La ridícula inversión estatal en Cataluña no mejora
Cataluña concentra el 17% de la población del Estado y aporta el 19% del PIB español. Tendría sentido que se valoraran estos indicadores a la hora de hacer las inversiones estatales que faciliten el bienestar de la población, por justicia, y el crecimiento de su economía, para el beneficio de todo el conjunto. En cambio, año tras año y ya llevamos muchos, demasiados, lo que se demuestra es un déficit crónico de inversiones que en ningún caso se corresponde con el peso demográfico y económico del país. Según los informes que Hacienda ha enviado a los partidos políticos y al Congreso, el gobierno central gastó en Cataluña solo el 8,6% de toda la inversión que ejecutó durante el año 2025 en las comunidades autónomas. Un 8,6%. Menos de la mitad de lo que correspondería.
Las comparaciones son odiosas, pero es inevitable indignarse con la diferencia con Madrid, que recibe más del 20% de los recursos gastados por el Estado; si se mira en relación con el gasto por habitante, cada madrileño recibió 452,31 euros, mientras que cada catalán se tuvo que conformar con 162,62 euros. Y esto teniendo en cuenta que en la Moncloa hay un gobierno socialista que está vivo gracias al apoyo de las fuerzas catalanas y que en Cataluña también hay un gobierno socialista que es, hoy por hoy, casi el último baluarte de Sánchez en el Estado. Si aun así hay esta absoluta falta de sensibilidad hacia las necesidades de los ciudadanos catalanes, imaginemos qué pasa cuando quien manda en Madrid son fuerzas declaradamente anticatalanas.
Bueno, no hay que imaginar mucho, porque esto ya ha pasado. De hecho, históricamente esta infrainversión ha sido una constante que, por ejemplo, en 2020 denunció un informe de la Cambra de Barcelona que analizó lo que había pasado los primeros 20 años del siglo: el resultado era que se había invertido un 25% de lo que se había prometido. Y aquí está la trampa. De promesas hay muchas. Se firman convenios, se prometen partidas, se dice que ahora sí, y a la hora de la verdad la ejecución presupuestaria es muy inferior a lo que se había prometido. Con el agravante de que este dinero que se deja de invertir no se guarda para el siguiente ejercicio, sino que vuelve al bote común y, por tanto, se acaba perdiendo. Ahora mismo, por falta de presupuestos generales, esta comparativa es difícil de hacer, pero las cifras globales de inversiones, si se tiene en cuenta el rosario de promesas que hemos ido viendo durante el año, muestran que continuamos con la misma dinámica de incumplimientos.
Las cifras que ahora se han hecho públicas eran de esperar y, de hecho, se intentó aprobar un consorcio de inversiones participado tanto por el Estado como por el gobierno catalán que fiscalizase estas inversiones. No salió adelante por el voto en contra en el Congreso del PP, Vox y Junts. Y ahora, como sucedáneo, en los presupuestos de la Generalitat hay un acuerdo entre el PSC y ERC para poner en marcha una sociedad mercantil que en cierta manera asuma las mismas funciones. Sean bienvenidos los controles, pero por muchas comisiones, reuniones y buenas palabras que haya, lo que ven todos los ciudadanos año tras año es el menosprecio inversor del gobierno español de manera continuada. Es una situación insostenible que pone en cuestión el mismo gobierno de Illa, que tendrá que demostrar cuál es su influencia real en la Moncloa para conseguir en el futuro un trato más justo, y sobre todo incide en la desconfianza que ya hace años que provoca en Cataluña lo que dice sobre este tema el gobierno español.
