Lula recurre al miedo ante la motosierra de Bolsonaro en busca de una remontada inédita

São PauloDaniella Marques, coordinadora económica de la campaña de Flávio Bolsonaro y bien posicionada para ser la próxima ministra de Hacienda en un hipotético gobierno de extrema derecha, lleva semanas prometiendo al mercado financiero, en caso de victoria, la implementación de una agenda de reformas ultraliberal inspirada en la del presidente argentino, Javier Milei.

La ejecutiva, que fue presidenta del banco público Caixa Económica Federal durante una etapa del gobierno de Jair Bolsonaro, defiende un ajuste fiscal de grandes dimensiones, la reducción de la maquinaria pública, que incluiría la sustitución de funcionarios por inteligencia artificial, y el fin de beneficios tributarios. Ya prepara un megaplán, que incluiría la revocación de más de un millar de normas, para reducir la burocracia y los impuestos.

Esta motosierra en versión brasileña con la que Bolsonaro hijo podría llegar al gobierno el 1 de enero de 2027 es el eje central de la campaña de miedo con la que el presidente Lula da Silva (80 años, Partido de los Trabajadores) intenta una remontada inédita en la segunda ronda, la del domingo 25. Desde la redemocratización del país en 1988, nunca el segundo clasificado en la primera vuelta ha sido capaz de remontar.

El senador Flávio Bolsonaro (45 años, Partido Liberal), que viene de imponerse el domingo pasado con el 47,03% de los votos por delante del 45,15% de Lula, es el favorito para confirmar una victoria fundamentada, no por la fuerza de su currículum, sino por el sentimiento antipetista y antilulista que impregna una buena parte de la sociedad brasileña. Este electorado conservador, alimentado desde hace más de ocho años por un eficaz ecosistema digital de fake news, se muestra impávido ante el golpismo, la incompetencia del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) y los escándalos de corrupción que salpican al clan Bolsonaro desde hace décadas.

En un año, ha habido un movimiento pendular. Y Brasil ha pasado de la condena por parte del Supremo del expresidente Bolsonaro a 27 años de reclusión por intento de golpe de estado a la victoria de su primogénito en la primera vuelta de las presidenciales. Y ha ido acompañada de un papel predominante de las candidaturas de extrema derecha en el Senado y en el Congreso y en buena parte de los gobiernos de los estados y los Parlamentos regionales.

La segunda oleada extremista en Brasil –la primera fue en 2018– ha sorprendido a todos los analistas por la contundencia y da aún más impulso a la tendencia actual en Latinoamérica, donde los ultraconservadores ya suman siete victorias (la última, parcial, de Bolsonaro hijo) presidenciales consecutivas, con el apoyo desde Washington de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, que han recuperado el control sobre lo que consideran su zona de influencia.

El callejón sin salida de Lula

Cuatro años atrás, la defensa de la democracia con un frente político amplio que abrazaba desde la extrema izquierda hasta sectores de la derecha tradicional (de donde salió el vicepresidente Geraldo Alckmin) impulsó el triunfo de Lula sobre Bolsonaro. El recuerdo, todavía muy cercano, de la nefasta gestión de la pandemia por parte del gobierno negacionista, que costó 700.000 muertos al país, tuvo un papel clave en reclutar el voto femenino en un escenario de polarización, que todavía perdura.

Ahora Lula no tiene cómo ampliar la base con nuevas alianzas electorales. Quien sí que lo ha hecho es Bolsonaro hijo, con dos de los tres candidatos extremistas que también concurrían. La estrategia del presidente es movilizar una abstención récord, que llegó a los 33,4 millones de electores el domingo pasado, aunque el voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años. Y por eso muestra una imagen más combativa para “desconstruir” a Flávio Bolsonaro, lo cual no pasó durante la campaña de la primera vuelta y no explicitó lo que representaría el retorno al poder de la extrema derecha y la implementación de la agenda neoliberal.

“Debemos ir con mucho cuidado, porque cada vez que en este país se habla de dureza fiscal, lo que está en juego es la política de inclusión social. No se trata de quitar beneficios a los ricos, sino de quitar beneficios a los pobres”, ha avisado Lula, que diagnostica que no ha sido recompensado electoralmente por los progresos realizados por los gobiernos del PT, porque la población ve que los beneficios sociales están asegurados.

La izquierda alerta de los recortes, de la congelación del salario mínimo, que afecta a los trabajadores de baja renta, y, principalmente, de la reducción del poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas, como sucedió con Bolsonaro, que reajustó los pagos por debajo de la inflación.

Paralelamente, Lula da Silva, garante del statu quo y de las instituciones, ha decidido desmarcarse de la crisis instalada en el Supremo, de la cual ha pagado electoralmente las consecuencias. Hasta cuatro jueces, uno de los cuales Alexandre de Moraes, que lideró el juicio y el encarcelamiento de Bolsonaro, estarían salpicados por el megacaso de corrupción del Banco Master, ya liquidado por el Banco Central y que ha dejado un agujero de 6.700 millones de euros.

“Solo hay un candidato antisistema, y somos nosotros. No hay ningún otro. Y cargamos a la espalda una cuestión muy grave: la promiscuidad que se ha establecido en el Supremo brasileño a raíz de estas denuncias”, ha señalado Lula, que se ha mostrado a favor de implementar una reforma del poder judicial.