¿Omisión y negligencia? El ejército brasileño, en el punto de mira por el golpe bolsonarista
Algunas informaciones apuntan que había un alto porcentaje de parientes de militares entre los manifestantes
Sao Paulo“Los campamentos que hay ante los cuarteles militares funcionan como una incubadora de terroristas”. El ministro de Justicia, Flávio Dino, que conforma el núcleo duro del gobierno de Lula, llevaba desde que asumió el cargo a principios de mes presionando a su homólogo de Defensa, José Múcio Monteiro (un político conservador de la vieja guardia), para que obligara al ejército a desmantelar los focos de protesta situados dentro de zonas militares.
La inacción de las fuerzas armadas durante los dos últimos meses del gobierno Bolsonaro, pero principalmente los días previos al asalto a los tres poderes ya bajo la administración Lula, ha colocado a los altos cargos militares en el centro de la diana de la opinión pública. Se los acusa de omisión y negligencia porque no informaron de que el campamento en Brasilia había aumentado por tres el número de participantes. “No se han cumplido deberes constitucionales”, ha avisado Dino.
El diario O Globo señalaba este lunes que uno de los motivos para la no actuación de las fuerzas armadas con los bolsonaristes acampados se justifica por “corporativismo”: por el alto porcentaje de parientes de militares y de militares en la reserva entre los manifestantes. Asesores de Lula relatan que, durante el triple asalto del domingo, el presidente estaba enfurecido con el ministro de Defensa, con el que mantuvo contacto permanente. Entendía que las palabras de Múcio Monteiro, que había calificado como “democráticos” los campamentos y había explicado que tenía parientes ahí, habían transmitido una idea de falta de contundencia por parte del ejecutivo.
Hostiles al regreso de Lula
A pesar del preceptivo cambio en el mando de las fuerzas armadas, el intento de golpe de estado ha mostrado que el nuevo ejecutivo no solo no tiene ningún tipo de control sino que no encuentra empatía en uno de los organismos del estado más hostiles al retorno de Lula al poder. Durante los últimos cuatro años, las fuerzas armadas han sido uno de los tres grandes pilares que han apoyado al gobierno de Jair Bolsonaro (que era capitán en la reserva) junto a los grandes terratenientes y las Iglesias evangélicas ultraconservadoras.
Los once ministros militares que llegó a tener el ejecutivo de extrema derecha eran la punta del iceberg, porque se calcula que 6.200 más, en activo o la reserva, fueron colocados estratégicamente para ocupar cargos civiles en la administración federal y se mantuvieron fieles al presidente hasta el último día.
Esta presencia nutrida fue instrumentalizada por Bolsonaro para escenificar, a lo largo de la legislatura, que contaba con el apoyo implícito de las fuerzas armadas que avalaban todas las decisiones tomadas, por muy polémicas que fueran. En esta línea, es muy significativo que un general se hiciera cargo del ministerio de Sanidad en el peor momento de la pandemia, cuando Bolsonaro predicaba el fin del aislamiento social, defendía el uso de la cloroquina (a pesar de la ineficiencia comprobada contra el covid-19), boicoteaba la vacunación y quería llegar a la inmunidad de rebaño, hecho que provocó 695.000 muertes a finales de su mandato.
El proceso de desbolsonarización puesto en marcha a toda velocidad por el gobierno de Lula da Silva es, también, un proceso de desmilitarización de la maquinaria pública, que estaba requiriendo, al menos hasta los disturbios del domingo, mucha mano izquierda.
