Una reforma del modelo de financiación autonómico muy necesaria
El panorama político hace ser poco optimista respecto a la posibilidad de que el Congreso de los Diputados pueda aprobar la reforma del modelo de financiación autonómica propuesto por el ministerio de Hacienda. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se había convocado el pasado 29 de julio para debatirla se tuvo que cancelar ante la negativa de las comunidades gobernadas por el PP o por los populares y Vox a acudir al encuentro. Ahora se ha vuelto a fijar una reunión para el próximo 4 de septiembre, pero solo el mismo gobierno español y el de la Generalitat están de acuerdo en la propuesta. Ni siquiera el ejecutivo socialista de Asturias está a favor y mucho menos el de Castilla-La Mancha del crítico Emiliano García-Page. En todo caso, esto no impediría que pueda salir adelante por parte del consejo de ministros. Otra cosa es conseguir suficientes apoyos para que pase el examen en la cámara baja. Y más teniendo en cuenta la polarización existente, con política de trincheras y el escenario preelectoral casi perpetuo en el que vivimos.
Que el modelo existente, que no se ha actualizado desde hace más de una década, hay que cambiarlo lo avala casi todo el mundo. El problema es que la propuesta se ha acordado previamente con Cataluña –de hecho, es lo que ha pasado las veces anteriores, en que la iniciativa surgía de aquí–, pero esta vez se hace bandera, en contra. Además de su complicación, los hechos demuestran que el modelo actual no aporta suficientes recursos para que la Generalitat pueda desarrollar plenamente su actividad. Un ejemplo es la perpetuación de lo que se llama gasto desplazado, que es aquel que se tiene que trasladar al ejercicio siguiente porque los presupuestos se quedan cortos, y que ha empeorado.
El año pasado esta cantidad, 5.295 millones de euros, marcó de nuevo un récord. La cifra supone que más del 10% del gasto no financiero total del ejercicio corresponde a deudas del año anterior. Es una verdadera hipoteca que afecta a los recursos que se pueden destinar a las políticas sociales y la inversión pública. Una parte de los fondos tienen que ir a tapar agujeros anteriores que se deberían haber liquidado antes. Se podría decir que esto se debe a una mala o errónea gestión y es posible que una parte pueda ser por ello, o que se deba al recurso excesivo a las prórrogas ante la incapacidad de aprobar los presupuestos (el 2024 y el 2025 y la mitad del 2026 ha pasado); pero el hecho es que es una práctica que se repite año tras año y que crece de manera importante, como una bola de nieve.
La cuestión es que esta patada hacia adelante con una pelota cada vez más grande se ha cronificado, como dice la Intervención General. Y esto significa que ha devenido un problema estructural para las cuentas de la Generalitat, que afecta sobre todo al ámbito de Salud, con una disparidad entre lo que se presupuesta y lo que realmente se gasta que puede suponer entre el 15% y el 20% de la cifra total. Es evidente que hay que mejorar la financiación autonómica, incluyendo protagonismo en la recaudación de los impuestos por parte de la Generalitat, lo cual aumentaría su capacidad y responsabilidad de gestión y autonomía financiera. Y probablemente permitiría hacer presupuestos para cubrir las necesidades del ejercicio sin que una parte del dinero tenga que pagar deudas pendientes de años anteriores.