Contra el ánimo de lucro de las entidades vinculadas a la discapacidad
Recogen firmas para blindar un modelo alejado del puro negocio empresarial
GeronaYa ha comenzado la recogida de firmas de una de las primeras iniciativas legislativas populares (ILP) en el ámbito de los servicios sociales en Cataluña: una propuesta que busca blindar la atención a las personas con discapacidad mediante un modelo sin ánimo de lucro.
La iniciativa, impulsada por un grupo de familias y personas vinculadas al mundo de la discapacidad, nace de la preocupación de un grupo de madres y padres de Girona, pero aglutina a todo el colectivo catalán. La acción reivindica que la concertación social exclusiva de los servicios destinados a este colectivo sea gestionada por entidades de iniciativa social. El objetivo es garantizar soportes personalizados, integrales y continuos, alejados de intereses económicos y orientados a las necesidades reales de las personas.
El Parlamento de Cataluña admitió a trámite la propuesta el 9 de octubre, y el 20 del mismo mes se llevó a cabo el acto oficial de habilitación de fedatarios y fedatarias. A partir de esa semana, el reto para el colectivo impulsor es recoger 50.000 firmas en un plazo de 120 días, requisito imprescindible para abrir el debate parlamentario.
Proteger un modelo
Desde la Comisión Promotora, las familias impulsoras aseguran que se trata de un llamamiento a la justicia social y subrayan que la ILP "no nace de ningún interés, sino de la voluntad colectiva de proteger un modelo de servicios sociales que ponga a las personas en el centro y no el beneficio económico". También añaden que la profunda motivación para transformar el sistema es el motor que les hace confiar en el éxito de la recogida de firmas.
Los responsables de la iniciativa explican que valoran muy positivamente el proyecto de ley de los instrumentos de provisión del público de servicios sociales, impulsado desde el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, pero quieren que, en el marco de este proyecto de ley, se establezcan garantías para asegurar "la mejor atención a las personas con discapacidad que necesitan apoyos personalizados". Las familias creen que esta atención "sólo puede garantizarse a través de una acción concertada exclusiva con las entidades de iniciativa social que han sido creadas y desarrolladas por las propias familias".
Nacido en el seno de las familias
El movimiento que hoy configura el tercer sector de la discapacidad en Cataluña tiene un origen profundamente comunitario: fueron las familias, ante la carencia de recursos públicos, las que impulsaron las primeras asociaciones para garantizar una atención digna a las personas con discapacidad. Desde mediados del siglo XX, madres y padres se organizaron para suplir un vacío institucional que dejaba sin servicios educativos, ocupacionales o residenciales a un colectivo a menudo invisibilizado.
Estas iniciativas, inicialmente informales ya menudo instaladas en locales cedidos o espacios comunitarios, evolucionaron hacia entidades sólidas que hoy son referentes del modelo social catalán. Fruto de este proceso, muchas de las organizaciones actuales -fundaciones, cooperativas y asociaciones- "mantienen una identidad marcada por la vocación de servicio, la proximidad y la voluntad de situar a la persona en el centro, alejadas de cualquier lógica de beneficio económico", explica Albert Falgueras, que forma parte del colectivo de familiares de personas con discapacidad que impulsa la iniciativa legislativa.
El legado de este origen familiar sigue estando presente en las reivindicaciones actuales del sector. Las personas vinculadas a estas entidades defienden un modelo de atención basado en la continuidad, la personalización de los apoyos y el compromiso comunitario, alertando de que "cualquier desviación hacia modelos mercantilizados pondría en riesgo décadas de esfuerzo colectivo", reconoce Falgueras.
En este contexto, iniciativas como la ILP impulsada desde Girona recuperan el espíritu fundacional del movimiento asociativo: garantizar que la atención a las personas con discapacidad siga siendo gestionada por entidades de iniciativa social, arraigadas en el territorio y con una vocación pública clara, y evitar la entrada de grandes empresas de servicios que sólo buscan el beneficio empresarial y no buscan el beneficio empresarial.
