El cordón sanitario, una estrategia que no siempre funciona

BarcelonaEl auge de la extrema derecha en las instituciones del Estado es un fenómeno muy reciente. Hasta 2018 ni siquiera tenía presencia. Vox debutó en Andalucía, donde su discurso xenófobo y de soluciones aparentemente sencillas a problemas complejos sedujo a casi 400.000 andaluces. Y con el PP y Cs sedientos por desbancar el PSOE del gobierno después de cuarenta años, ni siquiera se planteó el cordón sanitario. Desde entonces la triple derecha funciona también en los gobiernos autonómicos de Madrid y Murcia, siempre con Vox fuera del ejecutivo pero como socio indispensable. Ya son 11 los Parlamentos autonómicos con presencia de la extrema derecha y Catalunya abandonó el 14-F el grupo de los que todavía aguantan sin, como Galicia, Navarra, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Rioja. Vox es cuarta fuerza y podría aspirar a tener un lugar en la mesa del Parlament, pero el cordón sanitario que plantean todos los partidos –menos, de nuevo, PP y Cs– lo hace prácticamente imposible. Los partidos catalanes afrontan ahora un dilema que hace años que ha marcado a la política en muchos estados de Europa, que se debaten entre compartir el poder con la extrema derecha y el cordón sanitario para aislarla.

La idea del cordón sanitario nació en los años 80 en Francia ante el auge del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. La derecha de Jacques Chirac afrontaba el dilema de si pactar o no con su flanco derecho. “El partido conservador se planteó si era mejor intentar contener la extrema derecha aliándose con ella para mantenerla bajo control o bien dejar claro que había una oposición ideológica moral que impedía ninguna alianza”, explica Jean-Yves Camus, director del Observatori de Radicalitats Polítiques de la Fundació Jean Jaurès de París. “Consideraron que si se aliaban con el Frente Nacional les acabaría devorando. Al fin y al cabo Le Pen siempre decía que los electores preferían el original a la copia”. De hecho, en Francia el cordón sanitario significa no solo no hacer acuerdos de gobierno con los ultras, sino un frente republicano de todos contra uno en la segunda vuelta de las presidenciales que implicó, por ejemplo, que el partido socialista pidiera ir a votar a Chirac con la pinza en la nariz para vallar el paso a Le Pen. Hoy el partido de Marine Le Pen, que ha roto con su padre y se ha rebautizado con el nombre de Rassemblement National, es más fuerte que nunca electoralmente, pero no ha llegado al poder más allá de en algunas alcaldías como la de Perpiñán.

La urgencia de plantar cara

Tal como explica al ARA el politólogo Cas Mudde, uno de los referentes en el análisis de los populismos en Europa, “los efectos del cordón sanitario no son tan evidentes. Lo que vemos es que básicamente ayuda si se hace en los estadios iniciales del auge de un partido de ultraderecha, antes de que tenga un apoyo significativo en la sociedad. Y también que es mucho más fácil hacerlo contra partidos de la extrema derecha, como Amanecer Dorado, que contra partidos de la derecha radical como Vox, que tienen unos valores más ampliamente compartidos tanto entre las élites como entre las masas”.

El ejemplo de Grecia es el más paradigmático en este sentido: los neonazis de Amanecer Dorado obtuvieron más de 400.000 votos y se convirtieron en tercera fuerza en el Parlamento en 2015 en plena crisis por los planes de austeridad y con la polarización que trajo Syriza en el gobierno. Cuatro años después y con una movilización en la calle permanente, se quedaron fuera de las instituciones por no superar el 3% y acabaron condenados por organización criminal por sus asesinatos y agresiones.

También ha funcionado el cordón en Alemania, a pesar de que con tensiones. El pacto en el gobierno regional del estado oriental de Turingia entre los conservadores de la CDU y la rama local de Alternativa por Alemania (AfD) duró solo unas horas y tuvo como víctima nada más y nada menos que la mujer que tenía que ser la sucesora de Angela Merkel.

Italia y Austria, sin barreras

Sin embargo, Francia, Grecia y Alemania son al fin y al cabo excepciones en el mapa político europeo. En Italia nunca ha habido vetos a la ultraderecha: la Liga de Matteo Salvini gobernó con el Movimiento 5 Estrellas y ahora estará también presente en el ejecutivo de salvación de Mario Draghi. Y si los Fratteli de Italia, una formación postfascista, han quedado fuera, ha sido por voluntad propia.

La ultraderecha austríaca tampoco se ha topado nunca con barreras. Como tercera fuerza política desde hace décadas, tanto socialdemócratas como conservadores le han alargado la mano para gobernar. La coalición entre los conservadores y el Partido de la Libertad saltó por los aires en 2019. Los primeros cambiaron de socio para pactar con los Verdes pero manteniendo la agenda antiinmigración.

En los países nórdicos la ultraderecha también está fuertemente implantada desde hace años. Los Auténticos Fineses quedaron a solo un punto de los socialdemócratas en 2019, y cuando la ultraderecha presentó una moción de censura solo seis meses más tarde, el primer ministro, Antti Rinne, dio un paso atrás para evitar que se repitieran los comicios. En Estonia, en cambio, a pesar de que había una campaña para excluir a los ultras de EKRE, finalmente los conservadores les acogieron en un gobierno de coalición.

Para Mudde, en el caso español “parece demasiado tarde para el cordón sanitario con Vox, a no ser que el PP y Cs admitan abiertamente que se equivocaron pactando y denuncien su autoritarismo e identitarismo. Si simplemente dejan a Vox en el ostracismo pero continúan adoptando su agenda, el cordón parecerá una hipocresía”.

Euan Healey, de Europe Elects, alerta que no es tan fácil domesticar la ultraderecha. Aunque los partidos tradicionales intenten comprometerlos con las reglas del juego de las instituciones, los ultras acabarán reclamando “políticas antidemocráticas o antiminorías a cambio de su apoyo”.