Enfrentamientos en la fábrica de iPhone más grande de China: los trabajadores, obligados a vivir dentro por la política anticovid

PekínTrabajadores derrocando vallas y enfrentándose a centenares de policías enfundados en los trajes blancos de protección contra el covid-19 en la fábrica de Foxconn es la imagen más precisa de los problemas a los que se enfrenta Pekín para reconducir su estricta política de covid cero. Las protestas violentas muestran el agotamiento de la población y especialmente de los trabajadores inmigrantes. Hartos de restricciones que les dificultan la vida, son capaces de arriesgarse y enfrentarse a la represión policial.

De la parte humana se pasa a la económica: los disturbios se repiten en la Ciudad iPhone, que es como se conoce la fábrica de la compañía Foxconn, de donde sale el 70% de la producción mundial de smartphones de Apple. La producción se retrasa y esta Navidad quizás no lleguen de Oriente todos los iPhones que se desean. Las instalaciones de Foxconn, en la ciudad de Zhengzhou, dan trabajo a más de doscientos mil trabajadores. Los brotes de covid han llevado a la empresa, igual que a otras muchas, a implementar un modelo de trabajo de circuito cerrado. Es decir, que han cerrado la fábrica con los trabajadores viviendo y trabajando adentro.

A finales de octubre el confinamiento ya provocó la fuga de miles de empleados que temían contagiarse si se quedaban en la planta. Habían circulado rumores de que el recinto se convertía en una prueba piloto para ver qué pasaba si se dejaba correr el virus y la gente se infectaba.

Foxconn tuvo que prometer mejoras salariales e incluso enviar representantes a los pueblos para contratar personal. Para mantener la producción el gobierno chino también ha ofrecido movilizar a jubilados del ejército y a los funcionarios públicos. Una medida que muestra la preocupación de Pekín por las repercusiones económicas de la crisis. Apple ya está buscando alternativas en Vietnam o la India para diversificar su producción y no ser tan dependiente de China.

Esta semana el detonante de las nuevas protestas ha sido el retraso a la hora de cobrar los salarios prometidos, junto con la mala calidad de la comida y la atención sanitaria. Los empleados se han quejado de que se ha mezclado el personal recién llegado con el que ya estaba trabajando y podía estar contagiado. La empresa ha cedido para evitar que los disturbios no afecten a la producción. Este jueves Foxconn ha pedido disculpas y ha asegurado que había sido un “error técnico” lo que había provocado problemas en el pago de los salarios. La compañía ha ofrecido una compensación de 1.340 euros y transporte para todos los que quieran abandonar el trabajo, incluidos los obreros que fueron golpeados por la policía.

Los vídeos de las protestas solo se han visto en las redes sociales y han sido rápidamente censurados. Se veían centenares de trabajadores manifestándose. Ante ellos, un ejército de dabai (gran blanco), que es como se conoce popularmente al personal enfundado en trajes de protección (EPIs), esta vez armados con material antidisturbios.

Es habitual ver a la policía protegida, como si realmente estuvieran ante una amenaza de guerra biológica, simplemente para controlar protestas de ciudadanos que se quejan de las condiciones del confinamiento o para hacer frente a disturbios en aeropuertos cuando se cierra una ciudad y se impide coger los vuelos para escaparse del confinamiento. Es una imagen distópica que solo es posible ver en China. Mientras las autoridades mantengan medidas de protección tan extremas, es difícil que la población tenga confianza en las propuestas para relajar la política de covid cero.

Récord de contagios

Ahora el gobierno chino intenta hacer equilibrios entre la relajación de algunas medidas anticovid y la contención de los nuevos brotes, de momento sin éxito. Este jueves la Comisión Nacional de Salud informó de 31.444 infecciones locales, incluidos 27.517 casos asintomáticos. Es la cifra más alta de contagios desde el confinamiento de Shanghái en abril.

Solo hace dos semanas se anunciaban 20 medidas para relajar la política de covid cero, entre las cuales se incluían la reducción de la duración de las cuarentenas, dejar de aislar a los contactos secundarios de un infectado o eliminar las pruebas masivas a la población. La decisión del gobierno alentaba la esperanza de que se andaba hacia una nueva política más tolerante con el virus. Pero la realidad es que las administraciones locales intentan contener los rebrotes con las viejas recetas.

Por ejemplo, en Pekín no se ha decretado un confinamiento de la ciudad. Pero día a día y sin dar mucha información aumentan el número de barrios y comunidades de vecinos que quedan confinados. No se prohíbe trabajar, pero se recomienda el teletrabajo. Las escuelas dan clases virtuales y lugares públicos como parques o museos han cerrado. Prácticamente, solo quedan abiertas las tiendas de alimentación, las farmacias y los bancos. Las pruebas PCR se tienen que hacer cada 48 horas. Y sobre todo se recomienda a la población no salir de casa si no es necesario. Todo esto acompañado de eufemismos para no hablar de confinamientos como por ejemplo “control de movimientos” o “aislamiento en observación”. Se calcula que actualmente un tercio de la población china está bajo restricciones y dos quintas partes de la producción sufren cierres parciales o totales.

Las ganas de relajación que tiene una parte de la población se contraponen con el miedo de la otra parte que teme el contagio. En China no se ha explicado que la variante ómicron provoca efectos leves y que la enfermedad es como una gripe. La población cree que el virus es letal, una información que alientan los rumores en las redes sociales. El gobierno necesita cambiar el relato oficial sobre la pandemia basado en la necesidad de hacer confinamientos para evitar muertos.