La realidad "invisibilizada" de los temporeros del Empordà: 1.700 trabajadores migrantes con dificultades para encontrar un techo

San Pedro PescadorNo sólo en las tierras de Lleida vienen temporeros a trabajar unos meses para cosechar fruta. En Girona, durante la campaña de cosecha de la manzana, también llegan cientos de personas de origen extranjero a trabajar en los campos de la Indicación geográfica protegida (IGP) de Manzana de Girona, en el Baix y el Alt Empordà. Son aproximadamente unos 1.700 trabajadores y trabajadoras, provenientes de África subsahariana, América Latina o Europa del Este, que se concentran sobre todo en los meses de septiembre y octubre, cuando la actividad es más intensa, y se suman a los 1.200 que son fijos durante todo el año. La mayoría llegan por el procedimiento de contratación en origen, con el permiso emitido por la oficina de extranjería de la subdelegación del gobierno español, ya menudo repiten de un año a otro, convocados por los campesinos con los que trabajan habitualmente.

Sant Pere Pescador es uno de los municipios que vive con más intensidad la venida de temporeros. Es un pueblo costero de unos 2.000 habitantes, encarado al turismo de playa ya los deportes de vela que, durante dos meses, acoge a cerca de 500 trabajadores de los campos alto-ampurdaneses que, de un día para otro, transforman por completo el paisaje urbano. En octubre es habitual toparse con decenas de trabajadores de origen africano que viven en la calle en tiendas o pequeños campamentos cerca de los campos. La razón es el problema endémico de falta de oferta de vivienda en la zona que, sumado al racismo inmobiliario ya la poca capacidad económica de los temporeros, provoca que muchos vivan durante unas semanas a la intemperie o en infraviviendas superpobladas. Así lo reflejan las conclusiones –aún pendientes de divulgar públicamente– de un extenso estudio elaborado por la Universidad de Girona (UdG), en colaboración con entidades sociales e instituciones públicas, que pretende "visibilizar" la problemática de los temporeros gerundenses, mucho menos numerosos que los de Lleida, pero que se encuentran igualmente en situación de precariedad.

"En Sant Pere Pescador estamos dando un servicio de duchas, lavandería y catering desde 2020 en el Centro Cívico a través de Cruz Roja, que nos permite estabilizar una atención mínima a los trabajadores que vienen a la comarca a ganarse la vida", explica Agustí Badosa, alcalde del municipio. Sin embargo, los ayuntamientos y los empresarios del sector defienden que, sin apoyo de las administraciones supramunicipales, no pueden ofrecer alternativas en forma de albergue o vivienda social y piden que los departamentos de Empresa, Vivienda, Agricultura y Derechos Sociales tomen la iniciativa.

En el Baix Empordà, en cambio, la situación de sinhogarismo e infravivienda en los temporeros es menos habitual, ya que los trabajadores quedan más repartidos y, al ser repetidores de cada verano, pactan su alojamiento con más antelación.

Convertir los almacenes en vivienda estacional

Una de las propuestas de los productores de Manzana de Girona, que deben acreditar un alojamiento de sus trabajadores (sea cual sea) para tener el permiso del ministerio para contratarlos, es poder construir habitaciones en los espacios libres de sus almacenes: "Encontrar habitación en agosto en la Costa Brava es casi imposible y por eso pedimos que cada productor se haga cargo de sus tempores, Indicación Geográfica Protegida (IGP) Manzana de Girona. Sin embargo, la administración de momento es reacia a dar permisos para hacer estas reformas.

Más allá de la cuestión residencial, las condiciones laborales precarias es el otro caballo de batalla de los trabajadores del campo. El convenio colectivo Agropecuari de Catalunya marca un salario mínimo de 8,84 euros la hora y la entidad defensora de los derechos de los temporeros Fruita con Justícia Social denuncia que, en comarcas gerundenses, en muchos casos los sueldos están por debajo de esta norma. Sin embargo, los representantes de la IGP Manzana de Girona aseguran que todos los contratos están dentro de la legalidad, puesto que trabajan con clientes de grandes superficies como supermercados que les hacen pasar auditorías muy estrictas para asegurar la procedencia del producto.