"¿Dónde está el agua, Florentino Pérez?"

San Pedro Carchá (Guatemala)"¡Mira, allí pasa el río, entubado! ¡Es una mierda! ¡Allí es pura piedra, mira! Por allí pasa el agua por los túneles del Florentino", grita la líder indígena Ana Rutilia Ical mientras se le caen las lágrimas por las mejillas y observa desde detrás de las concertinas que prohíben el acceso al río Cahabón. Un río que ya no es un río. Al menos en este tramo, donde el agua pasa por unos canales de cemento que agujerean las montañas de San Pedro Carchá, un municipio de la zona central de Guatemala. Aquí el color turquesa que caracteriza al Cahabón no existe. Desde la distancia, sólo se distinguen piedras de color marrón.

Ana Rutilia pertenece a la etnia maya q'eqchi', una de las más de veinte etnias que conviven en Guatemala, y por eso lleva cada día su huipil, un traje elaborado con bordados propio de la cultura maya, y una trenza de color azabache. Para el pueblo q'eqchi', el Cahabón no es sólo un río: es una fuente de vida y un sitio ceremonial. "¿Dónde está el agua?", grita con rabia la líder q'eqchi' desde la ventana del coche en la que viaja, mientras el vehículo pasa justo delante de una de las centrales de la hidroeléctrica Renace. Le gustaría salir del coche para mirar más de cerca lo que han hecho con su río, pero no puede, por motivos de seguridad.

En 2017 Ana Rutilia abrió un proceso judicial para desmantelar Renace, un megaproyecto que afecta a las cerca de 29.000 personas que viven en las cercanías del río Cahabón. Además, es una de las mayores hidroeléctricas de Guatemala y Centroamérica. Lo ha construido multimillonario Florentino Pérez, presidente de la empresa española Actividades de Construcción y Servicios (ACS).

Amenazas de muerte

Desde entonces, la líder q'eqchi' ha recibido amenazas y ha sido víctima de campañas de deslegitimación, todo por defender el río de sus antepasados. El Cahabón recorre 195 kilómetros sobre el territorio guatemalteco. Abarca agua las comunidades maya q'eqchi' que viven aisladas en las montañas del municipio de San Pedro Carchá. Para el pueblo q'eqchi' el río también ha sido históricamente un lugar espiritual y quedarse sin ese espacio atenta contra "la salud mental y física de las personas", asegura Ana Rutilia, quien añade: "Aquí lo que está en juego es la vida", mientras observa el caudal inexistente. ¿Pero quién se ha quedado con el río Cahabón?

Los propietarios de Renace, las familias Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez-Mayorga, dos de las familias más ricas de Guatemala, tienen derecho a utilizar el agua del río Cahabón para generar energía durante 50 años. Sin embargo, si bien Renace genera el 16% de la electricidad que se necesita en el país centroamericano, los habitantes de la zona rural de San Pedro Carchá no tienen luz en casa. Para iluminar sus hogares (hechas de madera y láminas de aluminio) deben utilizar placas solares, los que se pueden pagar, o velas.

El encargado de construir los túneles que conectan las cuatro fases de Renace ha sido el presidente del Real Madrid. La hidroeléctrica funciona en "cascada", o sea, que el agua que entra en Renace I pasa por las distintas fases y vuelve a su caudal natural después de pasar por la sala de máquinas de Renace IV. El agua se transporta gracias a unos canales de cemento que recorren las montañas tanto por encima como por debajo de tierra, que fueron obra de la empresa Cobra Instalaciones Hidráulicas, del grupo ACS de Florentino Pérez, y operan a lo largo de 30 kilómetros sobre el río. Y, tal y como indica el único cartel que está escrito en la lengua propia de las comunidades mayas q'eqchi', esa zona es "a naajej ain wank aj echalre", que significa propiedad privada.

El aprovechamiento de la pobreza

Sin embargo, estas tierras no siempre han sido propiedad de la hidroeléctrica. El 83,1% de la población del departamento de Alta Verapaz (donde está San Pedro Carchá) vive en la pobreza. Es la tasa más alta de todo el país. Pero lo preocupante es que el 53,6% de la población de esta región se encuentra en pobreza extrema, más del doble de la media nacional. Los más afectados son los indígenas, que representan al 93% de toda la población de Alta Verapaz. En un contexto como éste, en el que, además, el analfabetismo es del 63% y la media de escolaridad es de 4 años, empresas como Renace pueden penetrar fácilmente en el tejido social prometiendo puestos de trabajo, aunque sean precarios, y supuestas mejoras en sus condiciones de vida. Renace no sólo ha equipado consultas médicas en la zona, sino que también ha construido espacios polivalentes, fuentes municipales de las que no mana agua o iglesias donde se celebran asambleas, precisamente, para organizar la resistencia a la hidroeléctrica.

La Procuradoría de los Derechos Humanos (PDH) es la institución estatal encargada de velar por los derechos humanos en Guatemala. El delegado departamental de esta institución en Alta Verapaz, Carlos Alberto Guillermo, asegura que los conflictos entre la población q'eqchi' y la hidroeléctrica empezaron cuando la empresa les compró parte de sus terrenos. "Hubo una manipulación engañosa, porque nunca dijeron que compraban las tierras para realizar una central hidroeléctrica", señala Guillermo. La empresa les decía que utilizarían aquellos terrenos para los que siempre se han utilizado: para cultivar maíz, café o cardamomo. Y, además, les cotizaban las tierras a precios muy superiores a su valor real. Mucha gente vio en la venta de las tierras una oportunidad para salir de la pobreza, pero sin conocer sus consecuencias. "Eso es lo que llamo aprovechamiento de la pobreza", dice Guillermo.

La realidad es que las condiciones de vida de las comunidades de San Pedro Carchá no han mejorado desde la llegada de Renace. Menos de la mitad de la población tiene acceso a agua en sus hogares y en muchas ocasiones ni siquiera existe una fuente pública de agua donde la gente pueda abastecerse. Y aunque Alta Verapaz es el departamento con más hidroeléctricas de Guatemala (hay 32), el acceso a la energía eléctrica es prácticamente nulo en las zonas rurales, donde vive el 75% de la población de esa región.

La actividad de la hidroeléctrica, además, está afectando a la biodiversidad del río Cahabón, ya que sólo dejan pasar el 10% del agua por el caudal natural. Todo ello a cambio de trabajos precarios y temporales que van rotando entre las 29 comunidades que existen en lo que la empresa llama su "zona de influencia". Trabajos como dar direcciones con una banderola en los caminos de tierra y piedra de las comunidades de San Pedro Carchá a cambio de aproximadamente 90 quezales al día (unos 10 euros). El ARA se ha intentado poner en contacto con Renace para tener su versión de los hechos, pero no ha habido respuesta. Sin embargo, la empresa asegura en su página web que genera hasta 15.000 puestos de trabajo en la zona y tiene la aceptación de todas las comunidades.

En el fondo del conflicto está el hecho de que la población q'eqchi' no fue consultada sobre si quería o no una hidroeléctrica en sus comunidades. El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) establece en su artículo 32 que los estados deben consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus territorios, particularmente si tiene que ver con la explotación de recursos naturales. Este convenio, ratificado por el estado guatemalteco en 1996, no se cumplió en el caso de Renace. En 2017 Ana Rutilia presentó un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (CSJ) pidiendo la retirada de Renace por no haber consultado al pueblo q'eqchi'. La CSJ le dio la razón en julio, pero sin embargo no detuvo la actividad de la hidroeléctrica.

Organizando la consulta

Acompañamos a Ana Rutilia hasta Pansamalá, la última de las comunidades de San Pedro Carchá, a la que se llega después de más de cuatro horas en coche por medio de las montañas. Le esperan ante la escuela unas 150 personas, venidas desde varias comunidades. Hombres con ropa de trabajo, mujeres con los bebés en brazos, ancianos, niños y niñas. Todos esperan impacientes las buenas noticias de Ana Rutilia, que ha venido a explicarles la sentencia de la CSJ, que obliga al ministerio de Energía y Minas a hacer una consulta a las comunidades que viven en las cercanías de Renace.

Pero la abogada y líder q'eqchi no está del todo satisfecha con el resultado de la acción judicial. "Nosotros pedimos que se suspendieran los proyectos hidroeléctricos porque se había vulnerado el derecho del pueblo q'eqchi'", subraya. De ahí que Ana Rutilia presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Constitucionalidad (CC), el último estamento del poder judicial guatemalteco. En este recurso piden no sólo que se realice la consulta, sino también que Renace deje de funcionar. La primera vista pública frente a la CC se celebró a finales de octubre. Ana Rutilia estuvo acompañada por representantes de las diversas comunidades que hacen resistencia contra la hidroeléctrica. "Esto no es un juego", nos recuerda la abogada.

Así como en Pansamalá, Ana Rutilia, durante este 2020, hará asambleas en las diversas comunidades de San Pedro Carchá. En su tiempo libre, visitará a las cerca de 400 comunidades del municipio para organizar un consejo de coordinación de la consulta, con representantes de las diversas comunidades, con el objetivo de evitar que el gobierno y la empresa organicen la consulta a su manera, como ha ocurrido en otras ocasiones. "Nosotros la diseñaremos y decidiremos quién se sentará en la mesa", señala la líder q'eqchi'.

En estas reuniones Ana Rutilia se toma tiempo para responder a todas las dudas de la gente. Las asambleas se realizan en lengua q'eqchi', pero en todas se distinguen algunas palabras en castellano, amparo, corte suprema, y Florentino Pérez, a quienes la gente de todas estas comunidades señalan como el culpable de la construcción de esta hidroeléctrica. "Aquí lo que está en juego es la vida, no sólo de los seres humanos, sino de todo el pueblo q'eqchi'", concluye la líder indígena.

*Este reportaje forma parte del proyecto 'El agua es vida', de AlterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas, y ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con la financiación del proyecto Frame, Voice, Report! de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.