El Supremo de EE.UU. avala las deportaciones de migrantes bajo una ley de 1789
El alto tribunal levanta el bloqueo del juez federal de Washington, aunque no profundiza en la legalidad de la aplicación de la norma
WashingtonEl Tribunal Supremo de Estados Unidos permite que la administración de Donald Trump siga aplicando la ley de enemigos extranjeros de 1789 para deportar a migrantes venezolanos bajo la acusación de pertenecer a bandas criminales. El alto tribunal levanta el bloqueo cautelar que había impuesto el juez federal de Washington, aunque evita profundizar sobre la legalidad de la deportación de más de 200 venezolanos en la megacárcel de El Salvador el pasado mes de marzo. Estas personas no tuvieron derecho a un proceso judicial –tal y como afirmaba la juez del tribunal de apelaciones–, mientras que ahora el Supremo establece que los individuos a los que se aplicará la norma deben tener derecho a una "revisión judicial" para comprobar si "efectivamente son enemigos extranjeros".
La conclusión, con cinco votos a favor (los cinco jueces conservadores) y cuatro en contra (las tres juezas progresistas y una jueza conservadora), establece que cualquier persona procesada bajo la ley de enemigos extranjeros debe tener un "plazo razonable" para impugnar "efectivamente" la aplicación antes de la aplicación. "Aunque la revisión judicial bajo la AEA [ley de enemigos extranjeros, en sus siglas en inglés] es limitada, hemos establecido que una persona sujeta a detención y expulsión en virtud de esta ley tiene derecho a una revisión judicial en cuanto a las cuestiones de interpretación y constitucionalidad de la ley, así como a determinar si efectivamente es un enemigo", escribe el alto tribunal.
A pesar de insistir en el derecho a poder impugnar la deportación bajo la ley de 1789, la realidad es que a las personas migrantes no se les asigna ningún abogado de oficio y son ellas las que deben asumir los costes de un letrado. Según expone el American Immigration Council, dado que la deportación se clasifica como una sanción civil y no penal, los migrantes que se enfrentan a la expulsión no cuentan con las protecciones constitucionales que brinda la Sexta Enmienda. Esto significa que las personas que se encuentran en el circuito migratorio, si no tienen dinero para pagar un abogado o no tienen acceso a los de las ONG, deben defenderse solas ante los jueces que quieren deportarlas. Es lo mismo que ocurre con los casos de los menores migrantes no acompañados.
El Supremo se ha pronunciado sobre el bloqueo después de que el Tribunal de Apelaciones ratificara la decisión del juez federal de Washington, James Boasberg. Ante esto, el gobierno presentó una apelación de emergencia para elevar el caso hasta la máxima instancia judicial. En la sentencia, los jueces consideran que los recursos legales de este caso debían tramitarse en Texas y no en el tribunal de Washington, que es el que se pronunció el pasado mes de marzo.
En su bloqueo, Boasberg consideraba que la aplicación de la ley podía causar daños "irreversibles" porque las personas "serán deportadas, y muchos o la gran mayoría acabarán en prisiones de otros países o serán enviados de vuelta a Venezuela", donde, según el magistrado, se enfrentan "a persecución". El programa 60 Minutas ha logrado averiguar el historial de los venezolanos que fueron enviados a la megacárcel salvadoreña CECOT bajo la acusación de ser supuestos miembros de la banda Tren de Aragua. El 75%, aparentemente, no tiene historial criminal alguno.
En su voto en desacuerdo, las tres jueces progresistas (Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson), junto con la conservadora Amy Coney Barrett, consideran que "la conclusión jurídica del Tribunal es cuestionable", entre otros motivos, porque no mencionan "el grave perjuicio" del gobierno de socavar el proceso judicial a lo largo de todo ese litigio". Para las magistradas, el levantamiento del bloqueo cautelar supone "premiar los esfuerzos del gobierno por debilitar el estado de derecho".
Trump pidió abiertamente que se iniciara un proceso deimpeachment contra Boasberg por entorpecer su campaña de deportaciones masivas con el bloqueo cautelar, contra el que se pronunció el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
Sospechas sobre la deportación
Paralelamente, Boasberg está intentando determinar si el gobierno violó su bloqueo cuando deportó a los venezolanos a la megacárcel. En la última audiencia, la administración Trump se acogió al privilegio del derecho de secretos de estado por no revelar la hora en que despegó el vuelo, que es crucial para determinar si se incumplió la medida cautelar. Anteriormente, la Casa Blanca había insinuado que sí se ignoró la orden verbal del juez antes de que la diera por escrito.
La ley de enemigos extranjeros es de 1789 y, entre otras cosas, permite dejar sin proceso judicial a las personas a las que se aplica. Se trata de una norma creada para tiempo de guerra con el fin de expulsar rápidamente del país a aquellas personas migrantes que se consideraran colaboradoras de países enemigos. Cuando el presidente estadounidense la invocó, lo hizo declarando una invasión por parte de los miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. Antes de Trump, la ley sólo se había utilizado tres veces. La última fue durante la Segunda Guerra Mundial por detener y expulsar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos.