Los menores expulsados del sistema por la Fiscalía y la Generalitat ganan en los juzgados

GeronaBakary y Lassana eran menores de edad y la Generalitat provocó que acabaran en la calle asegurando que eran adultos. Ahora la justicia da la razón a los dos chicos gambianos. Las pruebas de edad que les hizo la Fiscalía para determinar que eran adultos, y que sirvieron para que la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) les expulsara de los centros de menores, no tenían validez. El de Lassana y Bakary son sólo dos casos. Pero hay muchos más repartidos por todo el territorio. En Girona ciudad ya hay otras dos resoluciones judiciales, y en la Garrotxa, por ejemplo, ya ha habido una decena en los últimos meses.

"Estoy muy contento, ¡son buenas noticias! ¡Ahora podré estudiar y jugar al fútbol! Gracias a todo el mundo que me ha ayudado", explicaba radiante el lunes el Lassana tras saber la noticia, agradecido también por el artículo de denuncia de este diario. La solidaridad y generosidad del movimiento social de Girona evitó que acabara durmiendo al raso. "Y una persona que duerme en la calle, empezamos a perderlo", asegura una educadora que pide no salir identificada por miedo a sufrir represalias. Hay mucho miedo dentro del sector.

El 10 de diciembre de 2024, Lassana fue expulsado del centro la Perdiu de Figueres. Dos coches patrulla de los Mossos d'Esquadra fueron a buscarle para echarle del centro, como si fuera un joven detenido por algún delito. Tenía 16 años. Su pasaporte decía que tenía 16 años. Pero la Fiscalía no lo creyó y dijo que era adulto. Por suerte, el joven encontró refugio en una familia de un amigo de infancia y durante casi un año vivió con otras seis personas en un pequeño piso, contribuyendo a la economía familiar con la comida que Cruz Roja le daba. El martes, sin embargo, desahuciaron a la familia con la que vivía y se quedó sin nada.

La entidad Girona Acull y Lluís Casas, un trabajador del campo social que conoció a los dos chicos cuando trabajaba en La Perdiu, le ayudaron para que no se quedara en la calle. Solicitaron a la DGPPIA –Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, la nueva DGAIA– que readmitiera al Lassana en un centro de menores. A diferencia del Bakary, que cumplió los 18 años este verano, él es aún menor y tenía derecho a él. Y acabó de nuevo en La Perdiu, en Figueres. En el mismo lugar del que le habían expulsado casi un año antes. Para Lluís es importante que pueda quedarse en el territorio, ya que en Girona "tiene amigos" y ha podido tejer "red". La Unió Esportiva Fornells, por ejemplo, le había fichado para uno de sus equipos juveniles y le había puesto todas las facilidades para que pueda hacer lo que más le gusta, jugar a fútbol. Ahora tendrá que verse si puede desplazarse para entrenar o tendrá que buscar un nuevo equipo en el Alt Empordà.

Hasta el final

Para el entorno de los chicos, la victoria judicial tiene un punto de "estéril". Sobre todo para el Bakary, que ya no podrá volver al centro, y que ha podido capear la vulnerabilidad gracias a un piso del Ayuntamiento de Girona y la implicación solidaria de colectivos y personas a título individual. "Ahora estoy haciendo atletismo, cada día me entreno y por la mañana voy a la escuela. Me gusta el atletismo, ¡quiero ser campeón del mundo!", explica con entusiasmo el chico. "Este tiempo, todo lo que han perdido, el hecho de que les expulsaran sin alternativa habitacional, ¿quién se lo devuelve?", se pregunta Núria Rodríguez, de Girona Acull. "Han perdido prácticamente un año, es una victoria triste", sentencia Lluís, que tiene claro que hay que ir "hasta el final" y reclamar compensaciones para los jóvenes a los que el sistema expulsa saltándose la ley.

Porque las resoluciones judiciales a las que ha tenido acceso el ARA lo dicen claro: las pruebas médicas realizadas por la Fiscalía no están justificadas. De hecho, según la magistrada de uno de estos escritos, "se ha aportado al procedimiento un documento de identidad legalmente expedido, cuya validez no ha sido cuestionada ni ha sido invalidada por ningún organismo competente". En la documentación de los jóvenes no hay "indicios de manipulación" y, por tanto, es "auténtica". La Fiscalía se agarra a que muchos de estos chicos aportan un pasaporte sin identificación biométrica. Les realizan las pruebas y determinan que son mayores de edad. "¿Qué legitimidad tiene España para dudar de un pasaporte gambiano? Es una mirada eurocentrista, colonial y paternalista", lamenta un trabajador del sector. Lo mismo señalan los tribunales: "Gambia expide dos tipos de pasaporte y ambos están en vigor y son válidos [...] La identificación biométrica es opcional".

Esta es sólo la primera vulneración que sufren los menores, asegura Elisenda Xifre, presidenta de la Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia). La segunda es si la prueba de edad "garantiza suficientemente los derechos o puede tener un sesgo". Y hay una tercera. Son procesos largos, que pueden llegar a durar un par de años, con chicos que tienen problemas con el idioma y no conocen sus derechos, y no tienen garantizada una "asistencia letrada", un derecho fundamental de la infancia. Si estos jóvenes tuvieran un abogado que les acompañara durante este proceso podrían "pedir medidas cautelares" y evitar así –hasta que se resolviera su caso– verse abocados a la expulsión del sistema y, en algunos casos, al sinhogarismo.

El papel de la DGPPIA

Estas vulneraciones que cita Xifre llevan a otro debate. El papel de la DGAIA frente al posicionamiento del ministerio fiscal. "La Fiscalía hace un decreto orientativo; judicialmente no tiene ningún valor y la DGPPIA no debería hacer caso. Ante la duda, tú debes proteger a los menores", denuncian desde el sector. "Si ostentas la tutela de los menores, tienes la obligación de protegerles; puedes decir que no los expulsas", añade la presidenta de Fedaia: "No tenemos la aceptación clara de la DGPPIA de que esto es una vulneración. Esto sería un primer paso". De hecho, uno de los cuatro chicos de Girona ha terminado en un centro de Lleida y ahora quieren volver a hacer una prueba de edad.

Algunos trabajadores del sector lamentan que desde la Generalitat se actúa con mayor o menor vehemencia en esta problemática en función de cómo está tensionado el sistema. Si llegan más jóvenes desde África y no hay plazas vacías en los centros de acogida, la administración se pone junto a la Fiscalía para acelerar estos procesos de expulsión. Por el contrario, en épocas menos tensionadas, se levanta el pie del acelerador. También critican la actitud de la DGPPIA en los juicios. "En algún caso, aunque el menor tenía también el pasaporte biométrico, se seguían oponiendo", lamenta Rodríguez, de Girona Acull.

Otra crítica está en el mismo sector. "Hay una responsabilidad de los centros, no puedes dejar a los menores en situación de vulnerabilidad. Deberías decir «no los echo hasta que tenga una solución»", lamentan. "Las entidades seguramente podemos hacer algo más –admite Xifre–. Nos movemos en esta ambivalencia: tener que estar acompañando a estas personas y al mismo tiempo estar sujetas a alguien que te está encargando y pagando este servicio. Tienes una doble fidelidad". La presidenta de la Fedaia evita hablar de "chantaje", pero admite que la presión de la administración puede ser alta "en momentos de mucha presión".

Una realidad en todo el territorio

Durante el 2024 la Fiscalía realizó 356 pruebas de edad en Catalunya que determinaron que los chicos, considerados hasta entonces como menores, eran adultos pese a tener un pasaporte que decía lo contrario –y en más de una ocasión también aportando una partida de nacimiento–. En la Garrotxa, por ejemplo, el Consorcio de Acción Social, que trabaja para evitar que nadie duerma en la calle, ha atendido a 36 casos en casi dos años. La mayoría gambianos, y algún senegalés. Han recorrido 32 de las 36 expulsiones y tienen ya una decena de sentencias favorables por vulneración de derechos. "Todas las hemos ganado menos una porque el joven ya tenía a NIE", explica una fuente conocedora de la realidad en la comarca.

Este 2025, el Servicio de Primera Acogida del Consejo Comarcal del Alt Empordà ha atendido a 22 jóvenes expulsados ​​del sistema después de realizarles pruebas de edad –no todos venían de centros de la comarca–. De éstos, saben que al menos siete han presentado recurso y uno ha sido readmitido.

Todo ello hace que todos los actores del sector se sientan incómodos con la situación que se da con estos chicos y el papel que juegan tanto la Fiscalía como la propia Generalitat. "No podemos llenarnos la boca con querer acoger y no hacerlo en condiciones", lamenta Xifre para resumir lo que sufren chicos como Lassana y Bakary.