Japón declara la guerra a los extranjeros

TokioEn las últimas semanas, el gobierno japonés ha acelerado un giro restrictivo en las políticas migratorias que afecta de forma directa a los extranjeros que viven en el país. Con incrementos drásticos de tasas, nuevos obstáculos administrativos y un control reforzado de la vigilancia sobre los residentes no japoneses, el ejecutivo de Sanae Takaichi presenta el paquete como mecanismo para garantizar "equidad y cumplimiento de la ley", pero las medidas han despertado inquietud entre comunidades extranjeras y expertos en derechos civiles.

El cambio más sonado es el incremento del capital mínimo para obtener el visado Business Manager, que pasa de 5 a 30 millones de yenes (166.110 euros), una barrera casi infranqueable para pequeños emprendedores globales. Las nuevas disposiciones incluyen también subidas drásticas de tarifas que rozan el absurdo –de 6.000 a 40.000 yenes (221 euros) para renovar un permiso de trabajo y hasta 300.000 (1.661 euros) para obtener la residencia permanente– y el uso del sistema My Number para rastrear impagos de pensiones, impuestos y seguros. En paralelo, el gobierno prepara restricciones para la compra de terrenos, el encarecimiento de las tasas aeroportuarias exclusivamente para extranjeros y prepara un seguro médico obligatorio para los visitantes, en un contexto en el que Tokio también reduce y elimina impuestos a la población japonesa.

Este giro restrictivo no se entiende sólo como una respuesta administrativa, sino como un movimiento político calculado alimentado por la presión de la extrema derecha en el país. La primera ministra, Sanae Takaichi, ha ordenado a los ministerios que limpien el sistema y refuercen los controles para garantizar que sólo los extranjeros que cumplan estrictamente la ley permanezcan en Japón. Entre las medidas más polémicas se encuentra la voluntad de bloquear el acceso a prestaciones, como las ayudas para cuidados infantiles, que algunos extranjeros sin estatus legal recibían hasta ahora. Organizaciones humanitarias denuncian que se trata de un discurso que criminaliza colectivamente a los no japoneses y legitima un clima donde la sospecha toma el lugar de la convivencia.

Mientras tanto, el gobierno insiste en que estas medidas no son xenófobas, sino meramente "correcciones del sistema" ante supuestos abusos amplificados por los sectores más conservadores. Pero el contraste es evidente: mientras se endurecen las tasas, las condiciones para vivir, trabajar e incluso invertir en el país para los extranjeros, Tokio acelera rebajas fiscales mayoritariamente para los nacionales. El resultado es una creciente sensación de que Japón se aleja del modelo de apertura que a menudo predica y se repliega en una idea restrictiva de comunidad, que puede fracturar aún más la relación entre la sociedad japonesa y una población extranjera muy minoritaria esencial para sostener el futuro económico y demográfico del país.

Un disparo al pie

Las nuevas medidas llegan en un momento crítico, con un envejecimiento acelerado, mínimos históricos de natalidad y una fuerza laboral en retroceso. En este contexto, muchos expertos coinciden en que Japón necesita atraer más talento extranjero, no disuadirle. El endurecimiento actual podría tener el efecto contrario al que el gobierno afirma perseguir y convertir a Japón en un destino menos competitivo, en un momento en el que Corea del Sur, Singapur o Australia flexibilizan sus políticas para captar profesionales.

Este escenario también refleja una tendencia política más amplia, donde el discurso sobre "el abuso del sistema" por parte de extranjeros ha ido ganando peso en determinados sectores de la derecha. El gobierno Takaichi ha sabido capitalizar esta narrativa, reforzando la idea de que el país debe protegerse de un uso indebido de sus servicios públicos. Sin embargo, los datos disponibles indican que los casos de impagos o fraudes son muy minoritarios.

El resultado es un clima en el que muchos extranjeros –incluso los descendientes de japoneses y que llevan décadas viviendo en Japón, pagan impuestos y contribuyen plenamente a la sociedad– temen que cualquier error administrativo o desacuerdo fiscal los pueda situar en el límite de la expulsión. A medida que las políticas se vuelven más estrictas y el discurso gubernamental más hostil, crece el riesgo de que el país consolide a una ciudadanía de primera y una de segunda categoría. Y eso, alertan a sociólogos y economistas, podría erosionar la reputación internacional de un Japón que aspira a mantenerse como un actor global abierto y fiable.