Derrota judicial para Trump: el Supremo mantiene el derecho a ciudadanía por nacimiento
Con seis votos a favor y tres en contra, el alto tribunal ratifica que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana de pleno derecho
WashingtonEl Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha tumbado el intento de Donald Trump de sobreponerse a los límites del poder presidencial y eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, que está recogido en la 14ª enmienda de la Constitución. Con una mayoría de seis jueces a favor y tres en contra, el alto tribunal ha resuelto que es inconstitucional la orden ejecutiva con la que el presidente estadounidense había querido revocar uno de los pilares fundamentales de un país construido a lomos de la inmigración. A diferencia de otros países, en los Estados Unidos la ciudadanía se adquiere por el hecho de haber nacido en territorio estadounidense, independientemente de la nacionalidad o el estatus legal de los padres.
Revocar este derecho no solo habría sido una estocada a un derecho que define la esencia del país, sino que también habría tergiversado la lucha contra la esclavitud que lo fundamentó. La enmienda que establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos son ciudadanas" fue ratificada en 1868 tras la Guerra de Secesión para anular una decisión previa del Supremo que excluía del derecho a la ciudadanía a las personas de ascendencia africana. Durante la pasada audiencia del mes de abril, tanto la administración Trump como los tres jueces conservadores que hoy se han decantado a favor suyo, argumentaron que el origen histórico del derecho que en un inicio se consiguió para los negros liberados, ahora no era aplicable a los hijos de inmigrantes nacidos actualmente en los Estados Unidos.
En las discrepancias de la sentencia, redactadas por Thomas y que ocupan 91 páginas, vuelve a subrayarse esta idea. El magistrado califica la decisión de un "capítulo más en la triste historia de la Decimocuarta Enmienda, la cual fue diseñada y entendida para garantizar la igualdad de derechos de los negros liberados, pero que, en cambio, ha sido reutilizada para proyectos políticos que el Congreso de la Reconstrucción no apoyaba". Según la lógica de los tres jueces conservadores y la administración Trump, a diferencia de otros derechos que de base son universales y acumulativos, este resultaría ser excluyente y exclusivo.
Por el contrario, el presidente del Supremo, John Roberts, que se ha encargado de redactar la opinión de la mayoría ha recordado cómo "la ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos —a participar libremente en nuestra comunidad política". "Los artífices de la Decimocuarta Enmienda extendieron esta promesa a 'todas las personas nacidas libres en esta tierra'. Hoy mantenemos esta promesa", ha subrayado.
Tal como señala en el texto el jefe del alto tribunal, revocar el derecho a la ciudadanía habría implicado que muchos bebés de familias vulnerables - incluidas aquellas con residencia legal en el país- habrían quedado excluidas de muchas prestaciones relacionadas con el acceso a la salud y la alimentación. Por no mencionar el riesgo real de que muchos bebés acabaran en limbo legal o directamente como apátridas, hecho que los expondría automáticamente ante el riesgo de ser deportados.
El 20 de enero de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva para revocar el derecho a la ciudadanía y así acelerar su campaña antiinmigración. La orden fue rápidamente bloqueada después de que más de veinte estados y diversos grupos de lucha a favor de los derechos de las personas migrantes presentaran recursos en contra. Desde entonces, el litigio legal fue escalando hasta llegar a la mesa del Supremo.
El presidente estadounidense había defendido la orden como una manera de poner fin a lo que se conoce como “anchor babies”, los hijos de inmigrantes sin papeles que, al nacer en los Estados Unidos, obtienen la ciudadanía. Los republicanos y otros grupos conservadores dicen que hay inmigrantes ilegales que utilizan esta vía para obtener más fácilmente los papeles, a pesar de que los padres continúan corriendo el riesgo de ser deportados en cualquier momento y solo tienen facilidades para empezar a tramitar la green card (el permiso de residencia permanente) cuando el hijo cumple 21 años.
Por muy sonora que sea la bofetada al presidente estadounidense, no resulta una gran sorpresa. Durante la presentación de los argumentos orales en abril, donde el presidente estadounidense se personó de manera insólita, buena parte de la bancada del Supremo ya se mostró escéptica ante la idea de revocar la 14ª enmienda.
A pesar de ser una decisión que ha sido celebrada por los grupos de defensa de las personas migrantes, la semana pasada el alto tribunal regaló al republicano dos grandes victorias en materia de inmigración. Por un lado, resolvió que el gobierno puede poner fin al estatus de protección temporal que gozaban actualmente cientos de miles de haitianos y sirios. Por otro, dio luz verde para que se pudiera negar el derecho de asilo en la frontera. La bancada dictaminó que la patrulla fronteriza puede impedir físicamente el paso a la frontera a los inmigrantes, aunque sean solicitantes de asilo.
