. Porque la realidad es que 522 días después de la aprobación de la ley, el ritmo de su aplicación resulta exasperante a causa de las maniobras dilatorias no sólo del Tribunal Supremo contra los principales líderes, sino de muchos jueces contra distintos encausados.

Resulta así especialmente curioso que el primer colectivo en beneficiarse de forma masiva de la amnistía fuera el de los policías encausados ​​por malos tratos o uso excesivo de la fuerza. Hasta 164 agentes han sido ya amnistiados. No fue hasta el pasado mayo, que son los últimos datos del recuento de Òmnium, que el número de activistas amnistiados superó al de policías, con 178. Según los datos de la entidad, de las 726 personas con causas penales y del Tribunal de Cuentas sólo se ha amnistiado estas 178, mientras que ha habido 9 hab. En 35 casos las peticiones de amnistía han sido directamente denegadas, en 48 se está pendiente de la respuesta de Europa, en 75 todavía no ha habido ninguna respuesta y, atención, en 332 no hay constancia de que se haya empezado a tramitar la amnistía. En el caso de las personas con sanciones administrativas, básicamente multas, sólo se ha amnistiado 21 casos de 884.

Estas cifras demuestran que la justicia española arrastra los pies en esta cuestión y, salvo excepciones, la mayoría de los jueces siguen el ejemplo del Tribunal la amnistía con todo tipo de maniobras dilatorias. Por eso es tan importante el pronunciamiento del jueves del abogado general de la UE. Porque cuando sus argumentos se encuentren en una sentencia del TJUE, el Supremo y el resto de juzgados se quedarán sin argumentos, ya que habrá quedado acreditado que la amnistía no es solo constitucional, como dictaminó el propio TC, sino que no contradice la legislación ni los valores de la Unión Europea (al contrario, porque el abogado general habló de "contexto".

La aplicación total de la amnistía es necesaria para poner fin al sufrimiento de cientos de familias que llevan prácticamente una década viviendo con una espada de Damocles en la cabeza y para acabar de normalizar la vida política catalana. En este sentido, el regreso de Carles Puigdemont, que podría producirse la primera mitad del próximo año si tanto el TJUE como el TC hacen el trabajo, marcará un antes y un después y pondrá fin a una situación injusta, tanto para él como para su partido.

También es cierto que la aplicación total de la amnistía supondría una derrota para los sectores de la magistratura española que llevan desde el 2017 otorgándose un papel que no les corresponde en un sistema democrático. La política debe hacerse en los Parlamentos y no en los juzgados. Ojalá la justicia europea lo acabe de certificar.

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