Necesitamos una administración meritocrática

El amiguismo y el nepotismo, el partidismo digital (nombramientos a dedo por parte de los aparatos de los partidos políticos una vez acceden al gobierno) o el decimonónico vuelva usted mañana, que hizo célebre el periodista Mariano José de Larra, junto con las lacras de la corrupción y la opacidad, son lugares comunes enquistados en las administraciones española y catalana y en la cultura popular. ¿Cómo puede ser que, después de cincuenta años de democracia, todavía no hayamos conseguido tener una administración eficaz y meritocrática, al servicio de los ciudadanos y no de los caprichos políticos de los gobernantes?

Esto no quiere decir que no haya un buen número de funcionarios responsables, que los hay. Pero los resultados del servicio público no son los deseables. En buena medida, esto responde a unos altos directivos nombrados de forma poco objetiva, a menudo con una lógica política no profesional. Una lógica que va ligada tanto a la fidelidad partidista e ideológica como a la financiación de los mismos partidos a través de un porcentaje de los sueldos de estos directivos.

Para intentar cambiar este sistema viciado, el Govern aprobó este martes la ley de la dirección pública profesional con la voluntad de propiciar un cambio cultural entre los altos cargos de la Generalitat, una norma que, si sale adelante, afectará a 727 funcionarios: 320 directores generales y 407 subdirectores. El texto prevé que los procesos de selección, como en cualquier trabajo, se hagan por "mérito e idoneidad", y pone un plazo máximo de siete años (prorrogables) para los mandatos. El objetivo es poner punto final al relevo de cargos cada vez que cambia el color político del gobierno. Y, al mismo tiempo, hacer posible el despido si no se cumplen los mínimos exigibles.

Tener directivos preparados y eficaces en el sector público es perentorio. De hecho, uno de los problemas de la administración es la atracción y retención de talento. El sector privado paga más. También en este punto la nueva norma propone un cambio relevante: el pago de incentivos económicos en función de los objetivos fijados. En concreto, una retribución variable que puede llegar a suponer hasta el 15% de la retribución fija. La norma también propone hacer procesos de evaluación y rendición de cuentas, como ocurre en tantos trabajos.

Sobre el papel, esta norma es un cambio bienvenido. Ya era hora. Pero en este país somos especialistas en hacer leyes fantásticas que después quedan como papel mojado, se aplican a medias o directamente no se aplican. Por lo tanto, ahora sobre todo lo que hace falta es que su implementación sea real y seria, que no se desvirtúe a las primeras de cambio. Es decir, que la clase política en conjunto asuma el espíritu de la norma y ponga el interés del país por encima del interés del partido.

La ley en cuestión se tendrá que tramitar en el Parlament. Sería bueno que contara con un apoyo amplio porque la mejora de la administración es un clamor ciudadano. Pero más allá de su aprobación, lo más importante será la puesta en marcha, para la cual hará falta valentía y decisión, tanto a la hora de hacer los nombramientos como en el momento de evaluar el trabajo y decidir, por ejemplo, el reparto de incentivos sin caer en falsos igualitarismos. Ojalá estemos a las puertas de una administración tan democrática y transparente como meritocrática.