El papel de la justicia en la crisis de Ceuta
BarcelonaLa jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto una causa penal para investigar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del 30 de julio como un "ataque grave a la integridad territorial de España". Entre los delitos que la jueza quiere investigar están los que "comprometen la paz o la independencia del Estado", que son los que van del 589 al 597. “Se deduce que el delito tiene una intencionalidad de atentar contra el Estado”, añade la jueza, que recuerda que Pedro Sánchez presentó los hechos como una “violación de la integridad territorial de España”. Y también recuerda que un "flujo migratorio masivo" es "uno de los métodos característicos de la guerra híbrida". Así pues, desde este lunes hay un tribunal español –y no uno cualquiera– investigando si Marruecos lanzó una operación de guerra híbrida contra España el pasado 30 de julio.
Esta causa, que puede estar jurídicamente justificada, plantea muchas dudas. Según el artículo 97 de la Constitución, corresponde al ejecutivo la dirección de la política exterior y la defensa del Estado. Aquí se puede dar un choque entre el poder judicial y el poder ejecutivo, ya que la investigación de la Audiencia Nacional puede acabar afectando a las relaciones entre Madrid y Rabat. No es la primera vez que ocurre algo parecido. Recordemos, por ejemplo, la petición de extradición de Pinochet que formuló el juez Baltasar Garzón en 1998 en contra de la opinión del gobierno de José María Aznar, que no tenía ninguna gana de juzgar al dictador chileno.
En todo caso, al gobierno español se le abre un nuevo frente en una ya complicada situación, en la que debe hacer equilibrios para no molestar a Marruecos y, al mismo tiempo, no parecer que es una marioneta del régimen alauí. La situación aún se puede complicar más si el Tribunal Supremo entra a investigar una denuncia de una entidad españolista llamada Zeolandia, que ha presentado una denuncia en la que acusa al gobierno español de no actuar para detener la entrada masiva a pesar de que fue avisado con antelación por el CNI y los diferentes cuerpos judiciales. Este miércoles, el gobierno de Sánchez tiene previsto hacer públicos todos los informes de inteligencia de los días anteriores al 30 de julio con el objetivo de disipar todas las dudas. Por lo que ha trascendido hasta ahora, sí que es cierto que se avisó de un aumento de las entradas a través del mar, pero no hubo una alerta concreta que avisara de lo que pasó aquel día.
Sea como sea, y como en el resto de ámbitos de la política española, la justicia ha hecho su entrada en la crisis de Ceuta, y eso no acostumbra a ser una buena noticia para el gobierno español. Los jueces ya decidieron en el caso del Procés que eran ellos los máximos defensores de la "integridad territorial" española, y hasta que no entró en juego la justicia europea nada los detuvo. Ahora habrá que ver hasta dónde llegan cuando se trata de un país que juega un papel clave en la gestión de la frontera sur de Europa y que, además, tiene a los Estados Unidos e Israel como aliados.